miércoles, 25 de diciembre de 2013

La Anses denunció que ocho represores condenados en Neuquén perciben sus haberes jubilatorios

La delegación de Anses en Neuquén denunció ante la Fiscalía Federal que ocho ex jefes militares condenados en Neuquén por delitos de lesa humanidad, siguen percibiendo mensualmente sus haberes jubilatorios a pesar de encontrarse inhabilitados de por vida por la sentencia dictada en el año 2008 por el Tribunal Oral Federal 1

La denuncia la presentó en la Fiscalía Federal el delegado de ANSES en Neuquén, Raúl Radonich, quien en el juicio sustanciado en  2008 fue uno de los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que dio su testimonio.

La denuncia comprende a los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo.

Radonich confirmó a Télam que "detectó la irregularidad cuando uno de los condenados (se reservó el nombre) tramitó a través de un apoderado una pensión derivada por el fallecimiento de su esposa".

"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta según el artículo 19 del Código Penal", señaló.

Destacó que "esta fue la razón por la que se denegó al solicitante el beneficio de la pensión derivada y nos permitió comprobar el resto de los casos".

Precisó que "a partir de esa irregularidad se determinó con las constancias del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que todos los condenados continuaban percibiendo sus haberes jubilatorios".

Radonich giró las actuaciones al área legales de ANSES y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén para que realice las investigaciones correspondientes.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio a ocho ex militares que fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Entregaron a sus familias los expedientes de los empleados de Aerolíneas Argentinas desaparecidos

Legajos que ahora cuentan la verdad

En los documentos laborales figuraba que las víctimas estaban cesantes o que habían abandonado sus puestos de trabajo. Los documentos fueron reparados y explicitado el motivo por el que no se presentaron a trabajar: fueron secuestrados y desaparecidos.

 Por Ailín Bullentini

De repente, Amado Amadio, Juan Patricio Maroni, Ernesto Lahourcade y Ricardo Freire comenzaron a faltar a sus trabajos en Aerolíneas Argentinas. Corría octubre del ’76, mayo del ’77, junio del ’78. Ya no se reincorporaron. Hasta ayer, el final abrupto de sus relaciones de dependencia con esa empresa, que por ese entonces era, como hoy, parte del Estado nacional, se mantuvo definido como “cesante” o “abandono de puesto de trabajo”, pero sus legajos fueron “reparados” y esos motivos reemplazados por el verdadero “detenido-desaparecido” en todos los casos y entregados a sus familiares en un acto en el Ministerio de Trabajo organizado por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que contó con la presencia del presidente de la aerolínea de bandera, Mariano Recalde, y del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

“Aquí estamos para recordar, homenajear y hacer presentes”, introdujo Silvina Atensio, de la comisión responsable de la “reparación” de las verdades de Amadio, Maroni, Lahourcade y Freire. Se trata de los primeros empleados públicos cuyos legajos son sincerados y llegan luego de más de ocho años de trabajo del grupo de empleados de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que se preocupó por “restituir verdades” y conformó la comisión.

Cuando desde ese grupo se comunicaron con Susana Freire hace poco más de un mes para invitarla a recibir el legajo de su hermano Ricardo, la emoción implosionó dentro de ella. “Jamás pensé que mi hermano estuviera en el imaginario de alguien salvo en el mío”. La sorpresa también la empujó a sacar del escondite esa historia. El 1º de junio de 1978, su hermano tenía que encontrarse con Oscar Bazterrica, amigo y compañero de cuarto año de Abogacía en la UBA, y la novia en las inmediaciones del estadio en donde se inauguraba el Mundial. Oscar no llegó nunca. El día siguiente fue el último de Ricardo en Austral, en donde trabajaba. Esa noche, acompañó a los padres de su amigo y a la novia a denunciar a la policía su desaparición, pero no llevaba documentos. “Volvió a buscarlos a casa. Todavía los tengo”, señaló Susana, quien junto con sus padres no supo más nada de Ricardo. La novia de su amigo corrió la misma suerte. “Este acto es fundamental porque inicia una nueva etapa en la reparación ejercida desde el Estado: a muchos empleados públicos el mismo Estado que les daba trabajo los secuestró y los mató”, insistió Silvina Atensio.

Fresneda, en tanto, introdujo el acto en la arena política: “Estas iniciativas forman parte de una etapa de la memoria a la que no podríamos haber llegado sin antes juzgar al terrorismo de Estado”, dedujo. Recalde, más tarde, sentenció: “No podríamos estar viviendo esto si no existiese este proyecto político, si Néstor Kirchner no se hubiera plantado en la ESMA a pedir perdón en nombre del Estado a todos los argentinos”.

Para Paula Maroni, su padre, Juan Patricio, fue “producto de su época”. Nació en una familia trabajadora de Parque Chacabuco, estudió en un colegio salesiano y por medio del Movimiento católico tercermundista ingresó en Montoneros. Ella, única hija, criada entre una mamá sobreviviente del Atlético, el centro clandestino de detención porteño de donde no regresaron ni su papá ni su tío, y una abuela Madre de Plaza de Mayo, Enriqueta Maroni, sabía del empleo de su padre en Aerolíneas como una parte más del rompecabezas. Por eso, el acto de ayer la conmovió sobremanera: “Me permite saber si alguien lo conoció en esta faceta. Uno va reconstruyendo a las personas que no tiene de a partes, en función de lo que se va encontrando en la vida, así que es una reconstrucción permanente”, reveló. Pero también le duele porque la conecta con “lo irreparable” en lo personal. Desde lo colectivo, no obstante, Paula –que hoy es directora del Espacio Memoria, Verdad y Justicia–, el acto tiene otro valor porque “repara la verdad histórica, que es lo que sirve para el futuro, ya que es para toda la sociedad: mi viejo no abandonó a su hija, ni a su esposa ni su puesto de trabajo. Mi papá fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 con su esposa y llevado al Atlético”.

El legajo de Armando Amadio, trabajador de Aerolíneas, con el sello gigante de “reparado” en rojo fue entregado a Mirta Silberstein. Entre ellos no hay conexión de sangre, pero sí de historia, la única conexión que se pudo localizar a partir de Amadio. La prima de Silberstein, Silvia Kuperman, era la pareja del hijo de Armando, del mismo nombre y militancia en el peronismo. “Desaparecieron los tres juntos en 1977, la misma noche”. La pareja de su prima y Armando Amadio hijo vivían en Beccar y de esa casa se los llevó una patota que inmediatamente después fue a buscar a Armando Amadio padre. Los hombres eran hijos únicos, la descendencia de la familia desapareció con ellos.

Guillermo Lahourcade nunca imaginó que la palabra “reparación” pudiera tener un efecto tan fuerte. Su padre tenía 46 años cuando se lo llevaron de su casa, en Ramos Mejía, en donde “destrozaron todo” tras el secuestro, una historia de militancia barrial en el Peronismo de Base y trabajo gremial como delegado de Aerolíneas, en donde era mecánico. “Mi viejo era un tipo muy comprometido, siempre intentó cambiar las cosas que estaban mal, siempre creyó que el ser humano debía ser diferente. Así vivió y así murió, en su ley. No lo podía haber atropellado un auto”, reflexionó como si ese cierre lo ayudara a contener la falta. Nunca más supieron nada, salvo que a Ernesto lo secuestró un comando de Aeronáutica y que la noche que cayó su destino fue el mismo que el de otros doscientos dirigentes gremiales.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Detuvieron a 23 represores en La Plata

La orden judicial alcanzó a la antigua plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejército Nº 7.

Por: Pablo Roesler

La plana mayor del Regimiento de Infantería del Ejercito Nº7 de La Plata y otros 21 militares, policías bonaerenses y federales y un grupo de civiles fueron detenidos por la justicia federal platense, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención que funcionó entre marzo y diciembre de 1976 en el cuartel de Infantería de la Policía Bonaerense, de las calles 1 y 60, en La Plata. Se trata del mismo lugar que el lunes tomó protagonismo por ser el epicentro de las protestas de la fuerza de seguridad bonaerense.

La orden de detención fue cursada por el juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, en el marco de una causa iniciada en 2003 por la denuncia del fiscal Félix Crous, en la que los uniformados y civiles se encuentran acusados por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y lesiones graves, cometidas contra 197 víctimas. En la orden de detención emitida el 3 de diciembre último, Blanco señaló que en el Cuartel "las sesiones de tortura solían realizarse en diferentes lugares", y que "a la mayoría de las víctimas se las torturaba desde la llegada al centro".

De todos los detenidos, 18 se encontraban en libertad, entre ellos, la plana mayor del Regimiento Nº7 de La Plata, cabeza del Área Militar 113, desde donde se comandó la represión sobre la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, denominada "Subzona 11". Se trata del ex oficial de Logística, capitán Héctor Reynaldo Amuchástegui; el oficial de Inteligencia, teniente Alberto Jorge Crinigan y el ex oficial de Operaciones, mayor Ismael Ramón Verón.
En la misma situación se encontraban el ex jefe de la Compañía A de esa unidad, Lucas Marcelo Castro, y el ex teniente 1° Oscar Antonio Gómez Mígenes. A esa lista se suman los jefe y subjefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Juan Rafael Pochelú y Alberto Larroca, respectivamente; y sus subalternos José Luis Benítez y Carlos Hugo Leguizamón, así como el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense, José Clemente Forastiero. Completan el grupo los oficiales Juan José Gallardo, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio, Adalberto Oscar Rincón y el ex jefe policial Juan Antonio Vidal.

Las detenciones incluyeron además a otros imputados ya detenidos en otras causas, como seis integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, involucrados en la causa por el centro clandestino "La Cacha", que comenzarán a ser juzgado el próximo miércoles 18; el condenado ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el civil vinculado a la banda paramilitar CNU, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.
Fuente: Tiempo Argentino

Detuvieron a 24 represores de La Plata


domingo, 8 de diciembre de 2013

Juicio San Luis : Una testigo reprendió a uno de los acusados

Lucy María le dijo a su secuestrador, Nelson Godoy, que nunca le perdonará el dolor que le provocó a su familia


Por primera vez un testigo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad se dirigió a uno de los acusados y le recriminó: “Todo el dolor que le provocó a mi familia no se lo voy a perdonar. Le agradezco porque después de todo lo que me hizo lo único que logró fue reafirmar mis convicciones. Quiero que sepa que lo desprecio profundamente”.

Lucy María, detenida el 23 de setiembre de 1976 en el paraje de Martín de Loyola, le lanzó estas palabras al acusado Nelson Humberto Godoy, quien fuera el jefe de la departamental Villa Mercedes de la Policía de San Luis. Ese fue el momento de mayor tensión que se vivió ayer en la sala de audiencias, tras una hora de declaración de la testigo que se desempeñaba como maestra rural en una “escuela de cartón corrugado”, según declaró, en la localidad de Martín de Loyola, ubicada al suroeste de la provincia y distante a 400 kilómetros de la capital.
 
En un momento de su extenso testimonio, que incluyó un cuarto intermedio luego de relatar de manera cronológica y precisa todo su cautiverio, Lucy dijo: “Quiero agradecer absolutamente y felicitarlo por su clarividencia al señor Godoy, porque la última vez que nos vimos me dijo que a él no lo iba a engañar. Yo le contesté que me pegara un tiro si quería. Eso lo enfureció y me golpeó y allí me dijo: ‘Nosotros algún día nos vamos a volver a encontrar’”. En ese momento el presidente del Tribunal, Marcelo Alvero, invitó a la testigo a ponerse de pie y decírselo personalmente al imputado que estaba en la sala. La mujer de 63 años y 1,60 metros de estatura se levantó del banquillo, caminó despacio y firme hasta donde se ubican los 25 acusados y micrófono en mano comenzó su discurso: “Usted ahora está sentado ahí y yo estoy acá. En este momento tiene un juicio justo con todas las garantías constitucionales que le brinda la Justicia, aunque usted no lo pueda entender. Yo no tuve ni juicio, ni defensa y nunca pude saber por qué estuve detenida”. Y le recriminó el dolor que le hizo padecer a toda su familia. Mientras la mujer detallaba todas las vejaciones a las que fue sometida y le hablaba a la cara, el ex jefe policial no le quitó la mirada a la testigo.

Nelson-Humberto-Godoy
Con la jornada de ayer se cumplió la quinta semana de audiencias del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por José María Pérez Villalobo, Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Alberto Hergott contra 29 imputados, a los que se acusa de 5 muertes, 6 desapariciones forzadas y otros delitos cometidos contra 25 sobrevivientes.

Lucy María, quien fue una de las víctimas que logró sobrevivir, dijo que estuvo detenida una semana en un hangar del sur de Mendoza: “Ahí escuchaba los motores de los aviones todos los días”, recordó. Luego la trasladaron a Villa Mercedes: “Allí me entregaron al capitán Otero que fue el que me dio la bienvenida a la V Brigada Aérea de Villa Reynolds. Luego pasé a la cárcel de mujeres y después a un calabozo de uno por dos metros en la comisaría 1ª donde quedé a disposición de Godoy, que era el que me llevaba y traía de la V Brigada". Hasta el 1 de enero de 1977 estuvo detenida ahí, desnuda, esposada y con los ojos tabicados (tapados con algodón). "Varias noches fui trasladada a la Base Aérea donde fui torturada, golpeada, violada y sometida a todo tipo de humillaciones en presencia de Godoy y de otros 10 hombres, por lo menos”.

Llegó a pesar 30 kilos y por eso la llevaron al hospital de Villa Mercedes donde “me atendió una psicóloga cordobesa, Hilda Vittar, quien me dio algunos medicamentos que nunca supe qué eran”, detalló. Cuando volvió del hospital la mantuvieron en la comisaría, donde dormía en el piso, convivía con ratas, cucarachas y un almohadón lleno de pulgas.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Comodoro Rivadavia :se inicia juicio por el secuestro y desaparición del conscripto José Luis Rodríguez

El Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del soldado José Luis Rodríguez Diéguez, ocurrido en 1976 en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento.
José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido en Sarmiento.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzó a juzgar a dos militares retirados por el secuestro del conscripto José Luis Rodríguez Diéguez, desaparecido desde 1976, durante la última dictadura.
En esta primera audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio, hicieron sus presentaciones las partes y se preguntó a los acusados si iban a prestar declaración indagatoria, de lo que se abstuvieron por el momento, resumió el fiscal Horacio Arranz en declaraciones a Télam.
"El juicio sigue mañana, primero con declaraciones testimoniales y después con una inspección al Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, a unos 250 kilómetros de Comodoro Rivadavia", añadió.
Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento, ciudad del sur de Chubut.
Por la detención-desaparición del conscripto están procesados el general (re) Teófilo Saa, que era jefe del citado regimiento, y el mayor (re) Carlos Antonio Españadero, uno de los responsables del Batallón de Inteligencia 601 en esa época.
"Este es el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Chubut", recordó Arranz.
en el primer juicio fueron condenados responsables de la Masacre de Trelew, del 22 de agtosto de 1972, y en el segundo, los culpables del secuestro y torturas a los abogados Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, este último fallecido a raíz de los tormentos el 19 de octubre de 1976, durante la dictadura.
Integran el Tribunal para este tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chubut los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella.
Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación de destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.
Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "me trasladan Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".
Según el testimonio del padre del conscripto en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".
La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.
Durante la última dictadura fueron desaparecidos al menos 129 jóvenes conscriptos, según esttimaciones del fallecido capitán José Luis D`Andrea Mohr, quien investigó la represión terrorista de estado dentro de las instituciones militares.
En la causa por la desaparición de Rodríguez Diáguez también estaba procesado el dictador Jorge Rafael Videla, fallecido en mayo de este año.
Por falta de mérito, tampoco llegó a juicio el jefe de la compañía en la que revistaba la víctima, Luis Eduardo Tibiletti.