lunes, 29 de abril de 2013

Avanza en Salta la demolición de un monumento cuya construcción fue ordenada por Videla

Un edil salteño lo consideró, irónicamente, "un homenaje al Plan Cóndor"

    Obreros municipales atacan con martillos el vértice de la absurda pirámide edificada en tiempos de la dictadura.
    El adefesio que mandaron a construir Videla y Bussi en su esplendor. A la impugnación ideológica habría que añadirle la impugnación estética.
 
Salta.- El denominado monumento al Combate de Manchalá, que se encuentra en la capital salteña y que era considerado una reivindicación al Plan Cóndor, se está demoliendo por un pedido formulado por el Concejo Deliberante salteño al gobierno nacional. "Celebro la remoción del monumento porque es un mensaje para los jóvenes que nos muestra que el Estado nunca más debe aniquilar a los disidentes, sino ser el primer garante del cumplimiento de nuestra Constitución", expresó hoy a Télam el concejal Martín Avila, del frente peronista denominado Memoria y Movilización. El edil de la capital salteña fue el autor del proyecto aprobado en el Concejo Deliberante local, mediante el cual se le solicitó al gobierno nacional la remoción de esta estructura, en la que por estas horas trabaja un grupo de obreros.
"El monumento significó la reivindicación del terrorismo de Estado, del Plan Cóndor y era un homenaje al fraticidio, a la muerte de argentinos por argentinos", consideró Avila, al referirse a este combate, que fue parte del denominado "Operativo Independencia".

El Combate de Manchalá ocurrió el 28 de mayo de 1975, en una escuela situada en los montes de Manchalá, cerca de la localidad tucumana de Famaillá, donde se enfrentaron miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con soldados del Ejército Argentino.

Curiosamente, el monumento está ubicado en el escuadrón del Batallón M5 de Ingeniería, en el predio que el Ejército Argentino posee en Salta, sobre la avenida Arenales, en la zona noroeste de la capital salteña, a casi 500 kilómetros de donde ocurrió el combate.

En un artículo recientemente publicado en las redes sociales, Avila reveló que en el operativo Independencia se dio, entre otros, el aberrante hecho de que la escuela ubicada en Famaillá, Tucumán, que se había terminado de construir en diciembre de 1974, se utilizó como centro clandestino. Ese establecimiento -dijo- "se empezó a utilizar, en vez de un centro educativo, como un centro clandestino de detención, en donde pasaron cerca de dos mil argentinos de los cuales casi la totalidad hoy están desaparecidos o asesinados, y fueron desaparecidos por los propios integrantes del Estado terrorista".

Recientemente, por una orden del Ministerio de Defensa de la Nación, se retiraron las imágenes del mundo y el águila que formaban parte del monumento, que supuestamente se levantó para recordar a los conscriptos salteños que se enfrentaron con fuerzas del ERP ese 28 de mayo de 1975.

Actualmente, los obreros demuelen la pirámide de ladrillos que formaba parte de esta estructura. El monumento tenía un cóndor en su parte superior, sobre una mundo apoyado en una pirámide, con América Latina y la Argentina demarcada en rojo. "Deberíamos ser bastantes ilusos para pensar que el mundo que tenía el monumento mencionado, en donde se demarcaba América Latina y la Argentina coloreadas de rojo, era solo un adorno y no un homenaje al Plan Cóndor, ademas de ser un monumento que evoca el fratricidio", expresó Avila en su artículo. En este sentido, el edil agregó: "Por algo, a ese monumento lo mandó a construir el mismo dictador Videla en 1978, y fue inaugurado en 1981".

martes, 23 de abril de 2013

Empresarios preocupados por el avance de causas por crímenes cometidos en la dictadura

Se trata de compañías locales e internacionales que temen al pago de indemnizaciones. Fallo de la Cámara: consideran que los reclamos laborales no prescribieron Minera Aguilar tiene más de 70 años en el país y produce zinc y plomo

Pablo Waisberg


Los últimos pasos de la justicia federal para esclarecer los crímenes de la última dictadura generaron preocupación en un grupo de empresarios, que temen por las condenas penales y por la posibilidad de demandas civiles que deriven en indemnizaciones. Se trata de varias compañías nacionales e internacionales que están siendo investigadas por distintos tribunales federales, que en los últimos meses aceleraron los procesos.

La decisión del juez federal Fernando Poviña, que este miércoles le tomará declaración a Eduardo López, que fue jefe de Personal de Compañía Minera Aguilar y está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos, generalizó el temor de que la Justicia avance sobre niveles directivos y no sólo sobre los accionistas.

Además del temor por la responsabilidad penal, hay preocupación por la asociación de las empresas con los delitos de lesa humanidad que “afectan la reputación” de la marca, reconocieron a Bae Negocios diversas fuentes sobre lo que se discute en Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, Astilleros Astarsa y Las Marías. Algunas de ellas fueron vendidas y están en manos de nuevos grupos económicos como el caso de Loma Negra, que quedó bajo control de la brasileña Camargo Corrêa y allí “se evaluó la posibilidad de cambiar el nombre”, aunque finalmente no prosperó.

“No se espera que nadie vaya preso. Aun si hubiera condena, todos los acusados son gente muy mayor”, dijo una fuente, pero detalló: “Lo que preocupa es que de la responsabilidad penal se pase a la responsabilidad civil y de allí a una indemnización”.

Esa preocupación no es sólo un fantasma: existe un fallo de la cámara laboral que determinó la imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un obrero desaparecido en una metalúrgica.

En los últimos días, los pasos que dio el juez Poviña volvieron a generar cierta incomodidad. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 2, de Jujuy, procesó a un gendarme que fue jefe del operativo para secuestrar a 27 obreros –Jorge Borges do Canto– y ahora citó al ex jefe de Personal de Aguilar, la compañía minera más antigua de la Argentina. La declaración se hará por videoconferencia porque López vive en Buenos Aires, precisó una fuente judicial.

“La decisión de Poviña no pasó inadvertida para nadie porque es el juez que procesó a Carlos Pedro Blaquier en la causa por lo ocurrido en el Ingenio Ledesma”, indicó una de las fuentes, y señaló que otros de los nombres que generan molestia entre los empresarios es el del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que fue creada en el 2007 y encabezan Jorge Auat y Pablo Parenti.

Por su parte, Parenti señaló que para que se pueda responsabilizar a las empresas es necesario probar concretamente la relación entre los secuestros –como ocurrió en Minera Aguilar– o desapariciones –como pasó en Ledesma– y el accionar de la empresa. “Sin embargo, cuando se avanza en las causas de ese tipo se pueden revelar cosas nuevas, pero para eso es necesario que los expedientes avancen y eso era lo que no ocurría en Jujuy, por ejemplo”, indicó el fiscal.

“Lo que muchas veces ocurre es que se logran vencer las resistencias para investigar a las fuerzas armadas o de seguridad y aparece la resistencia para investigar a los civiles y a las empresas. Y eso no es independiente de que esas empresas sigan siendo poderosas. En algunos casos tienen una situación muy comprometida porque los delitos se cometieron en pueblos que prácticamente dependían de ellas, como es el caso del Ingenio Ledesma o de Minera Aguilar. En estos casos la hipótesis que se investiga es que hubo una participación activa de integrantes de estas empresas en la represión ilegal. Esto es parte de lo que hay que determinar y juzgar”, agregó Parenti.


Consideran que los reclamos laborales no prescribieron

A principios del año pasado, la Sala V de la cámara laboral emitió un fallo donde determinó la imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un trabajador de Techint que fue secuestrado en la planta de Campana durante la última dictadura cívico-militar. La decisión tiene la firma de Enrique Arias Gibert, María García Margalejo y Oscar Zas y habilita a los familiares a reclamar una indemnización.

Según entendieron los camaristas en la causa “Ingenieros, María Gimena c./Techint S.A. Compañía Técnica Internacional s./accidente - Ley especial”, el secuestro de Enrique Roberto Ingenieros contó con la participación de la empresa. En la causa se detalló que el 5 de mayo, Ingenieros estaba trabajando y fue convocado a la Oficina de Personal porque supuestamente lo había ido a ver un familiar, pero fue secuestrado y pasó a integrar la lista de desaparecidos.

La hija del operario reclamó la indemnización, pero Techint argumentó que la causa se inició treinta y un años después del secuestro y pidió la prescripción. El juez de primera instancia aceptó el planteo de la metalúrgica que encabeza Paolo Rocca, pero la hija de Ingenieros argumentó que “la acción intentada es la consecuencia directa de un delito de lesa humanidad que, por tanto, resulta imprescriptible”, según detalló Diario Judicial.

Finalmente, la cámara laboral entendió que “la imprescriptibilidad afecta, entonces, no sólo a quienes efectivamente realizaron el crimen de lesa humanidad sino a sus coautores, cómplices o instigadores, cualquiera sea su grado de desarrollo”. Y eso alcanza “tanto a la acción penal como la civil [porque] emanan de una misma situación de hecho: el delito de lesa humanidad, razón por la cual los principios aplicables en materia de prescripción deberían ser los mismos y cualquier distinción sería inconsistente”.

Además, los camaristas citaron que “las empresas de la Alemania nazi que se beneficiaron con la utilización de trabajo esclavo durante el Tercer Reich, debieron abonar compensaciones a los deudos de las víctimas”.

lunes, 22 de abril de 2013

Nuevas revelaciones sobre el inicio del Plan Cóndor en la Argentina

Un testimonio de primera mano describe el comienzo de la represión coordinada a un mes de la muerte de Perón

Nacido en Uruguay y radicado en Buenos Aires, Andrés Correa fue secuestrado el 30 de agosto del '74, antes del estado de sitio de Isabelita. Era funcionario nacional. Lo torturaban represores de su país. Después, pasó un año preso en Devoto.
 

Por: Carlos Romero

 Andrés Alberto Correa –"Perico", para los amigos– nació en 1948 en La Unión, un barrio popular de Montevideo. A los 17 años, dejó Uruguay y se afincó en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para quienes el 30 de agosto de 1974 lo secuestraron en la localidad bonaerense de San Miguel, Correa era un uruguayo más, y por eso los represores argentinos compartieron la faena de la tortura con sus pares llegados especialmente del otro lado del Río de La Plata.
Hacía un mes que había muerto Juan Domingo Perón y la presidencia estaba en manos de su viuda, María Estela Martínez, con la sombra funesta de José López Rega como telón de fondo. Existía en la Argentina un gobierno constitucional y faltaba casi un año y medio para el golpe. Sin embargo, ya comenzaba a desplegarse ese aparato represivo de escala continental que luego se conocería como Plan Cóndor. Un mecanismo de pinzas que, con el tiempo, iría conjurando a todas las dictaduras sudamericanas en el exterminio sin fronteras de sus rivales políticos.
A principios de 2102, la justicia estableció que el 6 de noviembre del '74, fecha en que Isabelita dictó el estado de sitio, empezaron a darse las "condiciones de posibilidad" para el accionar del Plan Cóndor en el país. Pero a Correa lo "chuparon" 69 días antes, y después de someterlo a vejámenes e interrogatorios, sus verdugos –por momentos argentinos, por momentos uruguayos– lo dejaron en manos de la policía. Una vez "blanqueado", estuvo preso un año en la cárcel de Devoto y al recuperar la libertad todavía restaban varios meses para que los militares y sus socios civiles tomaran el poder.
La historia de Correa es parte de una secuencia de operativos conjuntos que derivaron en los asesinatos de otros tres jóvenes uruguayos: Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, en hechos relatados por Tiempo Argentino en su edición del 9 de septiembre de 2012 (ver aparte). En estos casos, también fechados antes del Estado de sitio, las víctimas fueron secuestradas por un grupo de tareas al mando, según testigos, del comisario motevideano Hugo Campos Hermida.
Al ser detenido, Correa tenía 26 años. Era profesor de Filosofía y funcionario del gobierno nacional en la Dirección de Educación del Adulto (DINEA). Formado desde joven en la fe católica, había cursado el seminario con los Padres Pasionistas y participó del Movimiento de Curas Tercermundistas, aunque nunca se ordenó como sacerdote por sus diferencias con la jerarquía religiosa. Durante la dictadura de Lanusse, se vinculó con Montoneros y Tupamaros, pero cuando Perón, desde el exilio, pidió pasar de la Resistencia a la construcción de las bases para el futuro gobierno de Héctor Cámpora, se sumó a ese sector de la JP abocado a la formación de cuadros técnicos, dejando de lado la opción de la lucha armada.
El día en que lo secuestran, regresaba de un viaje a Paraná y desde el Ministerio de Educación –del que dependía la DINEA–le avisaron que lo buscaba la policía. Agentes de la Federal y del Ejército habían allanado en Moreno una casa que fuera suya, donde dijeron haber descubierto una "cárcel del pueblo".
Mientras se dirigía a la comisaría de la zona para presentar el boleto de compra-venta y demostrar que desde agosto de 1973 esa propiedad ya no le pertenecía, fue interceptado por varios autos con personal de civil. "Cuando me agarran, me dicen que me estaban siguiendo hacía tres meses", remarcó Correa. Lo acompañaba su amigo Francisco Strizzi, que también trabajaba en la DINEA, fue capturado y viviría los mismos vejámenes. "Estoy seguro que el secuestro lo hicieron policías de la Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, gente de la Triple A y del Ejército", sostuvo en la declaración que en 2007 brindó a las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.
Su cautiverio duró 19 días y, en algunos de los varios lugares por los que pasó, pudo reconocer la voz de represores uruguayos, a quienes los argentinos llamaban "los de la Interpol". En diálogo con este diario, Correa relató: "Venían y te decían 'ahora te van a interrogar tus compatriotas'. Por la forma de hablar, enseguida te dabas cuenta de que eran uruguayos. Eran dos o tres y te daban la misma picana. Trabajaban igualito".
Ya por entonces, sin importar la procedencia, los uniformados supieron combinar los negocios con la doctrina de seguridad nacional. "Los uruguayos me torturaban convencidos que yo sabía sobre el nombre de los que habían secuestrado a un empresario italiano y sobre el dinero del rescate, de lo que no tenía la menor idea", detalló Correa, que hace varios años está radicado en Viedma, Río Negro, donde combina la militancia política con el cuidado de una chacra familiar (ver aparte). Con su testimonio y otros elementos que está recopilando junto a un grupo de abogados, espera poder presentarse en breve a la justicia, en el marco de los expedientes donde se investigan los delitos cometidos por el Plan Cóndor y la Triple A.
Estima que lo trasladaron, al menos, a cinco sitios diferentes. "Siempre estuve encapuchado, pero por abajo he visto botas del Ejército y gente de la policía", explicó. Mientras era sometido a tormentos, le preguntaban sobre sus contactos y las actividades realizadas en su antigua casa. Cada tanto, alguien, posiblemente un médico, lo revisaba para ver si podía seguir soportando el castigo.
Cuando lo secuestraron, llevaba consigo una libreta de teléfonos, con "apellidos de familiares, amigos, funcionarios de gobierno, militantes conocidos". Por cada persona que encontraban en la agenda, lo picaneaban y le pedían información. En esas páginas estaba el nombre de Daniel Banfi, a quien había conocido en épocas de noviciado y que luego sería asesinado junto a Jabif y Latrónica. "Días después de mi detención, me dicen que me van a dejar saludar a un amigo. Supe que era Daniel, porque le reconocí la voz y porque le llamó por mi apodo, Perico", contó Correa.
También tiene presentes a otros de sus compatriotas: los verdugos. "En una de las sesiones, se presenta gente de Uruguay, que me tortura y pregunta por personas uruguayas. Estaban totalmente organizados, había una movida sincronización de trabajo. Nos decían, 'bueno, ahora los va a interrogar la Interpol', que es justamente como le decían al Plan Cóndor."
Por último, lo trasladaron a "un edificio viejo, de ventanales altos, puede ser una comisaría". En una oficina, dos o tres personas le dijeron que se había "salvado", que le iban a sacar la capucha y que ellos se iban a cubrir el rostro. Le anticiparon que sería entregado a un juez, "pero que tenía que firmar todas las hojas que estaban en el escritorio, donde supuestamente reconocía que no había sufrido ningún maltrato". Además, le aconsejaron que se fuera del país.
El 18 de septiembre del '74, fue liberado junto a Strizzi y, acto seguido, los detuvo la Bonaerense. Correa no tiene dudas sobre la connivencia: "Nos atan a un árbol en los suburbios de Moreno –precisó–. Inmediatamente, ahí nomás, mediando 50 metros de distancia, apenas nos deja el Falcón o la camioneta de ellos, aparece la policía, que se hacen los boludos, nos desatan, nos sacan la capucha y nos meten incomunicados."
Antes, mientras estuvo desaparecido, el 5 de septiembre el diario La Razón difundió el Comunicado N° 3 de la Triple A, donde una autodenominada unidad de combate "Darwin Pasaponti" (sic) se atribuía su captura, lo acusaba de un accionar "antinacional y antipopular, al servicio de movimientos subversivos", lo dejaba en manos de "las autoridades argentinas para ser juzgado" y le advertía que "si posteriormente continúa con su accionar subversivo, será inmediatamente ejecutado, al igual que los miembros de su familia".
Junto a esta amenaza, se enteró de que pesaba en su contra una orden de captura por parte del juez federal Jorge Luque, de San Martín, porque luego de allanar su ex vivienda, la Secretaría de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA) sostuvo que "era utilizada como reducto, fabricación de explosivos, acondicionamiento de armas y centro de operaciones" por "elementos" del ERP, Tupamaros y otras organizaciones.
Por un año, Correa permaneció preso e incomunicado. "En condiciones similares a las anteriores, pero sin torturas", describió. El juez Luque lo sobreseyó el 27 de agosto y el 31 salió de la cárcel. A los pocos días, frente al recrudecimiento de la represión clandestina, él y su esposa, María Rosa Ilari, emprendieron el exilio interno. Se recluyeron en Bariloche, aceptando el ofrecimiento de una familia amiga.
Debieron pasar tres décadas antes de que, gracias a la ayuda psiquiátrica y el apoyo de sus amigos y familiares, Andrés Correa pudiera contar lo que le tocó vivir. A pesar del tiempo transcurrido, las cicatrices –las visibles y las otras– aún siguen sanando. «
 
los "seminaristas parias" y bergoglio
 
A sus 65 años, Andrés Correa tiene "el día partido": mitad para las labores de su chacra en Viedma y mitad para seguir despuntando el hábito de la militancia política.
Casado con María Rosa Ilari –con quien tuvo cuatro hijos varones–, reserva las noches para escribir sobre cuestiones "de corte filosófico, político y religioso". Por estos días, trabaja sobre alguien a quien conoció en sus años de seminarista y que hoy es el Papa de la Iglesia Católica.
Formado desde su pubertad con los Padres Pasionistas e instruido por los jesuitas, conoció a Jorge Bergoglio en 1968 en el seminario mayor en San Miguel, donde el actual Sumo Pontífice era un estudiante avanzado que impartía cursos en la Facultad de Filosofía y Teología, en el Colegio Máximo.
Sobre su recuerdo de Bergoglio, Correa hizo una descripción breve y clara: "Se mantendría siempre a cierta distancia de nuestra militancia política y pastoral."
Por entonces, cientos de alumnos iniciaron una crítica interna. "Éramos los 'seminaristas parias', rechazados por las autoridades eclesiásticas", contó Correa, que nunca se pudo ordenar sacerdote.
 
los tres jóvenes uruguayos asesinados
 
El 30 de octubre de 1974, los cadáveres de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica aparecieron enterrados en un campo de San Antonio de Areco, con heridas de bala y cubiertos de cal viva. Los tres eran uruguayos y habían sido secuestrados 50 días antes, en dos operativos de los que, según testigos, participó personal vinculado a la Policía Federal y represores llegados del otro lado del Río de La Plata.
La prensa local y las autoridades atribuyeron los asesinatos a la Triple A. De hecho, así es como hoy están encuadrados judicialmente, después de que en 2006 se los integrara a esa causa.
Sin embargo, junto al caso de Andrés Correa, el de estos tres jóvenes –Latrónica tenía 25 años; Banfi, 24; y Jabif, apenas 22– es otro antecedente de una operación conjunta realizada en el país por el Plan Cóndor antes del Estado de sitio dictado el 6 de noviembre del '74.
En la madruga del 13 de septiembre, unos diez hombres de civil que se identificaron como policías federales ingresaron al departamento de Aurora y Daniel Banfi, en Haedo. Los dueños de casa reconocieron al cabecilla: el comisario uruguayo Hugo Campos Hermida, abocado a la represión política a través del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Ese día, en la casa de Haedo también fueron secuestrados Latrónica y otro uruguayo, Rivera Moreno. Campos Hermida –muerto en 2001– les preguntaba por Correa, al que habían detenido dos semanas atrás.
Horas después, un grupo irrumpió en una vivienda de Palermo, de donde se llevaron a Jabif, ante la mirada de su mujer, Alicia Dubra. La medianoche del 12, hombres armados en un Ford Falcon habían levantado en el barrio de Once a Nicasio Romero, también uruguayo.
De las cinco víctimas de este raid de secuestros, sólo Romero y Rivera Moreno serían luego liberados.
Para Meloni y Dubra no hay dudas: "Claramente, estos hechos, por sus características, están dentro del Plan Cóndor”. Por eso, en 2012 Dubra declaró ante la Fiscalía que sigue ese expediente, para que sean incluidos los casos de su esposo, de Banfi y Latrónica. La fiscalía, a cargo del Miguel Ángel Osorio, aún no tomó una decisión.
 
PFA - Asuntos Extranjeros El caso de esa unidad de la Federal, que reprimió a chilenos y uruguayos, podría ser clave.
 
Fuente: Tiempo Argentino

Amistades peligrosas : Massera quería matar a López Rega

Según consignan numerosos cables secretos revelados por wikileaks
En contactos con EE UU, Massera sugirió a la CIA que matara a López Rega
El dictador mantuvo encuentros con la diplomacia estadounidense a partir de 1975. Su encono hacia el "Brujo" y la mirada sobre Isabel Perón.

Por: Gerardo Aranguren y Javier Borelli
El jefe de la Marina expresa sus sentimientos anti López Rega", se tituló el cable secreto de la embajada estadounidense de fecha 30 de junio de 1975, en el que se revela el encono personal que mantenía Emilio Massera con el ministro de Bienestar Social y que lo llevó, incluso, a bromear con su asesinato. Todavía faltaban nueve meses para que Massera integrara la Junta Militar y se convirtiera en uno de los hombres más poderosos y temibles de la Argentina, pero ya era el jefe de la Armada e impulsaba el acercamiento de las tres armas con la delegación de Washington. Este acercamiento era también recomendado por la Cancillería estadounidense, en manos de Henry Kissinger desde noviembre de 1973, como lo confirmaron los cables difundidos el lunes pasado por este diario y lo demuestran los numerosos encuentros y cables difundidos por WikiLeaks.
A mediados de 1975, durante los últimos meses del gobierno de la viuda de Perón, Massera visitó la Embajada de España en Buenos Aires para una cena en su honor. "En una conversación antes de la cena, el almirante Massera comentó sobre la crisis a la que se enfrenta el gobierno de la señora de Perón y cómo el ministro de Bienestar Social, José López Rega, le oculta a ella información vital", relató Joseph Montllor, segundo de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en un despacho enviado a la Secretaría de Estado estadounidense.
"Massera dijo que cuando se reúne con ella, cada vez que trata de darle información objetiva, la entrevista es interrumpida por López Rega", señaló el funcionario. El marino describió al "Brujo" como "un hombre ignorante, que no tiene ningún conocimiento económico", y en una profecía autocumplida, vaticinó: "Su influencia está llevando a la Argentina al momento más oscuro de su historia."
Al parecer, las duras críticas de Massera, quien mantenía una relación cercana con la viuda de Perón, asombraron a sus interlocutores porque inmediatamente aclaró que López Rega conocía bien lo que pensaba sobre él y que su mala relación no era ningún "sentimiento secreto".
El cable, de apenas una página, continúa describiendo la charla durante la cena en la embajada española. "Un argentino que participaba de la conversación dijo en un tono jocoso que, como la CIA es acusada de todo, podríamos descubrir que también está detrás de los problemas de Argentina. En ese momento, Massera comentó con ironía que si la CIA estaba en el negocio de los asesinatos, él tenía un candidato de primera", escribió Montllor.
La frase, que a la luz de los métodos que usaría meses después el jefe de la Marina adquieren un tono siniestro, fue reafirmada horas después cuando, al salir de la embajada con su esposa, le dijo al funcionario estadounidense: "No te olvides de la CIA y mi candidato."
El despacho cierra con un análisis de Montllor sobre el vínculo de Massera, López Rega y la entonces presidenta Martínez de Perón. "Por la forma descuidada en la que se expresó, Massera mostró que no necesita de López Rega, no le tiene miedo y desea que el ministro de Bienestar Social deje la escena pronto y de manera permanente. No habló con el mismo desprecio hacia la señora de Perón, pero la ve como una víctima de la influencia de López Rega, de la cual no puede o no desea librarse", comentó. 
Apenas 11 días después del encuentro, López Rega renunciaría al Ministerio de Bienestar Social y, poco después, se iría del país tras el Rodrigazo, como se conoció al duro ajuste que también le costó el puesto al ministro de Economía Celestino Rodrigo.
Pero la aparición de Massera en la Embajada de España no es el primer contacto que mantuvo el marino con la diplomacia estadounidense. El 11 de diciembre de 1973, la embajada hace un seguimiento de su nombramiento como comandante en jefe de la Armada a través de un editorial de Claudio Escribano, del diario La Nación, en el que se describe a Massera como el "mal menor" para Perón dentro de la fuerza y que funcionaría como "punto de contacto" entre el peronismo y la Armada.
Dos años después, ya muerto Perón, el 14 de marzo de 1975, el embajador se refiere a Massera como "demasiado cercano" a la presidenta María Estela Martínez de Perón y señala el descontento de la Marina con esa relación, aunque aclara: "Que la señora de Perón ya no cuente con apoyo de los militares no significa que ya estén preparados para hacer un movimiento contra ella."
El 26 de julio, Hill volvió a encontrarse con Massera en una cena que organizó en su honor en su residencia. El embajador dijo estar "sorprendido" de los dichos del marino, quien le adelantó que las Fuerzas Armadas estaban determinadas a conseguir la renuncia del canciller Alberto Vignes luego de la salida de López Rega, Rodrigo y Raúl Lastiri. También relató: "El almirante Massera aseguró de manera categórica que no tenía ambiciones políticas personales. De hecho, está preparado para perder su trabajo como resultado de su participación en esos problemas."
Meses después, el jefe de la Armada entraría en la historia como integrante de la dictadura más sangrienta y, justamente por sus ambiciones políticas, comenzaría a chocar con Videla por sus diferentes posturas.   
Uno de los últimos cables referidos a Massera en los documentos difundidos por WikiLeaks es un encuentro que mantuvo con la prensa extranjera. "En palabras coloridas, que provocaron fascinación en los corresponsales extranjeros, Massera dijo que ni él ni Videla son Al Capone y que este gobierno no es una mafia", comentó Hill el 1 de octubre de 1976 y finalizó: "Massera y su personal estaban de ropa de civil. El ambiente era amistoso, de apertura, y (se produjeron) discusiones encendidas sin restricciones excesivas en ninguno de los lados. Él habló siempre de la 'Junta' y no del Presidente o el Gobierno." «


Los ford falcon y el trabajo "encubierto"
Con una frase al pasar, al informar sobre una compra de equipamiento para la persecución del narcotráfico en Argentina, el embajador estadounidense Robert Hill describió como “muy adecuado para el trabajo encubierto” al modelo ‘Falcon’ de Ford, que se convertiría en los siguientes años en símbolo de la represión clandestina.
El cable firmado por Hill, de fecha 25 de octubre de 1974, se titula “Equipamiento para reforzar Narcóticos (de la Policía)”. Allí el embajador requiere permiso para comprar en Argentina automóviles para la Policía Federal y Gendarmería en el marco de un acuerdo interestatal para dar seguimiento a presuntos narcotraficantes ya que, explica, “los autos extranjeros no pueden ser importados salvo a través de los privilegios diplomáticos”.
Para la Policía Federal requiere seis “Ford Falcon Standard” de cuatro puertas y seis cilindros y describe que el Falcon producido en la Argentina es el equivalente al modelo 1960 de los Estados Unidos. El costo de los vehículos: 4300 dólares por unidad.
“Los vehículos serán usados para trabajo clandestino y vigilancia. El Ford Falcon producido en el país es un auto muy común en la Argentina y muy adecuado para el trabajo encubierto”, señaló Hill. Y agregó: “Un intento de usar autos hechos en el extranjero sería peor que contraproducente ya que los traficantes los identificarían inmediatamente.”
Como explica el cable, por su masividad el Falcon (en su mayoría de color verde) fue el vehículo más utilizado por las fuerzas represivas antes y durante la última dictadura para realizar operativos clandestinos de secuestro de personas. 


La teoría de pegar "debajo del cinturón"
Menos de un mes después del golpe, Emilio Massera almorzó con el embajador estadounidense. No fue solo, sino que lo acompañaron varios ministros y secretarios: José María Klix (Defensa), Juan Alemann (Hacienda), Guillermo Klein (Coordinación Económica), entre otros. “Massera se mostró moderado en el tema Derechos Humanos, pero otros en la mesa parecían favorecer una línea más dura. Cuando les pregunté qué pasaría con los miembros del gobierno anterior detenidos, Massera contestó que cada uno está siendo investigado y, de ser necesario, serán juzgados. Alemann, sin embargo, agregó que debía recordar que  todas esas personas son criminales”, relató Robert Hill.
El embajador señaló que toda la mesa estuvo de acuerdo en que “la lucha contra el terrorismo debe ser perseguida vigorosamente”. Y destacó: “El ministro Klix fue más allá. Insistió en que debían ser fanáticos para defender fanáticos y observó que si el otro lado pega debajo del cinturón, también debemos hacerlo nosotros.” Al finalizar el cable, el diplomático dejó “abierto a interpretación” la verdadera intención de los dichos del ministro “pero está claro que Klix no es tan prudente ni cercano a las leyes como Videla”, consideró.


Impresiones

Juan Domingo Perón
"Perón me dio la impresión de estar enteramente lúcido, absolutamente encantador y mucho más vigoroso y saludable en apariencia que lo que han sugerido algunos informes recientes", describió el embajador de los Estados Unidos en Argentina, John Davis Lodge, el 5 de octubre de 1973. Poco más de un mes después, su remplazante Robert Hill, advertiría en otro cable sobre "el serio estado de salud de Perón" y haría planes sobre las posibles líneas de acción ante su eventual muerte.

Jorge Rafael Videla
"Videla está por el momento en una posición suficientemente fuerte para mantener en línea a los duros e imponer un enfoque moderado. El golpe, que culminó en la madrugada del 24 de marzo, puede definirse ahora como de carácter moderado", opinó Hill el día que derrocaron a Martínez de Perón.

María Estela Martínez de Perón
Para el embajador Robert Hill, "la señora de Perón todavía tiene una apariencia frágil y desmejorada (…) tenía un herpes labial y manchas en su rostro, lo que podría indicar un mayor nerviosismo", señaló el 31 de julio de 1974, casi un mes después de la muerte de Perón.

viernes, 12 de abril de 2013

Cuatro militares implicados en el asesinato de Víctor Jara: ¡¡en libertad bajo fianza!!

Cuatro exmilitares acusados de su complicidad en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara recibieron el beneficio de la libertad bajo fianza mientras dure el proceso judicial en su contra.

La libertad condicional bajo fianza fue concedida por la justicia chilena a cuatro exmilitares acusados de complicidad en el asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973, informaron fuentes judiciales.

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la excarcelación de los exmilitares Edwin Dimter, Nelson Hasse, Raúl Jofré y Luis Bethke, mientras dure el proceso.
Los cuatro habían sido detenidos el pasado diciembre, señalados de ser cómplices del asesinato de Víctor Jara, ocurrido pocos días después del golpe de Estado que instaló la dictadura de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Jara fue torturado y luego acribillado con 44 balazos.
... El juez titular del caso, Miguel Vázquez, procesó esa vez a los exmilitares Hugo Sánchez y Pedro Barrientos como autores materiales del crimen, y a Roberto Souper y Jorge Smith, también como cómplices.
"La libertad bajo fianza de cuatro de las personas involucradas es simplemente aprobar lo que el ministro instructor de la causa ha estimado que era ya posible", comentó el abogado querellante, Nelson Caucoto, sobre el avance del proceso, que aún debe ser ratificado por la Corte Suprema.
"La fundación y la familia estamos tranquilos. Sabemos que la libertad bajo fianza es parte del proceso. Que pueden estar en libertad esperando lo que va a ocurrir (en las instancias superiores de justicia)", señaló de su lado Gloria König, directora de la Fundación Víctor Jara.
Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar contra el presidente Salvador Allende y fue trasladado hasta el Estadio Nacional, convertido en centro de torturas y crímenes de la dictadura de Pinochet. Este recinto hoy lleva su nombre.

En ese estadio el cantante, quien también era director teatral, fue torturado por los militares por su militancia comunista y su defensa activa del programa de Unidad Popular que encabezó el fallecido presidente socialista Salvador Allende. Sus compañeros de reclusión fueron testigos de las heridas que causaron las torturas hasta que desapareció desde las tribunas del local deportivo.

Su cadáver mutilado y con decenas de impactos de bala fue arrojado en un suburbio y luego trasladado a la morgue capitalina, donde pudo finalmente encontrarlo su viuda, la bailarina y coreógrafa británica Joan Turner.
En el 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el encarcelamiento del exsoldado José Paredes, quien fue acusado del asesinato del cantante.
teleSUR-AFP/MM

lunes, 8 de abril de 2013

Debe respetarse un sitio sagrado indígena

(AW) La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, resolvió en favor de una medida cautelar presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga a un particular a respetar el sitio sagrado de una comunidad mapuche.

La Justicia de Neuquén protegió territorio mapuche sobre la base de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la primera vez que un tribunal de Argentina se atiene en materia indígena a una decisión de la CIDH

La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.

En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.

"La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (...) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado", recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.

Y recuerda que "la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad".

Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. "El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales" explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.

La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh "La Primavera" de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).

Fuente: ODHPI
Enlace: http://odhpi.org/2013/04/fallo-judicial-protegio-territorio-mapuche/

viernes, 5 de abril de 2013

Justicia por Campomar

SÁBADO 6 DE ABRIL. 16hs. CAMPOMAR

Durante la dictadura cívico-militar la ex fábrica Campomar, en Valentín Alsina, funcionó como centro clandestino de detención, tortura, fusilamiento y tal vez, enterramiento de cuerpos. Exigimos que se cumpla la ley investigando y difundiendo lo que pasó aquí en la noche más terrible de nuestra historia. Con ese sentir, este sábado 6 de abril, a las 16hs. colocaremos una plaqueta en la vereda de la ex-Campomar, av. Remedios de Escalada 3300.

Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia.

vecinosdelanusporlamemoria@gmail.com / facebook Justicia por Campomar

jueves, 4 de abril de 2013

Los guaraníes atrapados en una “isla” celebran una victoria territorial

Los guaraníes celebran el avance en sus derechos territoriales.

Una comunidad guaraní de Brasil está de celebración porque el Gobierno ha reconocido su territorio como indígena, para su uso exclusivo.

Los 170 miembros de la comunidad Pyelito Kue / M’barakay, que viven en una “isla” entre un río y una plantación de soja, pueden ahora quedarse en una parte de su territorio ancestral hasta que el proceso de demarcación formal se complete.

Un portavoz de la comunidad dijo a Survival: “Estamos muy contentos. Hemos estado luchando por nuestra tierra, porque es nuestra. Mi abuelo está enterrado aquí. Hemos sido amenazados por los ganaderos, pero no nos rendimos; seguiremos fuertes porque necesitamos esta tierra”.

Otro hombre guaraní dijo: “Este es un primer paso para nosotros. Es una victoria. Necesitamos nuestra tierra para poder sembrar y que nuestra comunidad pueda desarrollarse y crecer”.

Este éxito viene después de una declaración internacional de los guaraníes en la que indicaron que preferirían morir a ser trasladados fuera de sus tierras.

Los guaraníes han sufrido varios ataques brutales desde que volvieron a ocupar esta parte de su territorio en agosto de 2011.

La tierra de los guaraníes fue ocupada por los ganaderos en la década de 1970, lo que obligó a los indígenas a vivir en reservas masificadas en condiciones deplorables.
Los guaraníes se ven obligados a cruzar un peligroso río para obtener los suministros de alimentos.
Los guaraníes se ven obligados a cruzar un peligroso río para obtener los suministros de alimentos.

La violencia e intimidación ejercida por los pistoleros de los ganaderos han obligado a los guaraníes a la encrucijada de tener que atravesar un peligroso río con un fino cable, para obtener suministros de alimentos.

Los guaraníes instan ahora al Gobierno a que complete el proceso de demarcación lo antes posible y les permita vivir en sus tierras ancestrales, donde pueden plantar cultivos y dejar de estar expuestos al riesgo constante de la violencia, el gobierno de Brasil está legalmente obligado a acceder a esta demanda.

lunes, 1 de abril de 2013

4 de abril Marcha homenaje y por justicia a Carlos Fuentealba

Capital Federal: Marcha de homenaje y por justicia a Carlos Fuentealba

Hora: 17:00

Lugar: Desde el Obelisco (Avdas. Corrientes y 9 de Julio) hasta la Casa de la provincia de Neuquén, Maipú 48.

Motivo: A 6 años del ASESINATO de CARLOS FUENTEALBA, en el marco de la jornada contra la impunidad en nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero.

Reseña: CÁRCEL A SOBICH Y A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES - POR EL TRIUNFO DE LA LUCHA DOCENTE EN TODO EL PAÍS: Por un plan de lucha nacional - Repudio a la represión en Chaco. No a la criminalización de la protesta.

Convoca - Contacto: Trabajadores Docentes de Base - SUTEBA - CTERA, Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, DD.HH, políticas, etc.