El juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza.
Por Ailín Bullentini
Entre diciembre de 1976 y abril de 1978, parte de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza, funcionó como un centro clandestino de detención a la orden del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los amplios brazos de terror que cubrió al país durante la última dictadura cívico-militar. “Sheraton”, le decían a ese espacio de secuestro y tortura por el que pasaron víctimas del terrorismo de Estado como el guionista y escritor Héctor Oesterheld y el sociólogo Roberto Carri, entre otros, y así se conoce también a la causa judicial, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que intenta atribuir responsabilidades por tales delitos de lesa humanidad. La causa peligró tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, en mayo pasado, hasta entonces el único acusado con vida, y ahora recobró impulso: a fines de la semana pasada, Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por secuestros y torturas cometidas en ese centro clandestino.
“Se trata de una causa que unos meses atrás parecía que se caía porque tenía pocos imputados y habían muerto, pero que en este último tiempo tuvo un avance significativo”, resumió la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, quien estuvo dos veces secuestrada en el Sheraton y es querellante en la causa, que contempla los delitos cometidos en perjuicio de dieciocho víctimas.
El viernes pasado, el juez federal que lleva adelante la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de acción del Primer Cuerpo del Ejército presentó un dictamen de 336 fojas que ordena y argumenta el procesamiento con prisión preventiva de los coroneles retirados del Ejército Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, el general de brigada retirado Héctor Gamen –el único del grupo ya condenado por sucesos de la última dictadura– y a los comisarios bonaerenses Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano por los hechos sucedidos en el Sheraton, un centro de detención clandestino en el que, según fuentes judiciales, las condiciones de cautiverio eran menos duras que en otros y a las víctimas allí secuestradas se las obligaba a realizar informes de situación para la dictadura.
Tal como reseñó Bisutti, el avance del expediente a la instancia de juicio oral peligró luego de la muerte de Videla, quien era el único responsable vivo por los hechos. Carlos Martínez, jefe del Batallón 601, era el otro, pero había muerto un mes antes.
El renovado impulso a la investigación provino de certezas: la que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983. La reconstrucción de los hechos en esa línea, entonces, tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre aquellas altas esferas y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.
Un trabajo de más de cuatro meses llevó a los “responsables directos” del espacio y los hechos que ocurrieron allí pertenecientes la estructura burocrática preestablecida en las Fuerzas Armadas, de la que se valió el gobierno represor en combinación con la estructura clandestina que montó exclusivamente para los secuestros, las torturas, las desapariciones. Según la didáctica explicación presente en el dictamen de procesamiento de Rafecas, las “Planas Mayores” son los cargos ubicados en unidades burocráticas de “menores dimensiones”. “La inexistencia de grupos ajenos a las Fuerzas Armadas o de seguridad en la perpetración de los hechos, la creación de centros de detención bajo el mando de dichas fuerzas y la utilización de espacios oficiales para el alojamiento de detenidos permite sostener que aquellos que funcionalmente detentaron lugares formales claves, como el oficial de Inteligencia, el oficial de Operaciones, y en definitiva las Planas Mayores de las unidades bajo las cuales funcionaron centros clandestinos no podrían haberse encontrado ajenos a los hechos”, justificó Rafecas en el documento de procesamiento.
Baume y Battafarano eran, entre 1976 y 1978, subcomisarios que estuvieron a cargo de manera sucesiva de la dependencia en la que funcionó el Sheraton. El primero fue procesado por cinco privaciones ilegítimas de la libertad y dos casos de aplicación de tormentos. El segundo, por diecisiete secuestros y siete casos de torturas. El control militar del centro clandestino estuvo a cargo, según concluyó Rafecas, del coronel Antonino Fichera, que está muerto; de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor, Costa y Rodolfo Godoy; del entonces oficial de Inteligencia Cunha Ferré, del oficial de Operaciones Roberto Godoy y del coronel Gamen, quien tenía bajo su mando a la Subzona 11 del Ejército.
Costa quedó procesado y está actualmente detenido por mantener en cautiverio a diecisiete personas y torturar a ocho. El procesamiento de Rodolfo Godoy corresponde a su responsabilidad directa en nueve secuestros y cuatro casos de imposición de tormentos. Rafecas da por probada la responsabilidad de Cunha Ferré, a quien el dictamen señala como el verdadero jefe del Sheraton en base al relato de sobrevivientes y el reconocimiento fotográfico respecto de 14 privaciones ilegítimas de la libertad y siete casos de tortura.
Roberto Godoy y Gamen, considerados por el juez federal como “piezas clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, serían responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8. Según precisaron fuentes judiciales, su rol fue “fundamental no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales”.
Por Ailín Bullentini
Entre diciembre de 1976 y abril de 1978, parte de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza, funcionó como un centro clandestino de detención a la orden del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los amplios brazos de terror que cubrió al país durante la última dictadura cívico-militar. “Sheraton”, le decían a ese espacio de secuestro y tortura por el que pasaron víctimas del terrorismo de Estado como el guionista y escritor Héctor Oesterheld y el sociólogo Roberto Carri, entre otros, y así se conoce también a la causa judicial, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que intenta atribuir responsabilidades por tales delitos de lesa humanidad. La causa peligró tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, en mayo pasado, hasta entonces el único acusado con vida, y ahora recobró impulso: a fines de la semana pasada, Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por secuestros y torturas cometidas en ese centro clandestino.
“Se trata de una causa que unos meses atrás parecía que se caía porque tenía pocos imputados y habían muerto, pero que en este último tiempo tuvo un avance significativo”, resumió la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, quien estuvo dos veces secuestrada en el Sheraton y es querellante en la causa, que contempla los delitos cometidos en perjuicio de dieciocho víctimas.
El viernes pasado, el juez federal que lleva adelante la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de acción del Primer Cuerpo del Ejército presentó un dictamen de 336 fojas que ordena y argumenta el procesamiento con prisión preventiva de los coroneles retirados del Ejército Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, el general de brigada retirado Héctor Gamen –el único del grupo ya condenado por sucesos de la última dictadura– y a los comisarios bonaerenses Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano por los hechos sucedidos en el Sheraton, un centro de detención clandestino en el que, según fuentes judiciales, las condiciones de cautiverio eran menos duras que en otros y a las víctimas allí secuestradas se las obligaba a realizar informes de situación para la dictadura.
Tal como reseñó Bisutti, el avance del expediente a la instancia de juicio oral peligró luego de la muerte de Videla, quien era el único responsable vivo por los hechos. Carlos Martínez, jefe del Batallón 601, era el otro, pero había muerto un mes antes.
El renovado impulso a la investigación provino de certezas: la que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983. La reconstrucción de los hechos en esa línea, entonces, tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre aquellas altas esferas y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.
Un trabajo de más de cuatro meses llevó a los “responsables directos” del espacio y los hechos que ocurrieron allí pertenecientes la estructura burocrática preestablecida en las Fuerzas Armadas, de la que se valió el gobierno represor en combinación con la estructura clandestina que montó exclusivamente para los secuestros, las torturas, las desapariciones. Según la didáctica explicación presente en el dictamen de procesamiento de Rafecas, las “Planas Mayores” son los cargos ubicados en unidades burocráticas de “menores dimensiones”. “La inexistencia de grupos ajenos a las Fuerzas Armadas o de seguridad en la perpetración de los hechos, la creación de centros de detención bajo el mando de dichas fuerzas y la utilización de espacios oficiales para el alojamiento de detenidos permite sostener que aquellos que funcionalmente detentaron lugares formales claves, como el oficial de Inteligencia, el oficial de Operaciones, y en definitiva las Planas Mayores de las unidades bajo las cuales funcionaron centros clandestinos no podrían haberse encontrado ajenos a los hechos”, justificó Rafecas en el documento de procesamiento.
Baume y Battafarano eran, entre 1976 y 1978, subcomisarios que estuvieron a cargo de manera sucesiva de la dependencia en la que funcionó el Sheraton. El primero fue procesado por cinco privaciones ilegítimas de la libertad y dos casos de aplicación de tormentos. El segundo, por diecisiete secuestros y siete casos de torturas. El control militar del centro clandestino estuvo a cargo, según concluyó Rafecas, del coronel Antonino Fichera, que está muerto; de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor, Costa y Rodolfo Godoy; del entonces oficial de Inteligencia Cunha Ferré, del oficial de Operaciones Roberto Godoy y del coronel Gamen, quien tenía bajo su mando a la Subzona 11 del Ejército.
Costa quedó procesado y está actualmente detenido por mantener en cautiverio a diecisiete personas y torturar a ocho. El procesamiento de Rodolfo Godoy corresponde a su responsabilidad directa en nueve secuestros y cuatro casos de imposición de tormentos. Rafecas da por probada la responsabilidad de Cunha Ferré, a quien el dictamen señala como el verdadero jefe del Sheraton en base al relato de sobrevivientes y el reconocimiento fotográfico respecto de 14 privaciones ilegítimas de la libertad y siete casos de tortura.
Roberto Godoy y Gamen, considerados por el juez federal como “piezas clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, serían responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8. Según precisaron fuentes judiciales, su rol fue “fundamental no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales”.
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