miércoles, 28 de enero de 2015

Vínculos oscuros entre la Mercedes Benz, los nazis y Perón

Las investigaciones realizadas por la documentalista e historiadora alemana, Gaby Weber, demuestran cómo la Mercedes Benz Argentina se fundó con dinero nazi, a través del empresario argentino Jorge Antonio, amigo personal y consejero de Juan Domingo Perón.

Foto: Archivo La Nación

En La Izquierda Diario venimos publicando una serie de artículos sobre la oscura historia de la empresa de capitales alemanes Mercedes Benz, ubicada en La Matanza. Hemos abordado la historia de lucha de sus trabajadores en la década del ’60 y ’70 ; la de sus sobrevivientes que siguen luchando por justicia por los 14 obreros desaparecidos durante la última dictadura ; y sobre la historia de causa penal contra la empresa que aún hoy goza de total impunidad. Hoy publicamos con esta entrega la oscura historia de su fundación con capitales nazis, su entrada al país y su relación con Perón.

La derrota de los nazis y la fundación de la Mercedes Benz Argentina

Transcurría la Segunda Guerra mundial, hasta que en 1943 los nazis pierden la batalla de Stalingrado a manos del Ejército Rojo. Los alemanes, que sabían que habían recibido un durísimo golpe, comienzan a preparar la retirada, lo que incluye también sacar sus capitales acumulados en Alemania.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso la documentalista alemana Gaby Weber, realizaron una conferencia secreta el 10 de agosto de 1944 en la ciudad de Estrasburgo, Francia, donde recomendaron la fuga de capitales hacia países neutrales. Argentina sería uno de los destinos. El documental, disponible en Netflix, “El escape de Hitler” (2011) de Gueilburt, trata de demostrar, entre otras cuestiones, la llegada desde 1945 de una serie de submarinos nazis a la región de la Patagonia Argentina, entre los que se encontrarían sus riquezas.

En dicho documental nombran la investigación de Gaby Weber, documentalista e historiadora alemana, que ha publicado dos importantes libros al respecto: “La conexión alemana” (2005) y “Los expedientes Eichmann” (2013). Ambas publicaciones y tesis están basadas en documentos de la CIA, a los que pudo acceder y que le costó que EE.UU. le prohibiese la entrada luego de sus primeras investigaciones, y del acceso a archivos alemanes, luego de ganarle dos juicios al Estado alemán como cuenta ella misma en una entrevista realizada por el programa “Leyendo con el autor”.

Weber en esos libros y documentos varios, sostiene que fue Jorge Antonio, un empresario argentino ligado a Perón, quién con el dinero de los nazis fundó la Mercedes Benz en 1951, junto con otras 60 sociedades anónimas. En sus documentos referentes al tema, que se pueden encontrar en su página web, publica el siguiente diálogo con el empresario peronista: “’¿Nunca se había preguntado si administraba dinero nazi?’, ’Con nosotros, los alemanes hicieron mucho dinero’, dice Antonio con una sonrisa, ’Si Usted lo llama lavado de dinero... Yo quería una fábrica de camiones y la conseguí’”.

El vínculo con Perón

Jorge Antonio conoció a Perón en el año 1943, pero luego de 6 años empezaron a frecuentarse y establecer una relación personal, justo cuando se convirtió en director de la Mercedes Benz local. Las denuncias sobre el empresario siempre apuntaron a que su estrecha relación con el poder político internacional y su rol de consejero de Perón le sirvieron para acumular una fortuna que nunca pudo precisar cómo la consiguió. De hecho, como es conocido públicamente, con plata de Jorge Antonio se compraron los terrenos en Madrid donde se construyó Puerta de Hierro, donde se alejó Perón durante el exilio después de 1955.

En el libro El lavado del dinero nazi en la Argentina, Weber demuestra que desde 1951, cuando se establece la sucursal de Mercedes Benz en la Argentina, el dinero de los nazis fue a parar a las arcas de las empresas radicadas en Argentina sin que queden registros contables de esas transferencias. En esta operación resalta el nombre de Jorge Antonio, como amigo de Perón y hombre de confianza de los alemanes en el Río de la Plata, que pasó de de tener apenas un buen sueldo en 1950, a convertirse en accionista o dueño de unas 60 empresas cinco años después.

"Tal como explico en mi libro [dice Gaby Weber], en abril de 1950 Jorge Antonio firma con la empresa alemana un acuerdo, un gentlemen agreement. El plan es fundar Mercedes Benz Argentina con una fábrica de camiones y comenzar de inmediato la exportación de vehículos.

En septiembre de 1951, de la nada, surge Mercedes Benz Argentina. Y en pocos años Antonio y Daimler Benz adquieren sesenta sociedades anónimas. El capital invertido asciende a miles de millones de pesos, que deben haber entrado desde Suiza a la Argentina en valija diplomática o por contrabando. (…) Durante casi cinco años, Antonio y las empresas alemanas desarrollaron un sistema complejo para reciclar el dinero nazi por medio de importaciones y exportaciones.”. La investigación también sostiene que Perón se beneficiaba personalmente con esas negociaciones, que se dieron en los mismos años en que transcurrió su primera presidencia (1946-1952).

El criminal nazi Adolf Eichmann en la Mercedes Benz Argentina

Antonio recibió también de Mercedes Benz listas con nombres de especialistas, personas que resultaban ser nazis y no técnicos. Entre ellos estaba el nazi Adolf Eichmann, Teniente Coronel de las SS, que con documentos de identidad falsificados por el Vaticano arribó al puerto de Buenos Aires el 14 de julio de 1950. En octubre, la policía local le entregó un nuevo documento de identidad. Según la historiadora, fue Jorge Antonio el encargado de esconder el oro nazi con el que se crearon empresas pero también con el que se financió la fuga de sus criminales de guerra.

Incluso Jorge Antonio aceptó que fue él quien personalmente empleó a Eichmann en Mercedes Benz, cuando aún la fábrica no había iniciado la producción. En una entrevista realizada por Felipe Pigna, el empresario peronista declaró: “Pensé que era una monstruosidad lo que había hecho Eichmann, pero pensé también que era la guerra y él no hacía más que cumplir órdenes”. También publica Weber las siguientes declaraciones: “Daimler me pidió darle un puesto de trabajo porque eran técnicos. Lo conocía bajo su nombre verdadero, pero no me interesaba”.

Eichmann, el oscuro personaje nazi que retrata Hannah Arendt en “Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal”, fue el mismo que declaró: “No me arrepiento de nada. Si nosotros hubiéramos matado de los 10,3 millones de judíos a 10,3 millones de judíos yo estaría contento y diría: está bien, liquidamos a un enemigo".

Fue en 1957 la Comisión Interna de los trabajadores quien realizó un reclamo a la gerencia por la captura de Eichmann, que aún por esos años se encontraba trabajando en Mercedes Benz Argentina como electricista.

Todos los testimonios hacen creer que se sabía que Eichmann bajo otra identidad, Klement, trabajaba en la planta. Uno de ellos cuenta: “Prácticamente toda la plana mayor de la empresa estaba integrada por inmigrantes de la Alemania de posguerra. Entre ellos había miembros de la Wehrmacht (ejército alemán), oficiales de la SS (...) Más de uno sabía que Klement en realidad era Eichmann, pero el tema era ’tabú’”.

Cómo Adolf Eichmann salió finalmente de la Argentina también es uno de las líneas de investigación de Gaby Weber. Pero lo cierto es que no fue el único personaje oscuro que estuvo en la Mercedes Benz.

En 1960, días antes del secuestro de Eichmann, asumió la dirección de la empresa William Mosetti. Este había sido oficial de Mussolini, hasta que en 1943 se pasó al bando de EE.UU., cuando consiguió la ciudadanía y se alistó en el Ejército del país imperialista. Luego de finalizada la guerra, había vuelto a trabajar para la petrolera Standard Oil, hasta que el 29 de abril de 1960, luego de que se lo enviase a la Argentina, la asamblea de los accionistas de la Mercedes Benz local lo eligió como Director General hasta 1975. Los trabajadores de la Mercedes Benz y el “Grupo de los 9”, que desafió a la burocracia del SMATA en los ’70, tuvo que enfrentar también a estos oscuros personajes de la Segunda Guerra mundial en el directorio.

domingo, 18 de enero de 2015

La investigación sobre el rol de los Consejos de Guerra durante la dictadura


Una estructura para ocultar crímenes

El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo Puricelli. Los tres integraron los Consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria y encubrir sus delitos.

 Por Alejandra Dandan

El juez federal Daniel Rafecas procesó a tres integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado analiza desde 2013 un centenar de expedientes tramitados por esos tribunales militares a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se dieron competencia para actuar como justicia paralela, en los casos que denominaron delitos subversivos. Entre los expedientes, hay más de 140 homicidios calificados que los CGEE nunca investigaron. El juez consideró que los Consejos fueron un mecanismo creado ad-hoc por el aparato represivo del Estado para sustraer las investigaciones de la Justicia ordinaria, ocultar los crímenes, enmascarar a los responsables y convertir a las víctimas en victimarios. Las querellas piden que se declare nulo todo lo actuado por los CGEE. Las bases sentadas en este estudio pueden servir como clave de lectura para otros funcionarios y otras estructuras.

El análisis de los casos en conjunto es lo más impactante de la investigación: pese a que las Fueras Armadas construyeron la teoría de los enfrentamientos, las propias “pruebas” de los casos que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente y muestran la constante presencia del estado de indefensión en las víctimas: prácticamente todos los cuerpos están rematados de un tiro en la cabeza; hay gran cantidad de disparos en tórax, abdomen y extremidades; es decir, señala el juzgado, “prácticamente la totalidad del cuerpo”. Hay masacrados por 28 disparos y cuatro casos conmovedores de embarazadas asesinadas, una de ellas –según las pericias señala– con “un útero de 33 centímetros de altura y 20 centímetros, en sentido antero-posterior con un feto masculino de 50 centímetros”.

“Los homicidios de las víctimas en sus domicilios situados en centros urbanos o incluso en la vía pública, concretados usualmente con una violencia inusitada en la que destaca el obsceno poder de fuego generalmente empleado, aparecen como situaciones que importaron una mayor necesidad de cobertura frente a lo cual se habría implementado una tecnología institucional para la impunidad”, señala el juez. Esa “tecnología institucional para la impunidad” refiere a los Consejos de Guerra Especial Estables (CGEE), que se crearon el 24 de marzo con supuestas facultades judiciales, especialmente para intervenir en lo que llamaron delitos subversivos, una categoría que se iba extendiendo. “En los hechos –dice el juzgado–, estos Consejos sirvieron para sustraer sistemáticamente del conocimiento de la Justicia penal, es decir, de los jueces y fiscales de Instrucción de turno, los expedientes en los que constaba la ejecución sumaria de perseguidos políticos.” Esa actividad “estuvo dirigida a la ocultación de los sucesos, lo que implicó la ocultación de las víctimas y victimarios” y “el enmascaramiento de los sucesos bajo versiones inverosímiles”.

Y en ese marco agrega un punto importante: “Los homicidios aparecen tratados como mudos hechos, registrados como acaecidos sin intervención del hombre, sus víctimas aparecen acusadas como ‘subversivas’, luego sobreseídas, en muchos casos ni siquiera designadas por su nombre. Sus autores, en ningún caso aparecen acusados, siempre designados bajo las denominaciones de fuerzas legales, conjuntas, o del orden, y prácticamente nunca identificados, a tal punto que los casos en los que aparecen individualizados, cabe atribuir ello al celo del funcionario ocasionalmente interviniente o a la inercia propia de la burocracia”.
Los responsables

El análisis se mete en una discusión más amplia sobre los supuestos marcos “legales” que se dio la dictadura para ponerlos en discusión, tal como sucede en otras causas. Tal como se están pensando los decretos del PE nacional o los supuestos “blanqueos” en las cárceles. Esto permite diferenciar prácticas supuestamente “legales” de lo “constitucional”. “Estamos pujando desde lo jurídico para de-sarmar las estructuras puramente ‘vigentes’ desde lo legal de la dictadura”, explica el juez a Página/12. “Estamos diciendo que frente a sucesos aberrantes no es posible oponer una mera legalidad aparente. Ello no convalida el terrorismo de Estado, ni en grado de autoría ni en grado de encubrimiento posterior –como es este caso puntual de los CGEE–. El mensaje que se está dando es que frente a crímenes de lesa humanidad, el funcionario público –en este caso militares burócratas, abogados auditores– debe desistir de participar, debe decir que no, caso contrario, no hay ‘legalidad’ que lo ponga a cubierto de una imputación penal.”

Los funcionarios procesados son el coronel del Ejército Jorge Argentino Franco; el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Salaris y el abogado y capitán de Navío de la Armada Eduardo Puricelli. Franco, presidente del Consejo de Guerra Especial Estable, murió luego del procesamiento, según comunicaron sus abogados en el juzgado.

La responsabilidad de cada uno está bien planteada en “Eichmann en Jerusalén” de Hannah Arendt, dice el juez, que lo señala en las más de 900 páginas del escrito. “Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino como un funcionario –dice Arendt– cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísticas de criminalidad –que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al día–, declarase que él tan sólo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía carácter meramente accidental que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo.”
Los casos

El aporte más importante de este procesamiento es, seguramente, el intento de generar una lectura global sobre expedientes que no analizaron en más de 35 años (ver aparte). Es probable que mucha de esta documentación no haya sido analizada por la Justicia. Sobre todo las pericias. En ocasiones, horrorosas. Es probable, en cambio, que cada familia o querella haya visto su caso, pero la lectura general permite leer las constantes que le dan también a esto carácter sistemático. El correr de los expedientes muestra por ejemplo la “precariedad de las pruebas” y “lo inverosímil de los relatos oficiales”, dice el juzgado. En las causas faltan firmas y sellos indicativos de los funcionarios. También es recurrente el estado de indefensión en el que aparecen las víctimas. Este es el análisis más importante. Rafecas usó expedientes con pericias y en los que “directamente se prescindió de tales estudios periciales propiciándose por el CGEE el sobreseimiento provisional y archivos de los expedientes”. “Frente a las versiones que invariablemente dan cuenta de supuestos enfrentamientos –dice el juez– con las víctimas que culminaron con las muertes de las mismas, las constancias glosadas a diversos expedientes dan cuenta de la inverosimilitud de tales relatos.” Basta confrontar para eso, dice, “la inusitada violencia sufrida por los asesinados frente a la constante ausencia de toda lesión por parte de los perpetradores”. Y cada expediente muestra verdaderos homicidios realizados en ocasiones flagrantes.

Entre los casos paradigmáticos están las embarazadas. Una es Alicia Beatriz Carlevari. En su expediente hay una autopsia. Describe la muerte de un “cuerpo femenino” con “heridas de bala de cráneo, de cara, de tórax y de abdomen. Hemorragia interna”. También describe su útero: “Mide 33 centímetros de altura y 20 centímetros en sentido antero-posterior conteniendo un feto masculino de 50 centímetros (de término) y anexos ovulares”.

Alicia Beatriz Carlevari de Franco tenía 23 años, puede leerse en una breve biografía publicada por Roberto Baschetti en la web. Militaba en la JUP de Arquitectura y en Montoneros. La secuestró una patota del Ejército el 19 de abril de 1977. Tenía un embarazo a término, se lee también, por eso no pudo o no quiso correr. La mataron.

En otro expediente están los nombres de Carlos Alberto Fessia, Nidia Cristina Fontanellas y Estela Mary Altamirano. La autopsia Nº 2852 realizada sobre un cuerpo N.N. “adulto de sexo femenino” hace referencia a la versión policial según la cual la víctima “resultara abatida [...] como consecuencia de un enfrentamiento con fuerzas conjuntas realizado en la calle Martiniano Leguizamón 1139 de la Capital Federal”. El estudio pericial también habla de la masacre: señala que su muerte “fue producida por heridas de bala de cráneo, tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa”. Según la descripción de los facultativos del Cuerpo Médico Forense, “en el cuerpo de la víctima se consignó sobre sus órganos genitales útero aumentado. Al corte vacío, con restos carnosos de aspecto placentario, lo que indicaría que se trataría de la madre de la criatura de días que fue hallada en el domicilio en el que se concretaron los homicidios de las tres víctimas”.

Fessia era secretario general de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Las dos mujeres estaban en la organización. Nidia Cristina además era la pareja de Fessia. Los tres estaban en Mataderos cuando los mataron, aparentemente el 18 de noviembre de 1976. Según la organización, algunos testigos dijeron que hubo despliegue de fuerzas militares y hasta un helicóptero. Nidia Cristina estaba embarazada.

Otro caso habla de los “homicidios calificados” de Norma Matsuyama, de Adriana Gatti Casal y de Eduardo Gabriel Testa. Las dos mujeres estaban embarazadas en el momento de su homicidio. Adriana Gatti Casal murió en el Hospital Alvear, señala el escrito, con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen, destrucción cerebral, hemorragia interna. Norma Matsuyama tenía heridas de bala de cráneo y tórax, hemorragia interna. El útero de Adriana evidenciaba una gesta de aproximadamente siete meses; el de Norma, de nueve. El archivo Baschetti dice en este caso que los mataron el 8 de abril de 1977 cuando las “siniestras fuerzas asesinas” cercaron la casa donde vivía Eduardo Gabriel “Emilio” Testa, en Nueva York y Nazca, de Devoto. Testa era el jefe de la UES, con 20 años. Norma Matsuyama, de 19, era su esposa y la Colorada Adriana Gatti Casal, de 17, hija del dirigente uruguayo secuestrado y desaparecido en Argentina, Gerardo Gatti.

Los sumarios muestran otras constantes. No se ordenan medidas probatorias; los sumarios carecen de actividad alguna de los CGEE y en la justificación de los homicidios, en la mayor parte se queda expuesta la ausencia de lesiones del personal de las “fuerzas conjuntas”.

Con carácter sistemático

1) Hechos cometidos por un concurso premeditado de dos o más personas, lo que se confirma, a su vez, por la reiterada referencia a que en el hecho intervino una pluralidad de personas bajo la denominación de “fuerzas conjuntas”, “legales”, de seguridad, etc., en los casos en que los autores no se encuentran identificados.

2) Alevosía: el estado de indefensión de los cuerpos que habilita a considerar razonablemente que en la inmensa mayoría de los sucesos los perpetradores actuaron con la seguridad del estado de indefensión de las víctimas.

3) Las autopsias dan cuenta constantemente de una gran cantidad de disparos de bala, en tórax, abdomen, cráneo y extremidades; es decir, prácticamente la totalidad del cuerpo de los asesinados, siendo la causa de muerte más destacada la destrucción de masa encefálica a causa de los disparos infligidos. En ese contexto, se destacan casos en los que las mujeres víctimas se encontraban embarazadas, lo que acrecentó su situación de indefensión ante los ataques de los perpetradores.

4) Las situaciones descriptas en los sumarios permiten advertir la desigual situación en la que se encontraban las víctimas, en relación con los funcionarios públicos que perpetraron y ejecutaron el homicidio.

Estos últimos encontraron asegurada la merma o ausencia total de riesgo para sí, mediante las condiciones absolutamente desproporcionadas propias de un despliegue de personal y recursos materiales y de armamento que no se condice con las condiciones en las que encontraban los sujetos pasivos del delito, las que permiten inferir, sin hesitación, la seguridad con la que actuaron los perpetradores, sin peligros serios respecto de que su accionar pudiere verse interrumpido por una acción defensiva de la víctima o de un tercero que resultara equiparable a las posibilidades del accionar de los autores.
Números

La investigación judicial comenzó a fines de 2013 sobre un universo específico: un centenar de expedientes incorporados en el Juicio a las Juntas y causas conexas en los que aparecen procedimientos militares y policiales fraguados para ocultar los homicidios calificados de más de ciento cuarenta (140) víctimas. Rafecas acreditó hasta ahora la responsabilidad de los oficiales de las tres fuerzas armadas con relación a los expedientes en los que se pretendió ocultar los homicidios de ciento veintitrés (123) víctimas y los secuestros de otras trece (13) personas cometidos en los mismos operativos clandestinos.

“Hubo una estrategia de impunidad”

¿La información de estas pericias es conocida? ¿Se usó, por ejemplo, en el Juicio a las Juntas, de donde vienen estos expedientes, o en otra ocasión para probar los casos? –preguntó Página/12 al juez Daniel Rafecas.

–Que yo sepa, nunca fueron publicadas. La verdad que no creo que se hayan usado en juicios previos.

–¿Las familias conocen esta información?

–Sí, claro. Conocen la existencia y el contenido de los expedientes, ellos y sus abogados. El punto es que cada familia y cada abogado conoce su propio caso, como mucho algunos más, es decir, conocen el árbol o algunos árboles, pero no el bosque, quizá lo intuían, pero ahora esto está empezando a ser demostrado judicialmente.

–Lo más impactante de los procesamientos son las autopsias.

–Sí, es que impresiona profundamente. Por meses estuvimos trabajando con estos informes forenses. Resulta desolador pensar que esas víctimas quedaron así, en ese estado, suspendidas durante 35 años. Pienso, ¿acaso hay algo que pueda ser más urgente que esto en términos de verdad y justicia? Es imperioso rescatar del olvido a estas víctimas, sus historias, sus casos, precisamente para demoler el muro de silencio, olvido e impunidad construido gracias a la fachada de los CGEE (hipótesis de “fachada” que se fundamenta en este procesamiento). Las pruebas de las masacres están ahí, para quien quiera verlas. Prácticamente todas las víctimas, en todos los casos, fueron rematadas con un tiro en la nuca o similar. Esto no es menor para la investigación judicial, pues contribuye a la verificación del dolo de encubrimiento de los aquí acusados: frente a este panorama, decir “yo no sabía nada”, o que los casos “estaban presentados como enfrentamientos armados” no puede ser admitido: las propias “pruebas” que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente. Creo que este es un punto fuerte de la imputación plasmada en la resolución. De ahí el énfasis en detallar en cada caso estos aspectos. En suma, lo que surge de este centenar de expedientes es la puesta en marcha de un exterminio por goteo, con una estrategia de impunidad muy clara, a partir de la fabricación de falsos enfrentamientos (una práctica que luego va a continuar en democracia) y de la apropiación de la averiguación de la verdad posterior por parte de estos CGEE, que venían a ser una suerte de tribunales de no-verdad y de no-justicia. Tribunales que, en vez de orientarse a descubrir la verdad y hacer justicia, actuaban en un sentido exactamente opuesto. La Justicia del Estado de Derecho no puede mantenerse indiferente frente a este estado de cosas, y este procesamiento va en ese camino.