lunes, 5 de agosto de 2013

Maniobra del represor Leopoldo Flores para frustrar pericia médica

Se trata del ex general de brigada Leopoldo Héctor Flores, de 82 años  -   La maniobra de un represor para frustrar la pericia médica que lo llevará a juicio
El genocida tiene domicilio en Buenos Aires. Poco antes de la audiencia en el Tribunal oral, en Posadas, pidió la suspensión por cuestiones de salud. Sospechosamente la junta médica fue anulada. Ahora habrá que esperar 6 meses.

Por: María Sucarrat


Leopoldo Héctor Flores está detenido con prisión domiciliaria en Buenos Aires, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Misiones. El genocida Flores estuvo a cargo de la represión que diezmó las fuerzas de las Ligas Agrarias misioneras.

Leopoldo Héctor Flores, ex general de brigada y graduado de honor de la Escuela de las Américas, de 82 años, debía ser juzgado en la ciudad de Posadas ante el Tribunal Oral Criminal Federal, a cargo de Eduardo Belfort. A poco de fijar la fecha de la audiencia, los abogados del represor realizaron una presentación aludiendo una incapacidad física y solicitando una junta médica al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La junta se realizó el pasado 31 de julio.
Lo curioso es que el examen médico legal duró apenas 30 minutos, el mismo tiempo que duraron las irregularidades, luego denunciadas por la neuropsicóloga Patricia Solís y la neuróloga Sara Kochen, quienes actuaron por la parte querellante, es decir en nombre de las víctimas.
El objetivo del represor de impedir y postergar el juicio oral en Posadas, fue sostenido por las siguientes irregularidades.
–Jorge F. A. Kiss,el médico forense a cargo de la junta médica, no estuvo presente en el examen.
–En su lugar actuó Martínez Álvarez, quien le presentó a Kiss un acta de la reunión para que él elabore luego el informe final y lo envíe a las autoridades del Tribunal de Posadas.
–Martínez Álvarez no es perito médico. Si bien posee título como neuróloga, no concursó y no puede realizar pericias porque es empleada administrativa del Poder Judicial y no Médico Forense del Cuerpo Médico de la Corte.
–El examen final llevaría la firma de Kiss. Sin embargo lleva la firma de Martínez Álvarez, quizás, con el fin de diluir responsabilidades en la certificación de la salud de los genocidas.
–Mariana Fernández Martínez Álvarez tiene el cargo de jefe de Despacho, del escalafón administrativo (PAT, por Personal Administrativo y Técnico).
Al momento del examen a Flores, además de la enviada por el Cuerpo Médico Forense, estaban Alejandro Antonio Basile, el médico legista en representación del represor y las peritos Kochen y Solís, quienes denunciaron la maniobra, a través de un acta manuscrita. Las médicas explican en el texto que la maniobra de la querella para evitar el examen consistió en interrumpir permanentemente las preguntas realizadas al paciente, que buscaban demostrar que Flores estaba ubicado en tiempo y espacio. "Al tener una conversación fluida con Flores, la simulación se caía, pero al interrumpir los diálogos, eso no se puede certificar", explicaron. Kochen y Solís preparan ahora un informe más exhaustivo que la presentación realizada a solo efecto de salvar el acta y dejar asentada su posición.

En buen romance, mientras la funcionaria del Cuerpo Médico Forense intentaba examinar a Flores con preguntas sencillas a fin de mantener una conversación, Basile interrumpía con insistencia logrando que el represor perdiera la atención.

Por su parte, Martínez Álvarez elevó un informe al médico forense Jorge Kiss en el que explica que la pericia no pudo realizarse debido a la "sistemática obstaculización de las peritos (...) lo que perturbó notablemente al Sr. Flores, quien sumamente asustado, solicitó rerirarse".

Leopoldo Flores está acusado de al menos 21 hechos de aplicación de tormentos y un homicidio calificado perpetrados en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles. Se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles desde octubre de 1975 a octubre de 1977. Fue reemplazado por Antonio José Deimundo Piñeiro.

Según señala 6 Digital de Posadas, en agosto de 2011, la documentación reunida por la Justicia Federal señala que Flores encabezaba operativos en la provincia, siempre bajo control del jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, con asiento en Corrientes."A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente", señaló el fiscal en su pedido de elevación a juicio.

Uno de los principales blancos del Ejército en Misiones fueron los integrantes del Movimiento Agrario, considerados terroristas por las fuerzas armadas, así como también vinculados a Montoneros. Una de las víctimas de la represión relató que el Ejército tomó su vivienda de Pindaití para alojar a los supuestos subversivos mientras se realizaba la búsqueda de Pedro Peczak, líder del Movimiento Agrario. Los dichos coinciden con asientos que se realizaron en los libros del Regimiento, donde constan salidas "en comisión" a Campo Grande, que está a unos 30 kilómetros de Pindaití. Allí quedaron registrados los viajes de Flores hacia lo que por entonces era el "teatro de operaciones". En la causa se señala que el represor estuvo al frente del Regimiento durante la época en que mayores detenciones y secuestros se produjeron en la provincia: de septiembre a noviembre de 1976.

En base a las pruebas colectadas en el expediente, el juez federal Ramón Claudio Chávez procesó a Flores el 16 de julio de 2010, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 26 de octubre. Las pruebas son los testimonios de las víctimas que, en muchos casos, no pueden identificar a los autores materiales de las torturas porque estuvieron con los ojos vendados. 

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