viernes, 30 de octubre de 2015

FRENTE AL ASESINATO DE ÁNGEL VERÓN EN CHACO

El 24 de septiembre la organización MTD (no al desalojo), se movilizo en la ruta nacional 11 km 997 (provincia del Chaco) para reclamar a las autoridades locales, la entrega de becas y herramientas las cuales se utilizarían en la construcción de viviendas acordadas en reuniones realizadas con el gobierno de Capitanich.
 
Sin orden judicial se monto un operativo policial con el fin de liberar la ruta, logrado el objetivo comenzó una persecución a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, hiriendo a varios de ellos, como resultado de esta feroz represión detuvieron a Ángel Verón quien fue golpeado, pateado y castigado a culatazos sobre la parte abdominal, en un campo cercano a la ruta.
 
Debido a las heridas recibidas por la golpiza se reabrieron las suturas realizadas tiempo atrás, producto de una delicada operación, en ese marco Ángel fue internado en el hospital zonal de Resistencia, permaneciendo esposado a la cama y con guardia policial.
El cuadro se complicó debido a la desconsideración hospitalaria, que irradio el cuadro de infección en las heridas producidas por la policía, Ángel Verón falleció el lunes 19 de Octubre.

Estamos frente a otro caso de muerte como consecuencia de la
represión a la protesta popular, respaldada e impulsada por el gobierno provincial que justifica y protege al aparato policial chaqueño.

Repudiamos la muerte del dirigente Ángel Verón y exigimos juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la represión, persecución y torturas ocurridas en la ruta 11, durante esa jornada.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA


Organismos de Derechos Humanos nucleados en el EMVyJ

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos
del Pueblo ( LIBERPUEBLO)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

martes, 13 de octubre de 2015

Los vínculos de las grandes empresas con la represión de la dictadura

Huellas de la complicidad

El Banco Central aportó archivos a las causas judiciales que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver),la ca usa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor.

 Por Sebastián Premici

Las investigaciones sobre las complicidades empresarias durante la última dictadura cívico militar avanzan no sólo en la Justicia. Distintos organismos del Estado comenzaron con la apertura de sus archivos. Uno de ellos es el Banco Central, que a partir de la llegada de Alejandro Vanoli abrió una oficina de Derechos Humanos, integrada por cinco investigadores. Hasta el momento, la entidad aportó correspondencia y actas secretas, legajos, y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio en las causas que investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver), la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. El BCRA también está aportando información sobre la deuda externa.

La información de la entidad será de utilidad tanto para la Comisión Bicameral de la deuda externa, como para la recientemente creada para investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad.

El rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a empresas que integran esas asociaciones empresarias.

Tenaris-Siderca y Acindar forman parte de la UIA. En relación con la empresa del Grupo Techint, el primero de octubre fue allanada su planta de Campana a pedido del juez de Zárate-Campana y San Martín en el marco de la causa 4012 (Campo de Mayo) en donde se investiga la desaparición de obreros de la siderúrgica. El allanamiento duró tres días y también abarcó oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. En relación con Acindar, la Justicia también está investigando el rol de la empresa en la desaparición de varios obreros. En este caso, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la entidad, información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía.

“Se puede afirmar que concurren numerosos rasgos comunes en los casos de Acindar y Techint: una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales, con el objetivo de disciplinar a los trabajadores”, puede leerse en el libro Cuentas Pendientes, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Este texto sirvió de base documental y teórica para la creación de la Bicameral parlamentaria.

El Banco Central también entregó información sobre la causa Mackentor, que tramita en Córdoba, como parte del mega juicio de La Perla. El 25 de abril de 1977 el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico de la empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada.

Otro de los ejes de la investigación del Central es la deuda externa. Uno de los principales aportes será la publicación de un trabajo realizado por un grupo de peritos contadores que comenzaron a estudiar la legitimidad de la deuda en 1984. Otro de los capítulos vinculados con la deuda son los Bonos de Absorción Monetaria (BAM). La entidad está analizando cómo el grupo Gotelli y Antuña, dueños del ex Banco de Crédito Rural, adquirían préstamos del Central para financiar exportaciones nunca realizadas, además de hacerse acreedores de bonos entregados por el BCRA. En la actualidad, la compañía Snowy, con sede en Uruguay, es “propietaria” de esos bonos entregados al grupo Gotelli y en 2008 abrió una sucursal en la provincia de Buenos Aires, para demandar el cobro en el país. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto. Esa dirección corresponde al domicilio particular de Mercedes Moreno Kapplenbach, familiar del abogado, militante del PRO y muy cercana a Cornelia Schmidt Liermann, actual diputada macrista, ya que juntas integran la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA).

lunes, 12 de octubre de 2015

DARSE CONTRA UN MURO, El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3 . HIJOS - La Plata

Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.

La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el decanato.

Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto, cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”. A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba sucediendo.

Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.

Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.


Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra. Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de “la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.

NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.

La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres. Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una decisión tomada por pocos.


El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4 lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. El Estado argentino parece necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no cumplió en este gobierno.

La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso fue que Pelaez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Pelaez, fue secuestrado por la Armada el 16 de enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”, dijo Pelaez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA

HIJOS La Plata

lunes, 5 de octubre de 2015

La Iglesia de la Dictadura

A Eugenio Zitelli le llegó la justicia terrenal

El ex capellán de la Policía de Rosario será el primer miembro de la Iglesia procesado por delitos de lesa humanidad que será sometido a juicio oral en la provincia. Fue integrante activo de la patota de Feced en el Servicio de Informaciones y justificó la tortura como método de obtención de información.

– Padre, acá además de gente torturada llega gente violada y no importa la edad. Mi suegra de 54 años fue violada y también chicas de 16 años.

– Un momento, la tortura es aceptable porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones habíamos acordado que no porque están en contra de la moral ¿Usted me autoriza a decírselo al Arzobispo?

– Se lo exijo.

Este fue el diálogo entre María Inés Luchetti de Bettanin, mientras estaba detenida en plena dictadura cívico militar en el Servicio de Informaciones (SI) de Dorrego y San Lorenzo, con Eugenio Zitelli, capellán de la Policía de Rosario, ocasión en la que era miembro activo de la patota del represor Carlos Feced.

María Inés fue secuestrada en enero de 1977 y, como muchas otras detenidas, había pedido un confesor para poder canalizar a través de la fe y la religión el duro momento que estaba viviendo. Desde 1984 viene denunciando el accionar del ex capellán en este Centro Clandestino de Detención (CCD) y su colaboración con las fuerzas represivas. Bettanin hoy es parte querellante en la causa donde Zitelli está procesado por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad, mediando violencia y amenazas, por 14 víctimas.