El tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia”, sigue de pie pese a todo
HIJOS La Plata
El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso a un dinosaurio genocida a conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.
A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia, que abandonó su anterior discurso temerario por la apelación abstracta a la unidad y la “posverdad”, y al que sin embargo subyacen los embates de un aparato represivo cada vez más aceitado contra las mayorías populares. En ese contexto, el estado actual de los juicios a los genocidas, que hace 6 años viene languideciendo por falta de impulso y consolidación, se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella que entre la instrucción de las causas y los debates oral que evidencia el proceso judicial, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, está enterrando la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida.
EL BALANCE
El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2019 el Estado argentino efectivizó 215 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 216 juicios hubo 1.436 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.245 condenas sobre 906 represores y hubo 170 absoluciones por un universo de 7.248 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años de juicios alrededor del 47% del total de los 3.081 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 530 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.081 imputados siguen representando una investigación sobre el 1,5% del total de los responsables y los 906 condenados 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, más del 50% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más de 641 genocidas. Se suma a ello el dato de que unos 1.300 represores imputados en estas causas están en total y completa libertad. Estos datos son confirmados por más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (1)
Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que es reflejado en el Registro Nacional de Casos de Tortura, que detectó sólo en 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios (2) Ante esta realidad se nos invita a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia.
El panorama es complejo y lejos está de modificarse el estancamiento general de estos procesos. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 5 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores. No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. Recién se ha puesto fecha para mayo próximo para el juicio al genocida César Milani, sostenido por el kirchnerismo como jefe del Ejército hasta junio de 2015, por la desaparición en junio de 1976 del soldado Alberto Ledo.
NUEVO ESCENARIO
La llegada del ex abogado de varias multinacionales, Carlos Rosenkrantz, a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca el nuevo escenario que afronta la justicia toda en nuestro país, con ribetes especiales en las causas de lesa humanidad. En noviembre pasado el ex abogado de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´sle dio una nota a Carlos Pagni en La Nación. Cuando el periodista le preguntó qué sintió cuando votó a favor del 2x1 al genocida Muiña y se llenó la Plaza de Mayo con una manifestación en contra respondió: “Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables” y agregó en desafortunada metáfora futbolera que “Elizondo echó a Zidane en el mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo m ismo debe hacer un juez. El 2x1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna” (3)
Vale aclarar que la opinión, lejos de ser el parecer de un panelista deportivo, corresponde al mentor del infame fallo que intentó hacer pasar, la aplicación a los genocidas deuna figura como el 2x1 no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz define como “la tribuna”, logró echar atrás la decisión con una ley del Congreso que impidió su aplicación. Sin embargo el hecho se propagó como un reguero de impunidad porque decenas de represores pidieron su aplicación en todo el país, y alertó sobre la posibilidad cierta de que más de 270 genocidas quedaran libres si se daba curso al pedido. El hecho tuvo un antecedente no tan mencionado: la aplicación del 2x1 al represor Alejandro Duret, condenado en Mar Del Plata a 15 años de prisión por la desaparición de Carlos Alberto Labolita, y beneficiado en 2016 por los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris. En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva. Y lo peor de todo, la excarcelación de varios represores por la baja pena recibida en los juicios orales. Así, este año fueron excarcelados 2 represores condenados a 13 años por delitos cometidos en el CCD La Cacha: Claudio Grande y Rufino Batalla. Así, el fallo “Batalla” de la remozada Corte Suprema prohibiendo la aplicación del 2x1 a casos de lesa humanidad es testigo en varios sentidos. Lo que no consiguió el represor por izquierda, mediante el 2x1, lo consigue por derecha por el extraño criterio de los jueces de que al momento de computar penas no hay agravantes aunque se trate de delitos gravísimos e imprescriptibles, aunque sí hay por no haber cometido antes otro genocidio.
Otro fallo de la justicia platense alumbra sobre este análisis: el juez Germán Castelli determinó al analizar la situación del genocida Etchecolatz que “se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos. Ahora señalamos las graves contradicciones que tienen estos procesos en su etapa final de concreción.
Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
MÁS REPRESIÓN
El gobierno de Macri asesina una persona cada 21 hs, pero aun así no ha superado al gobierno K como la mayor experiencia represiva desde la última dictadura militar. En los últimos tres años, se contabilizan más de mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Las cifras actualizadas dan cuenta de un total de 6536 casos de muertes por gatillo fácil, en situación de encierro, por desaparición forzada o femicidios desde 1983 hasta diciembre de 2018. De ese total, el 20 por ciento corresponden a la gestión de Mauricio Macri, es decir, más de 1300 muertes registradas en poco más de 1000 días de gobierno, sin olvidar que el 54% de los casos, 3658 personas, se dio en la gestión de los gobiernos K.
Sin dudas este avance represivo es inseparable de la aplicación de un plan que están avalado por los elogios gubernamentales a la llamada “Doctrina Chocobar”, con el fin de disciplinar a todo sector que se oponga a sus planes, políticos económicos y sociales.
El enemigo social que han construido son los pibes pobres de nuestros barrios, arrojados a la marginalidad económica y social primero, y luego dejados a merced de la mano dura policial. Muchos jóvenes fueron asesinados en nuestra región por las policías de Scioli y Vidal como Darian Barzábal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Brian Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos y Matías Marincovich, y no sólo sus asesinos siguen dentro de las fuerzas represivas, sino que el Estado les garantiza la defensa ante la justicia cómplice, poniéndoles abogados. La justicia los termina absolviendo con la excusa de la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”.
La doctrina Chocobar, basada en el enemigo interno que hay que eliminar para tranquilidad del poder no es novedad en la Policía bonaerense. Desde la vieja escuela de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Ruckauf, pasando x la gestión de Daniel Scioli con su ministro de Inseguridad, Alejandro Granados. La gestión de María Eugenia Vidal no se quedó atrás y puso al frente de la Bonaerense primero al responsable de la Masacre de Ramallo, Pablo Bressi, y después a Fabián Perroni, que estuvo procesado en una causa por torturas en la comisaría 9na de La Plata, donde desaparecieron a Miguel Bru, torturaron hasta matarlo a Daniel Migone y encubrieron la desaparición en las redes de trata de Johana Ramallo.
El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Además en estos casos, el enemigo interno es aquel que defiende la lucha de los pueblos originarios por sus territorios ancestrales.
Pese a la campaña de confusión de los medios de desinformación, que ahora buscan instalar la idea de un solitario ahogado, está claro que Santiago fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad, que estaba siendo reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro desde atrás cuando trataba de escapar del lugar. La mentira de la presencia de pólvora en las manos de Rafita quedó al desnudo con los informes de todos los peritos que afirmaron lo contrario. Con la lucha del pueblo mapuche y las organizaciones de Derechos Humanos y sociales logramos la absolución todos los procesados de la Pu Lof Cushamen en la causa por abigeato y usurpación armada por el mismo Estado que los reprime en consonancia con el empresario italiano Benetton.
El caso de Daniel Ruiz, trabajador petrolero de Chubut y militante político da cuenta del proceso de criminalización de quienes protestamos contra el régimen. Hace ya 6 meses que Ruiz se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz acusado de participar en la marcha contra la Reforma Previsional que se realizó en diciembre de 2017. Su encarcelamiento implica la voluntad de disciplinar a un pueblo harto del avance del hambre y el saqueo por sobre la vida de las mayorías.
A 43 años del golpe genocida el gobierno de Mauricio Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, hambre, cárcel y gatillo fácil para las y los pibes jóvenes. Por eso el símbolo de la represión de ayer, el genocida Miguel Etchecolatz, y de la de hoy, la ministra Patricia Bullrich, son distintas caras de la misma impunidad.
A 43 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA SEGUIMOS EXIGIENDO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
NO A LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.
Notas:
(1) https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2018/12/LESA_informe-estadistico-anual-2018.pdf
(2) https://www.ppn.gov.ar/q=Se_encuentra_disponible_el_Informe_Anual_2017_del_Registro_Nacional_de_Casos_de_Tortura_y/o_Malos_Tratos
(3) https://www.lanacion.com.ar/2190572-carlos-rosenkrantz-el-tema-del-impuesto-a-las-ganancias-no-es-la-consagracion
