martes, 25 de noviembre de 2014

Un ex militar detenido en Moreno, un represor bahiense

Un represor bahiense

El oficial retirado Alberto Daniel Rey Pardellas, ex jefe de una compañía de servicios del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, fue detenido, imputado por delitos de lesa humanidad en esa ciudad durante la última dictadura. El ex militar de 69 años, que deberá prestar declaración indagatoria ante el juez subrogante Santiago Martínez, es el decimosexto detenido a partir de las imputaciones realizadas el año pasado por los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani.

En Bahía Blanca se realizaron dos juicios orales que implicaron condenas para 24 represores, en su mayoría retirados del Ejército. Por estos días se juzga a un grupo de marinos y prefectos por secuestros, torturas y homicidios en las bases de Puerto Belgrano y Baterías, y por los asesinatos de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Al mismo tiempo continúan las investigaciones del Ministerio Público en la etapa de instrucción, en la cual se enmarca la declaración indagatoria del director del diario, Vicente Massot, sobre la que ahora debe pronunciarse el juez federal subrogante Alvaro Colefi, y las nuevas detenciones de militares.

Rey Pardellas fue detenido la semana pasada en la localidad de La Reja, partido de Moreno. La Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó la medida en la vía pública, en la calle Martínez de Hoz al 2600. El militar está imputado por su presunta participación en 90 casos de secuestros y tormentos, en un homicidio, tres casos de lesiones gravísimas y como miembro de una asociación ilícita, según informó el portal de la Procuración General de la Nación. Durante 2014 se avanzó en la detención de once ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 181, dos del Comando del Cuerpo V del que dependía, dos del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé y un ex policía de la Unidad Regional V local. El listado de los últimos detenidos incluye a Diego Horacio Landa, Luis María Delaico, Oscar Norberto Moschini, Vicente Alfredo Flores (jefe de un “Grupo Antiguerrilla” del Batallón 181), Eduardo Carlos Videla y Raúl Esteban Andrés.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Piden la captura de un periodista de Misiones por delitos de lesa humanidad

Lo dispuso el juez federal de Paraná Leandro Ríos
 
Carlos Luis Carvallo dejó su lugar de trabajo el lunes y se desconoce su paradero. Fue imputado por un sobreviviente de la dictadura en la causa Área Paraná y aparece en el listado de informantes del Batallón 601 como "agente de reunión".

Alejandro Spivak


El juez federal de Paraná, Entre Ríos, Leandro Ríos, emitió una orden de detención y captura del periodista misionero Carlos Luis Carvallo, quien sorpresivamente dejó su lugar de trabajo el último lunes y desde entonces se desconoce su paradero o si sigue residiendo en Misiones.
El magistrado, que tiene a su cargo varias causas por delitos de lesa humanidad, investiga el grado de participación que tiene el periodista que actualmente se desempeña en FM Show de Posadas cuyo propietario es el empresario periodístico Alfredo Abrazián, cuñado del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Según confirmaron fuentes judiciales Carvallo aparece mencionado en el listado de informantes del Batallón 601 durante la última dictadura cívico militar. La causa iniciada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación pretende establecer el vínculo de Carvallo con algunos delitos que se investigan.
El juez federal de Entre Ríos, Leandro Ríos, instruye la causa de lesa humanidad Área Paraná, en la que se investigan los secuestros de 52 personas y la desaparición de otras cinco. Carvallo aparece en un listado del Batallón 601 como "Agente de Reunión" y "personal de civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983".
 En el documento del Archivo Nacional de la Memoria figura con el nombre de Carlos Luis Gómez Carvallo y se indica que dependía de Santa Fe. Además habría sido policía en Entre Ríos desde antes de 1976.
Fuentes judiciales señalaron que en el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, recibieron información de que también habría "trabajado" en la provincia, ya que llegó a Oberá en 1979.
En la nómina de personal civil del Batallón de Inteligencia, Carvallo figura en el orden 2034 de la Foja N° 38, correspondiente al Área 212, Destacamento de Inteligencia 122, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe.
RELATO DE UNA VÍCTIMA. Hace pocas semanas, en la cuarta audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos y por la causa Área Paraná, el dirigente de ATE, Manuel Ramat señaló varias veces al periodista Carlos Carvallo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y torturó.

Al respecto, el diario Uno de Entre Ríos, reprodujo que "Manuel Ramat optó por realizar un relato de los padecimientos que debieron enfrentar él y su familia".
Primero, en junio de 1976, fue asesinado su hermano Raúl en Campana. A los dos o tres días allanaron su casa en Paraná, en presencia de su familia, incluida su hija de cuatro meses. Uno de los miembros de la patota era un oficial de la Policía de Entre Ríos de apellido Carvallo, quien luego lo torturaría y que ahora –dijo– vive en Formosa o Misiones y trabaja de locutor y periodista.

El 25 de setiembre un grupo de tareas que también integraba Carvallo lo detuvo en Victoria y Facundo Zuviría. Lo llevaron a la casa de la Base Aérea y por la noche lo trasladaron a la comisaría de la zona de Corrales y lo liberaron. Cinco días después lo volvieron a privar de su libertad, lo llevaron a la Jefatura de Policía –en calle Córdoba– y desde allí lo sacaron en un Ford Falcon donde iba, nuevamente, Carvallo. Cruzaron el Túnel, ingresaron a la provincia de Santa Fe, se detuvieron en Colastiné Sur: allí lo esposaron y le colocaron una capucha en la cabeza. Lo llevaron nuevamente a Paraná, a un lugar que luego identificaría como la vieja comisaría de El Brete, donde estuvo desaparecido durante 45 días, solo, encapuchado, sometido a salvajes torturas a cualquier hora del día en un sótano de la repartición. Simularon fusilarlo, le hicieron escuchar los gritos de otro torturado, hasta que lo trasladaron en el baúl de un auto al CCD Comunicaciones.

Allí pudo recién tomar contacto con otros secuestrados. Pero a las tres semanas, nuevamente en un baúl y junto con otro detenido, volvió a la casa de la Base. Fueron tres días de torturas." «

sábado, 22 de noviembre de 2014

Un represor escondido en el anonimato: Carlos Villanova, uno de los jefes torturadores de Campo de Mayo

Hasta hace pocos días sólo era conocido por los alias que usaba durante el terrorismo de Estado. Un trabajo de investigación permitió identificarlo y arrestarlo. Está acusado de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios.

 Por Ailín Bullentini

El represor Carlos Francisco Villanova se negó a declarar ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence, quien lo había citado para indagarlo por 70 casos de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios cometidos durante la última dictadura cívico-militar en territorio de Campo de Mayo. Villanova fue señalado como el jefe de los torturadores de los militantes de Montoneros que pasaron por los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición. En esa época se hacía llamar “Gordo 1”. Según trascendió, se mostró sorprendido por su detención y se hizo el desentendido ante los hechos en los que se lo involucra. Su defensa solicitó “tiempo para analizar” la documentación que prueba su vínculo con delitos de lesa humanidad y la prisión domiciliaria. El fiscal que interviene en la instrucción, Miguel Angel Bianco García Ordas, se pronunció por rechazar el beneficio. Vence lo supeditó al informe del cuerpo médico forense.

Villanova fue una incógnita para la Justicia argentina durante casi 40 años. Los sobrevivientes de Campo de Mayo y varios otros testigos lo recordaron siempre por sus sobrenombres: “Gordo 1”, “Doctor”, “Tordo” lo nombraron en testimonios ofrecidos en numerosas investigaciones, desde la Conadep hasta las instrucciones judiciales que se apilaron tras la nulidad de las leyes de impunidad y en los juicios orales que las sucedieron. No tenía nombre hasta que, a mediados de esta semana, la unificación de los testimonios, el trabajo de la Fiscalía y el del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitieron otorgarle uno: Carlos Francisco Villanova.

Como no estaba identificado, Villanova nunca fue buscado por la Justicia argentina. No escapaba. Vivió hasta el jueves muy tranquilo en su casa de Vicente López. Hasta 2004, cuando se retiró como oficial mayor, trabajó en la Policía Federal. Luego, brindó servicios en el ámbito privado. El jueves fue detenido. Ayer, ante Vence, se mostró sorprendido por “tanta batahola”. Antes de negarse formalmente al interrogatorio, Villanova dijo ser “un vecino muy conocido de Vicente López”, tan conocido que incluso fue “candidato a concejal” hace “algunos años”, y no entender “de qué se trata toda esta acusación”, informaron fuentes judiciales. La jueza, entonces, pasó a comentarle rápidamente uno a uno los casos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, abusos de las 70 víctimas por los que, por el momento, se lo llamó a declarar. En San Martín no descartan ampliar la nómina de víctimas.

Entre 1976 y 1978, Villanova fue Claudio Federico Vargas y respondió a las órdenes de la Dirección General de Investigaciones como agente de Inteligencia. Su misión estuvo enmarcada en el Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino: a su cargo estuvo el interrogatorio de cada hombre o mujer integrante de la columna Norte de Montoneros que fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. Para los pocos que lograron salir con vida de aquel sitio, el “Tordo” fue el más brutal de los torturadores. “Era uno de los genocidas más buscados de Campo de Mayo”, señaló el abogado Pablo Llonto, querellante en la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos sucedidos en esa repartición del Ejército.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Especial para Nodal: Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México – Por Daniel Feierstein

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es heredero del Tribunal Russell. Desde su creación, el TPP ha intervenido en más de 40 casos de graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que se encuentran ausentes de la agenda de los organismos internacionales y, muchas veces, también de los medios de comunicación.

El Capítulo México es un proceso que lleva tres años y ha culminado en esta Audiencia Final, en un momento muy peculiar de la historia de México. La sentencia lo refleja con claridad: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”. La infinidad de denuncias recibidas, la gravedad de la situación de México en el período analizado por el Tribunal (1982-2014) ha sido reflejada en una larga sentencia que busca comprender las características estructurales de este proceso.

Luego de decenas de pre-audiencias y audiencias temáticas y la presentación de cientos de testimonios y miles de documentos, la sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los Estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Para ello utiliza trabajos jurídicos sobre responsabilidad extraterritorial de los Estados de origen de las empresas transnacionales realizados por académicos argentinos como Irene Massimino. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.

En esta ocasión el TPP fue presidido por Philippe Texier, magistrado francés, quien fuera el juez que inició en Francia la primera causa contra Astiz. Me acompañaeron entre los miembros juristas y académicos reconocidos de Italia (Nello Rossi y Luciana Castellina), España (Antoni Pigrau Solé, Juan Hernández Zubizarreta y Carlos Beristain), Alemania (Elmar Altvater), Costa Rica (Alda Fazio y Silvia Rodríguez) y Graciela Daleo, de Argentina. También integró el panel el obispo mexicano Raúl Vera, figura fundamental en el momento actual de México.

Los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado mexicano y solicitaron la solidaridad del Tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia. Fue realmente impactante la reacción del auditorio repleto del CUC en la UNAM, quien los recibió al grito unánime de “¡No están solos!”, “Todos somos Ayotzinapa” y, recordando las propias consignas de la lucha contra la impunidad en la Argentina: “Con vida los llevaron, con vida los queremos”. Allí mismo informaron de las tres caravanas por la verdad y la justicia que ese mismo día comenzaban a recorrer el país y que finalizarán el jueves, en la marcha convocada en el DF. Al tiempo, la policía mexicana estaba ingresando en la Facultad de Filosofía y Letras, a metros del evento, demostrando lo grave del momento actual en México.

El auditorio estuvo repleto durante las tres sesiones, con una variedad increíble de movimientos: campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes, defensores de derechos humanos, militantes de género, militantes católicos, entre muchísimos otros movimientos sociales que llegaron con sus banderas y elementos desde los distintos puntos del territorio mexicano. El clima en México es de alta movilización pero también muy preocupante. Gran parte de los movimientos sociales temen por un posible agravamiento de la represión. Necesitan imperiosamente la solidaridad latinoamericana.

La transmisión de afecto de los mexicanos al conjunto de los jueces del Tribunal fue movilizante, así como los familiares de asesinados que se acercaban con sus papelitos de denuncias, sobre nuevas y nuevas masacres y asesinatos durante la última década en Durango, en Guerrero, en Michoacán, en Chihuahua, entre tantos puntos del país. Narrando que los familiares generalmente prefieren callar, porque la denuncia suele generar nuevas víctimas, perder a un segundo o a un tercer hijo por denunciar el asesinato del primero. Es muy difícil imaginar el dolor y el nivel de la violencia e impunidad que reina en México porque su ausencia de la agenda pública internacional es atroz. Los mexicanos depositan confianza en que la labor del Tribunal y la movilización de estos meses pueda servir para visibilizar la situación y para acompañar a los mexicanos en estos momentos de verdadera incertidumbre.

Daniel Feierstein es investigador del CONICET/UNTREF/UBA, Presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del equipo de jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. En dicho carácter ha sido parte del panel de la Audiencia Final sobre México

lunes, 17 de noviembre de 2014

Iguala : Un caso de barbarie

DANIEL FEIERSTEIN, ESPECIALISTA EN GENOCIDIO

Feierstein, miembro argentino del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señala que “la respuesta del gobierno mexicano fue dilatoria y la investigación, totalmente deficiente”.

 Por Patricio Porta

Los movimientos sociales en México temen por un posible agravamiento de la represión ante el vacío de poder que se comienza a generar. Así definió la situación en el país Daniel Feierstein, presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encargado de analizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo. “La respuesta del gobierno mexicano ha sido dilatoria; la investigación, totalmente deficiente y los compañeros y familiares de las víctimas no han encontrado ni en la procuración ni en la Comisión de Derechos Humanos ni en ninguna otra instancia gubernamental una respuesta acorde a la gravedad de los hechos”, dijo a Página/12.

Feierstein integra desde hace una década el TPP –heredero del Tribunal Russell, creado para investigar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam– y participó de la audiencia final donde se elaboró la sentencia del organismo: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”.

El auditorio de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México donde sesionó el tribunal contó con la presencia de campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes y defensores de derechos humanos. Pero la participación más esperada fue la de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, que se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado y solicitar la solidaridad del tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia.

“Lo de Iguala es una muestra más de la impunidad generalizada que reina hoy en México, un contexto que la sentencia ha caracterizado como ‘desvío de poder’ del Estado mexicano para defender los intereses de empresas transnacionales y de los Estados Unidos, desapareciendo toda función social o democrática del aparato institucional mexicano; una situación cuya gravedad no era posible imaginar antes de abordar la documentación de la audiencia y que resulta invisibilizada o ignorada incluso por los gobiernos de la región o por los movimientos de derechos humanos de nuestros países”, señaló Feierstein, que junto con Graciela Daleo representaron a la Argentina ante el TPP.

Para el antropólogo argentino, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la infinidad de denuncias recibidas y la gravedad de la situación de México en el período analizado por el tribunal (1982-2014) demuestran que no existe un único responsable. “La sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio”, sostuvo.

La violencia en México y el paulatino deterioro de su sistema institucional es, según Feierstein, producto de una vecindad compleja con Estados Unidos. “El conjunto de las violaciones de derechos en México se iniciaron con las cláusulas contenidas en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mismo ha producido en 20 años un contexto de verdadera devastación ambiental, la destrucción de gran parte del aparato industrial mexicano, la transformación de su sistema de alimentación a través de lo que llaman la ‘violencia contra el maíz’, la destrucción de la estructura de los tejidos comunales, la privatización y expropiación de tierras y su siembra con semillas transgénicas. A ello –indicó– se suma el proceso de migración de los expulsados de la tierra hacia Estados Unidos, en un contexto de un comercio atroz organizado por las bandas de narcotraficantes y que incluye también a los migrantes de toda América Central, produciendo miles y miles de muertos en masacres continuas y permanentes.”

domingo, 16 de noviembre de 2014

Una movilización popular desafía la explotación de una de las zonas más biodiversas del planeta

Una consulta en la provincia argentina de Misiones, en la triple frontera con Paraguay y Brasil, rechaza con un 97% la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y entregar a las multinacionales el control del territorio

NAZARET CASTRO Posadas / Buenos Aires 17/11/2014 
 
Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, también apoyaron la consulta popular.- MESA PROVINCIAL DE MISIONES

El Gobierno les negó su derecho a decidir, así que ellos decidieron organizarse por su cuenta. Medio centenar de organizaciones sociales de la provincia argentina de Misiones, en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, convocaron a los 1,2 millones de misioneros a pronunciarse sobre la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la provincia. El resultado de la consulta popular, que tuvo lugar entre el 20 y el 26 de octubre, fue rotundo: cerca del 97% de los votantes expresaron su rechazo a las presas.

Los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas repartieron cerca de mil urnas por toda la provincia; las urnas móviles llegaron a los barrios más recónditos. La votación, popular y no vinculante, reclamaba el derecho de la población misionera a decidir sobre el futuro de la provincia, e instaba a cumplir la Ley Provincial nº 56, por la que, en 2011, el Gobierno provincial se comprometió a realizar un plebiscito antes de construir una nueva presa. Esa consulta no se ha convocado, a pesar de que avanza el proceso para la construcción de los embalses de Garabí-Panambí sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil. También avanzan los planes del Gobierno para construir sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, la presa de Corpus Christi, pese a que en 1996, el 90% de los votantes misioneros convocados en plebiscito la rechazó; de ese contundente resultado surgió una ley que prohíbe la construcción de la presa. Así que el interrogante que pende sobre los misioneros es, ¿de qué sirve la ley cuando contraría los intereses de los poderosos?

"Garabí-Panambí beneficiará a las corporaciones brasileñas de la construcción", asegura Eduardo Luján, uno de los militantes fundadores de la Mesa. En su opinión, el interés en Corpus es más complejo: responde a la necesidad de hacer navegable el río Paraná, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), diseñada para hacer más competitivo el transporte de mercancías destinadas a la exportación.

"Les arrebataron sus tierras. Hoy viven en barrios con tasas de paro que rondan el 80%"

Las nuevas presas llegan con la promesa de empleo y progreso, y bajo la amenaza recurrente del apagón energético; pero en Misiones esos argumentos ya no consiguen adeptos. Tienen la experiencia de la central hidroeléctrica de Yacyretá, cuya construcción se inició en 1983. Treinta años después, más de mil personas afectadas por las inundaciones siguen esperando una indemnización. Miles de familias fueron desplazadas y perdieron sus fuentes de subsistencia: vivían del río, como pescadores, oleros ─fabricantes de ladrillos─ o lavanderas; hoy subsisten con las políticas asistencialistas del Estado. "Les arrebataron sus tierras, y con ello se rompieron las redes de solidaridad vecinales: hoy viven en barrios carenciados con tasas de desempleo que rondan el 80%", sostiene Gabriela Melot, docente e integrante de la Mesa. "El eje es la lucha por el territorio: el sueño de legar a los hijos esas historias, esos lazos comunitarios que están inscritos en la tierra", recuerda Sergio Alvez, responsable de comunicación de la Mesa.

En Posadas, la capital de Misiones, creen que las presas les arrebataron también el poder disfrutar del río, y que eso no lo compensa el mastodóntico paseo litoral que acaba de construir el Estado. Algunos recuerdan, incluso, que su dieta ha cambiado porque hay menos pescado y que la llegada de mano de obra extranjera ha fomentado la prostitución. Pero la palabra más repetida es desarraigo. En Puerto Azara, una de las localidades que serían inundadas si sale adelante el proyecto de Garabí-Panambí, los lugareños ya afrontan una situación de total incertidumbre y denuncian que las autoridades no dan información. Fue aquí donde nació, hace unos seis años, el germen de lo que después sería la Mesa Provincial, de la mano de María Alvez, una mujer que decidió pelear para no repetir la historia de desplazamiento que vivieron sus padres. Porque, como señala una desplazada por Yacyretá, "¿Quién me paga el desarraigo, el dolor del alma? Eso no tiene precio".

Hoy, la Mesa Provincial No a las Represas está formada por medio centenar de organizaciones de muy diversa índole: sindicatos, grupos religiosos, asociaciones de docentes, pueblos indígenas. Esa diversidad constituye, en sí misma, una prueba de lo que corroboró la consulta: que la amplísima mayoría de los misioneros no quieren megapresas en la zona.

Cajas empleadas para la consulta en Azara, el pueblo más afectado por la presa - MESA PROVINCIAL DE MISIONES
"¿Energía o alimentos?"

No faltan razones para rechazar estas construcciones: la injusticia de las familias desplazadas, la pérdida de las economías locales, los impactos ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta. "La Organización Mundial de la Salud dice que las presas en zonas tropicales y subtropicales son una bomba de tiempo ambiental", explica Nora Dedieu, miembro de la Mesa y delegada del sindicato ATE. Este sindicato, cuenta Nora, entendió que "sin territorio, mal vamos a pelear por el trabajo". El avance del pino y otros monocultivos y los embalses que ya están funcionando han reducido al mínimo las tierras fértiles destinadas al cultivo de alimentos. Porque en la provincia de Misiones, ese paraíso natural que alberga las célebres Cataratas del Iguazú, donde la tierra es de un color rojo rubí que se confunde con el verde intenso de la selva, hace tiempo que la industria forestal compite por el territorio con la agricultura.

En ese contexto, muchos activistas de la Mesa saben que es necesario avanzar más allá del rechazo y visibilizar alternativas. Han trabajado junto con organizaciones ecologistas y expertos en la elaboración del documento Escenarios energéticos 2030. Aportes para un debate nacional, en el que apuestan por la biomasa, las turbinas en saltos de agua ─sin represar─ y las energías eólicas y fotovoltaica. Pero van más allá: "No es posible funcionar sólo con este tipo de energías alternativas dentro de este modelo productivo; pero muy distinto sería si apostamos por un proyecto diferente, como la agroecología. Debemos reivindicar lo pequeño: las iniciativas locales de producción y energía alternativa; hay que ser coherentes: no podemos plantear las energías alternativas si seguimos con este modelo consumista", afirma el activista y fotógrafo Rulo Bregagnolo.
Los desafíos

Les sobran los motivos y los argumentos legales, pero la asimetría de fuerzas es brutal: de un lado, organizaciones sociales invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación; del otro, los gobiernos nacional y provincial y las poderosas multinacionales de la construcción y la energía. Y sin embargo, consiguieron convocar a 120.000 misioneros para votar en urnas de cartón; una reivindicación de transparencia y participación; un grito por una democracia verdadera que les permita escoger qué futuro quieren para su territorio.

Cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB

En el contexto de esa lucha, saben que necesitan tejer alianzas no sólo con otros movimientos contra las presas de la zona ─como el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, en sus siglas en portugués) de Brasil y colectivos como el paraguayo Sobrevivencia─, sino también con otras resistencias al modelo extractivista: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el fracking. Las grandes centrales hidroeléctricas, afirman, están estrechamente vinculadas a las necesidades de energía abundante y barata de esas industrias extractivas. Así lo expresó en Posadas el exministro de Medio Ambiente paraguayo y asesor de Sobrevivencia, Óscar Rivas: "Nos arrebataron la administración de lo colectivo, las decisiones sobre el patrimonio común; quisieron privatizar la política". Esta nueva militancia socioambiental pone los límites y exige un control democrático y comunitario de los bienes comunes, y se pregunta, ¿energía para qué y para quién?

La privatización del agua, la tierra, los ríos se argumenta con dos palabras recurrentes: desarrollo y progreso. Pero cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB. Así lo sustenta Eduardo Luján: "¿De qué desarrollo hablamos? ¿Consumismo desenfrenado o desarrollo social y cultural? ¿Hay algo más ridículo que reventar montañas y envenenar millones de litros de agua para sacar oro que luego se guardará en bóvedas bajo tierra en la otra esquina del mundo? ¿Es eso progreso? ¿O deberíamos poner la tecnología al servicio de la gente y de su calidad de vida, para mejorar las condiciones laborales y vivir en un entorno ambiental limpio?"

A sus casi 80 años, el médico misionero Juan Yadhian tiene certeza de que el ser humano se perdió "cuando se quebró nuestra conexión con la naturaleza, cuando nos olvidamos de que somos parte de ella, como siempre supieron nuestros hermanos aborígenes. Perdimos la visión de la totalidad; nos olvidamos de que el planeta es como un cuerpo, de que los ríos son las arterias y las venas del planeta. Un río estancado es un río muerto. Pero si matamos el río, nos estamos matando a nosotros mismos".