domingo, 29 de septiembre de 2013

Carta entregada a la embajada francesa por la extradición del represor Sandoval

Hernán Abriata
Señor Embajador de Francia en Argentina

De nuestra consideración :

En nombre de la familia de Hernán Abriata, víctima del genocidio perpetrado en Argentina, y junto a personalidades y organismos de Derechos Humanos venimos a manifestar ante la Embajada de la República de Francia algunas inquietudes sobre la extradición del represor Mario Alfredo Sandoval, solicitada por el Juez Jorge Torres, titular del Juzgado de Instrucción Nº 12 de la Capital Federal de la República Argentina y que se desarrollará en París el día 9 de Octubre del presente año.

Luego de casi 37 años de reclamar por el paradero de Hernán Abriata hemos constatado que entre sus secuestradores se encontraba al Oficial de la Policía Federal Mario Alfredo Sandoval, quien en la madrugada del 30 de Octubre de 1976 fue parte del grupo de represores que secuestró a Hernán, y que allanó tanto la casa de sus padres como el domicilio en que vivía con su esposa. Posteriormente sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada reconocieron y testimoniaron haber compartido cautiverio con Hernán Abriata; existiendo sobradas constancias judiciales al respecto.

Queremos destacar el acuerdo entre Argentina y Francia en el marco de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que permite una amplia colaboración con la finalidad de extraditar a los prófugos acusados de delitos de lesa humanidad.

Es suficientemente conocida la experiencia de Francia en el sostenimiento de los juicios en su propio territorio por ciudadanos franceses contra represores de la ESMA. La relevancia y repercusión de estos juicios se acentuó ante la imposibilidad de su desarrollo en la Argentina que lo impedían las leyes de punto final y obediencia debida y, posteriormente con los indultos concedidos a los jefes militares condenados en 1985.

Con el reinicio de los juicios luego de anuladas las leyes de la impunidad, la República francesa se convirtió en querellante activo, especialmente en los casos de Alice Domon y Leonie Duquet, monjas francesas secuestradas y desaparecidas, junto a madres y familiares de desaparecidos.

Es por ello que sería totalmente contradictorio y antagónico la no cooperación en la extradición del represor Sandoval por parte de la República de Francia, ya que sería una demostración anacrónica respecto a la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento de los hechos y la condena a sus autores y por la que venimos bregando hace tanto tiempo.

Una activa política de defensa y custodia de los derechos humanos, determina la movilización de amplios sectores de la sociedad civil, y de diferentes gobiernos que no son ni quieren sentirse ajenos en este camino de justicia

La generosidad de Francia con determinados valores y el abuso de Sandoval aprovechándose de esa circunstancia para buscar impunidad de crímenes atroces en ese país, de ninguna manera debiera entenderse o sospecharse como política de ese Estado. La jurisprudencia francesa con facilidad podrá encontrar los mecanismos que reconocen el carácter continuo del delito. Por lo tanto apelamos a los valores reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición de Mario Alfredo Sandoval, quien fuera miembro del Consejo de Defensa del ex presidente Nicolás Sarkozy.

Por todo lo anterior, le solicitamos en nombre del derecho a la justicia de Hernán Abriata, la implementación de todo tipo de medidas para efectivizar la extradición del represor Sandoval, y que dicha petición sea traslada en tiempo y forma correspondiente al Señor Presidente de la República Francesa, François Hollande.

Atentamente,

Carlos Loza
Carlos Lordkipanidse
AEDD Presidente Asociación Ex detenidos desaparecidos
AEDD

ADHESIONES
FAMILIARES:
Beatriz Cantarini de Abriata- Mónica Dittmar- Juliana Abriata- Laura Abriata-Liliana Abriata- Claudia Dittmar-

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y PERSONALIDADES:

Adolfo Perez Esquivel (SERPAJ)-Pepa Noia- Nora Cortiñas- Elia Espen- Mirta Acuña de Baravalle
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Marta Vázquez Presidente) - Asociación de Ex detenidos desaparecidos (AEDD)- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)-HERMAN@S- Liga Argentina por los Derechos del Hombre- Unión por los Derechos Humanos La Plata- Luis ZAMORA- HIJOS LA PLATA- HIJOS ZONA OESTE-APEL-Cómite de Acción Jurídica (CAJ)- Hugo Blasco Secretario de Derechos Humanos CTA NACIONAL- EATIP- Liberpueblo- Secretaría de Derechos Humanos CTA Capital- WILPALA REBELDE- Area de Derechos Humanos ATE Capital- Consejo Directivo ATE Capital-Juan Carlos Capurro- Liliana Alaniz-Pablo Piatigorsky- María Adela Antokoletz- Oscar Repossi- Sonia Zukerfeld- Oscar Kuperman (PRML)- Ruben Yoquet (P.C)- Eduardo de Bianchetti (ATE)- Valeria Canoni- Mónica Gómez Picardo- Ernesto Rosemberg- José Carlos Méndez- Alina Palamarc Zuk- María José Zochi- Enrique León Villeda- Fernando Antonio Trices- Rolando Juárez- Efraín Jesús Espinoza- María Laura Ramognino- Casapueblos (Madrid)- Solidaridad Obrera (Estado español)-Jaime Pastor (Prof. Universitario)- Carlos Taibo (Prof.Universitario)- Campaña apoyo a juicios a los genocidas en Argentina- Adrián Cardozo (psicoterapeuta)- Silvia Basteiro(psicoterapeuta)- Arnold Etchebhere (médico)- Martine Silver (periodista)-

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Ordenan investigar a un ex jefe del ejército por el secuestro de tres niñas en 1973 Chile: general implicado en robo de bebés

Juan Emilio Cheyre había tenido que renunciar al Servicio Electoral al saberse del caso del hijo de un argentino.

Por: Tiempo Argentino

La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro y tortura de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro en visita (juez especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, Jaime Franco, hizo lugar a la querella en contra de Cheyre y otros dos militares.

La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad. "Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.

Según las investigaciones, el ex jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las que volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975. El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.

Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.

En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.

Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973. "Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento. "Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".

jueves, 12 de septiembre de 2013

Chile : Guayacán, donde ejecutaron a niños




En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra
CONOZCA: Coquimbo, donde dinamitaron a Sonia, Mario y a Germán
El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"¿Qué saben ustedes...?"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".

Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"

martes, 10 de septiembre de 2013

Dictadura chilena otro 11 de septiembre : “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria”

Los familiares de las vícitmas de la dictadura chilena marcharon otro año más por la verdad y justiciaEl 11 de septiembre abre viejas heridas

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión a Pinochet y por otros que consideran que no es necesario. Organismos de DD.HH. piden el fin de la impunidad.
“Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue la frase de la movilización de ayer.

Por Christian Palma  -  Desde Santiago

Los rostros de dos mil ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura cívicomilitar chilena encabezaron la tradicional marcha que las agrupaciones de derechos humanos realizan el domingo anterior al 11 de septiembre: ese día, pero en 1973, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado que gobernó Chile a punta de tortura, asesinatos y una política del terror que aún mantiene abiertas muchas heridas.

La simbólica actividad partió en calma. Más de 30 mil personas se congregaron por el centro de Santiago con dirección al Cementerio General, lugar donde se encuentra el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido. Este año, cuando se cumplen 40 desde la irrupción por la fuerza de los militares, la frase “Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria” fue el concepto que marcó la marcha. El memorial es el escenario final de la principal romería encabezada por familiares de las víctimas para homenajearlos, y es uno de muchos espacios, monumentos, sitios de memoria que evocan las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Augusto Pinochet.

La fecha ha estado marcada por los numerosos pedidos de perdón efectuados por civiles que apoyaron por acción u omisión la dictadura y por otros que consideran que no es necesario. En este escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que es momento de mirarse a la cara con quienes quieran construir un país justo y sin impunidad, destacando que para ello la justicia y la memoria son fundamentales.

“Creo que ésta es una hermosa muestra de que éste es un país que no se ha tragado la historia y de que éste no es un tema del pasado. La verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad”, dijo.

Agregó que “el perdón no significa impunidad, las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quiénes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes”.

En esta línea, Pizarro añadió que “son 40 años de lucha junto a la gente. Tenemos una inmensa mayoría de jóvenes que salieron a decir a la calle no a la educación de Pinochet y desde ahí abrir una realidad que estaba oculta y 40 años después estamos más acompañadas que nunca”.

Antes de la caminata, Carabineros detuvo a un menor de edad con bombas molotov que se dirigía a la marcha masiva y otro adulto que portaba ilegalmente un revólver calibre .38. Mientras que en el cementerio, los uniformados ya tenían dispuesto todo un aparataje de seguridad.

Pasado el mediodía, en la intersección de las concurridas calles Bellavista con Recoleta, se registraron los primeros incidentes en medio de la marcha. En ese lugar, Carabineros actuó para controlar a un grupo de encapuchados que intentó saquear y quemar la sucursal de un banco y a otros manifestantes que atacaron una estación de servicio. Lo hizo a través de carros hidratantes y lanzagases.

Más tarde, otros grupos de encapuchados instalaron barricadas y se enfrentaron a la policía uniformada, atacando incluso a la prensa.

Estos hechos son la antesala de lo que podría suceder en los próximos días cuando tanto el gobierno y la oposición conmemorarán un nuevo aniversario del “11” en medio de una campaña presidencial que tiene a dos mujeres como candidatas: Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, ambas hijas de generales de la Fuerza Aérea de Chile en 1973. La primera, de un militar leal a Salvador Allende y la segunda, de otro que participó en la junta militar.

Junto a ello, innumerables reportajes con nueva información acerca de la violación a los derechos humanos y los horrores de la dictadura, la molestia ciudadana por el modelo económico social imperante y un gobierno de derecha que ya no sintoniza con las demandas de la población (más bien las ha reprimido) han reabierto heridas y rabias que podrían crispar los ánimos.

De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que “tenemos información y preocupación de que se van a desarrollar actos de violencia durante estos días y por consiguiente hemos adoptado un plan especial con Carabineros y la Policía de Investigaciones para proteger al máximo la seguridad de las personas”.

El plan de contingencia contemplará un aumento de policías, protección especial al transporte público, patrullajes terrestres y aéreos. Además, señaló que habrá una preocupación especial por proteger a los candidatos presidenciales.

“Le pedimos colaboración a la población para que la policía actúe en forma preventiva como también comprensión, porque tendremos que tomar acciones como desvíos de tránsito para proteger a las personas, tenemos que estar preparados porque hay sectores preparados para utilizar el 11 de septiembre para expresar la violencia”, concluyó.

domingo, 1 de septiembre de 2013

Los delitos en el "Sheraton": Procesados siete represores

El juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza.

 Por Ailín Bullentini

Entre diciembre de 1976 y abril de 1978, parte de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza, funcionó como un centro clandestino de detención a la orden del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los amplios brazos de terror que cubrió al país durante la última dictadura cívico-militar. “Sheraton”, le decían a ese espacio de secuestro y tortura por el que pasaron víctimas del terrorismo de Estado como el guionista y escritor Héctor Oesterheld y el sociólogo Roberto Carri, entre otros, y así se conoce también a la causa judicial, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que intenta atribuir responsabilidades por tales delitos de lesa humanidad. La causa peligró tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, en mayo pasado, hasta entonces el único acusado con vida, y ahora recobró impulso: a fines de la semana pasada, Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por secuestros y torturas cometidas en ese centro clandestino.

“Se trata de una causa que unos meses atrás parecía que se caía porque tenía pocos imputados y habían muerto, pero que en este último tiempo tuvo un avance significativo”, resumió la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, quien estuvo dos veces secuestrada en el Sheraton y es querellante en la causa, que contempla los delitos cometidos en perjuicio de dieciocho víctimas.

El viernes pasado, el juez federal que lleva adelante la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de acción del Primer Cuerpo del Ejército presentó un dictamen de 336 fojas que ordena y argumenta el procesamiento con prisión preventiva de los coroneles retirados del Ejército Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, el general de brigada retirado Héctor Gamen –el único del grupo ya condenado por sucesos de la última dictadura– y a los comisarios bonaerenses Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano por los hechos sucedidos en el Sheraton, un centro de detención clandestino en el que, según fuentes judiciales, las condiciones de cautiverio eran menos duras que en otros y a las víctimas allí secuestradas se las obligaba a realizar informes de situación para la dictadura.

Tal como reseñó Bisutti, el avance del expediente a la instancia de juicio oral peligró luego de la muerte de Videla, quien era el único responsable vivo por los hechos. Carlos Martínez, jefe del Batallón 601, era el otro, pero había muerto un mes antes.

El renovado impulso a la investigación provino de certezas: la que ubica el funcionamiento del centro clandestino de detención bajo la órbita del Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela y la que considera improbable que las planas mayores de las unidades militares no hayan tenido participación ni mucho menos conocimiento del terror instrumentado desde el Estado entre 1976 y 1983. La reconstrucción de los hechos en esa línea, entonces, tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre aquellas altas esferas y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.

Un trabajo de más de cuatro meses llevó a los “responsables directos” del espacio y los hechos que ocurrieron allí pertenecientes la estructura burocrática preestablecida en las Fuerzas Armadas, de la que se valió el gobierno represor en combinación con la estructura clandestina que montó exclusivamente para los secuestros, las torturas, las desapariciones. Según la didáctica explicación presente en el dictamen de procesamiento de Rafecas, las “Planas Mayores” son los cargos ubicados en unidades burocráticas de “menores dimensiones”. “La inexistencia de grupos ajenos a las Fuerzas Armadas o de seguridad en la perpetración de los hechos, la creación de centros de detención bajo el mando de dichas fuerzas y la utilización de espacios oficiales para el alojamiento de detenidos permite sostener que aquellos que funcionalmente detentaron lugares formales claves, como el oficial de Inteligencia, el oficial de Operaciones, y en definitiva las Planas Mayores de las unidades bajo las cuales funcionaron centros clandestinos no podrían haberse encontrado ajenos a los hechos”, justificó Rafecas en el documento de procesamiento.

Baume y Battafarano eran, entre 1976 y 1978, subcomisarios que estuvieron a cargo de manera sucesiva de la dependencia en la que funcionó el Sheraton. El primero fue procesado por cinco privaciones ilegítimas de la libertad y dos casos de aplicación de tormentos. El segundo, por diecisiete secuestros y siete casos de torturas. El control militar del centro clandestino estuvo a cargo, según concluyó Rafecas, del coronel Antonino Fichera, que está muerto; de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor, Costa y Rodolfo Godoy; del entonces oficial de Inteligencia Cunha Ferré, del oficial de Operaciones Roberto Godoy y del coronel Gamen, quien tenía bajo su mando a la Subzona 11 del Ejército.

Costa quedó procesado y está actualmente detenido por mantener en cautiverio a diecisiete personas y torturar a ocho. El procesamiento de Rodolfo Godoy corresponde a su responsabilidad directa en nueve secuestros y cuatro casos de imposición de tormentos. Rafecas da por probada la responsabilidad de Cunha Ferré, a quien el dictamen señala como el verdadero jefe del Sheraton en base al relato de sobrevivientes y el reconocimiento fotográfico respecto de 14 privaciones ilegítimas de la libertad y siete casos de tortura.

Roberto Godoy y Gamen, considerados por el juez federal como “piezas clave” en el accionar represivo del Estado en ese centro, serían responsables de la privación ilegítima de la libertad de 18 y 17 personas respectivamente y de haber torturado a 8. Según precisaron fuentes judiciales, su rol fue “fundamental no sólo en el diseño y concreción de los interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales”.

Hallan cuerpo de María del Valle Santucho, desaparecida hace 38 años

Se trata de la sobrina de Mario Roberto “Robi” Santucho, comandante del ERP. La joven había sido secuestrada el 19 de diciembre del 75. Fue ubicada en una tumba NN del cementerio de Avellaneda.

VÍCTIMA. María del Valle Santucho, militó en el ERP-PRT. Su padre, Carlos Santucho también fue asesinado por los militares.

Publicado el 30/08/2013 - El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) logró identificar los restos de María del Valle Santucho, que fueron hallados en una tumba NN en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
“Coty” como la llamaban sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrada el 19 de diciembre de 1975, en Lomas de Zamora (Buenos Aires), junto a dos compañeros.
Esta detención se produjo días antes de la fallida toma del arsenal militar de Monte Chingolo por parte de la organización.
La novedad fue proporcionada por el abogado Luis Santucho, quien informó que los restos de su pariente, llegarán entre hoy y mañana para ser inhumados en el panteón de la familia Santucho en el cementerio de La Piedad, en la ciudad capital.
Además, señaló que el próximo 6 de septiembre se organizará un homenaje en su memoria al cual participarán organismos de derechos humanos locales y también representantes de ONG de otras provincias.
Según los archivos de los organismos humanos, “Coty” tenía 26 años (aunque aparentaba mucho menos), cuando fue secuestrada.
Hija de Carlos Iber Santucho y Helvecia Castelli, fue sobrina de Mario Roberto Santucho “Robi”, fundador del ERP y el PRT.
María del Valle integró el frente militar del PRT-ERP y debía participar en una de las operaciones vinculadas con la toma del arsenal militar en Monte Chingolo.
El 19 de diciembre 1975, “Coty” participaba de una reunión con dos compañeros en una casa de Lomas de Zamora.
Sorpresivamente irrumpió en el departamento una unidad policial y los tres fueron detenidos. Su madre interpuso de inmediato un habeas corpus ante la Justicia, sin resultado.
Los detenidos no fueron legalizados, sino que se los derivó al Batallón 601 de Inteligencia Militar para ser interrogados.
Carlos Iber Santucho, padre de María del Valle y hermano de Mario, no militó en el PRT-ERP porque era peronista.
Fue secuestrado el 13 de julio de 1976, a las 17, en su lugar de trabajo y conducido al lugar conocido como “Automotores Orletti”, donde fue torturado hasta morir para obtener información de otros miembros de la familia.
Los detalles de su muerte fueron relatados por Enrique Rodríguez Larreta, ciudadano uruguayo sobreviviente del mismo lugar.

HISTORIA
Corolario de una intensa búsqueda
Publicado el 30/08/2013 - La búsqueda de los restos de María del Valle, era una misión que desvelaba a su tía Blanca, destacada militante de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y hermana de Mario Roberto Santucho.
Este hallazgo se produce después de la muerte de Blanca, pero tiene un importante impacto para la familia, ya que María del Valle ocupará el mismo panteón de su padre, Carlos Iber, también víctima del terrorismo de Estado y cuyos restos fueron identificados en 2009 en Buenos Aires, tras lo cual fueron trasladados a Santiago del Estero.

Fuente: El Liberal