domingo, 26 de junio de 2016

Veintiseis ex funcionarios del régimen militar cobra jubilación de privilegio

Los privilegios de la dictadura

Por una investigación realizada por dos fiscales de la Unidad Fiscal de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) solicitaron al Ministerio de Trabajo que se les revoque este privilegio. En la lista están el abogado Durrieu, el radical Yofre y el padre de Martín Lousteau.

Un grupo de 26 ex funcionarios de la última dictadura, incluidos ex ministros, secretarios de Estado y directores del Banco Central, cobra jubilaciones de privilegio. El dato surge de una investigación de los fiscales Josefina Minatta y Gabriel de Vedia, coordinadores de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) de la Procuración General de la Nación, quienes solicitaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), que les revoque ese privilegio tal como establece una ley sancionada hace siete años. La lista de beneficiarios incluye a Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia; al abogado radical Ricardo Yofre, ex subsecretario general de la presidencia durante la gestión Videla y hermano mayor del ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre; y a Guillermo Lousteau Heguy, secretario de Turismo entre 1981 y 1982 y padre del embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau.

En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. La norma abarcaba desde ex presidentes de facto, pasando por ministros, hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un mecanismo para materializar las bajas.

A 40 años del comienzo de la dictadura, con la mayor parte de sus ex funcionarios bajo tierra, la investigación de la Ufises detectó que el Estado sigue pagando jubilaciones a ex alfiles de Videla, Viola & Bignone. El economista Carlos García Martínez fue ministro de Comercio e Intereses Marítimos con el dictador Roberto Viola en 1981. Amadeo Frúgoli, que provenía del Partido Demócrata, fue ministro de Defensa en 1982. Guillermo Lascano Quintana fue subsecretario del Ministerio del Interior y fundó en democracia el “Movimiento Independiente Fernando De la Rúa presidente”. Alberto de las Carreras fue subsecretario de comercialización del Ministerio de Producción y en democracia siguió su carrera como directivo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. La lista incluye a tres ex directores del Banco Central: Juan María Ocampo (1976-1981), Alberto Luis Grimoldi (1981-1982, antes subsecretario de Comercio Exterior) y Horacio Antonio Arce (1982-1983).

Los fiscales Minatta y de Vedia, a partir de las constataciones, le pidieron al ministro Triaca que cumpla la ley y ordene a la Anses que disponga en forma urgente la revocación de los beneficios diferenciales de esos ex funcionarios. “El incumplimiento por parte de los organismos competentes de los preceptos de la ley 26.475 reviste una mayor gravedad si se tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma en cuanto busca reparar a través de la memoria, la verdad y la justicia uno de los períodos más oscuros de nuestra historia”, destacaron. Recordaron que la reparación no se agota con el juzgamiento y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad sino que deben subsanarse, en todos los ámbitos y niveles, las desavenencias provocadas por la interrupción de la vida democrática. Los titulares de la Ufises destacaron que una de las funciones de la unidad “consiste en proteger los recursos de la seguridad social para garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a una cobertura acorde”. “El financiamiento de prestaciones jubilatorias de privilegio en favor de aquellos que la ley expresamente excluye implica una afectación ilegal y arbitraria del fondo solidario”, señalaron.

El listado de beneficiarios incluye a Roberto Enrique Luque (Ministerio de Justicia), Horacio Martín Fernández Delpech (subsecretario de Defensa), Julio Fernández Mendy (subsecretario de Deportes cuando gobernaba Reynaldo Bignone). Como ex funcionarios del Ministerio de Producción figuran también Elvio Baldinelli (secretario de Industria y Minería), Ricardo Entrena (subsecretario de sistemas comerciales), Juan Esteban Dumas y Santiago Miguel Murray (subsecretarios de Negociaciones Económicas Internacionales), Martín Braun Lasala, Enrique Osvaldo Bauerle y Julio Cueto Rúa (asesores de gabinete). Del Ministerio de Salud integran la lista Luis Domingo Ugarte (secretario de Acción Social), Heriberto José Allende (subsecretario de desarrollo urbano), Mario Roberto Russak (subsecretario del Menor y la Familia), Enrique Ubaldo Fourcade (subsecretario de Turismo), Iván Posse Molina (subsecretario del Menor y la Familia) y Horacio Aldo Monti (subsecretario de Deportes).

domingo, 12 de junio de 2016

Corrientes - Ligas Agrarias La Fiscalía pidió condenas de hasta 25 años para 6 de los 7 acusados

El Ministerio Público Fiscal pidió condenas de entre cinco y 25 años de prisión para seis de los siete acusados en el juicio oral y público que se sustancia en Corrientes por delitos de lesa humanidad cometidos contra afiliados a las Ligas Agrarias de esa provincia durante la última dictadura cívico-militar.

Los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García, solicitaron ante Tribunal Oral Federal de Corrientes la pena de 25 años de prisión para el ex comandante general de Gendarmería Domingo José Issler, considerado autor del delito la privación ilegítima de la libertad de nueve militantes de Ligas Agrarias en la Agrupación Mesopotamia Sur de Gendarmería, adonde se desempañaba como jefe en 1976.

Asimismo, solicitaron una pena de 6 años de prisión efectiva para el coronel (R), Julio Canteros, considerado partícipe necesario de la desaparición del militante Raúl Figueredo, quien fue secuestrado en su casa de la localidad correntina de Alvear en 1977.

También pidieron cinco años de prisión para el general de brigada (R) y ex jefe de la Compañía de Ingenieros III de Monte Caseros, Alfredo Arrillaga, autor mediato de la privación ilegítima de la libertad del militante Benigno Anselmo Kloster.

Los fiscales solicitaron luego cinco años de prisión para el general (R) de brigada y ex jefe del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, Juan Carlos Medrano Caro, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad de Teresa Rouvier Garay de Alisio.

Además, requirieron una pena de cinco años de prisión para el coronel (R) y ex jefe del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Guillermo Añaños, al que acusan de ser ser autor mediato de la privación ilegítima de la libertad de Benigno Kloster.

Una condena silimar solicitaron para el coronel (R) Julio Plazaola, quien estaba a cargo de la Compañía de Ingenieros III de Monte Caseros en 1976, cuando fue secuestrado y privado en forma ilegítima de su libertad el estudiante universitario Miguel Galantini.

jueves, 2 de junio de 2016

Juicio por el Plan Cóndor culminó en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados.

El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó hoy (27 de mayo) en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante los años 70 y 80. 

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina, compuesto por los jueces Adrián Grinberg, óscar Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, fijó hoy penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita. El proceso había arrancado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez. 

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos a la del exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio. 

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de forma perpetua en una pena agravada por mediar violencia y amenazas. A este último se lo acusaba, concretamente, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti" que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos. 

Por otro lado, el exjefe del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", Humberto José Román Lobaiza, recibió una pena de 18 años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones Navales de la Armada argentina Antonio Vañek, y los exmilitares Eugenio Guañabens y Enrique Braulio Olea, de 13. Para Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lío, Felipe Jorge Alespeiti, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Luis Sadi Pepa, fijaron 12 años, y Federico Antonio Minicucci obtuvo la pena más reducida, con 8 años de prisión. Durante la lectura del veredicto no estuvo presente la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas, civiles, y varios representantes de organizaciones de derechos humanos. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en declaraciones a los medios que "la perseverancia da frutos", ya que nunca "se bajó los brazos" para hallar justicia por los delitos del Plan Cóndor, aunque lamentó que la muerte de muchos represores evitara que fueran "sentados en el banquillo de los acusados". 

La primera querella por el "Plan Cóndor" fue presentada contra todos los jefes de Estado de los gobiernos de facto de la región en 1999, cuando en Argentina seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ponían un límite a las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura (1976-1983), y se habían dictado los indultos. La etapa final del juicio actual, iniciado en marzo de 2013, comenzó a mediados del año pasado, cuando finalizó el debate que involucró más de 200 testimonios y tras el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas pudieron replicar los alegatos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:
http://www.elcomercio.com/actualidad/argentina-juicio-plancondor-condena-dictadura.html.