DANIEL FEIERSTEIN, ESPECIALISTA EN GENOCIDIO
Feierstein, miembro argentino del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señala que “la respuesta del gobierno mexicano fue dilatoria y la investigación, totalmente deficiente”.
Por Patricio Porta
Los movimientos sociales en México temen por un posible agravamiento de la represión ante el vacío de poder que se comienza a generar. Así definió la situación en el país Daniel Feierstein, presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encargado de analizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo. “La respuesta del gobierno mexicano ha sido dilatoria; la investigación, totalmente deficiente y los compañeros y familiares de las víctimas no han encontrado ni en la procuración ni en la Comisión de Derechos Humanos ni en ninguna otra instancia gubernamental una respuesta acorde a la gravedad de los hechos”, dijo a Página/12.
Feierstein integra desde hace una década el TPP –heredero del Tribunal Russell, creado para investigar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam– y participó de la audiencia final donde se elaboró la sentencia del organismo: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”.
El auditorio de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México donde sesionó el tribunal contó con la presencia de campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes y defensores de derechos humanos. Pero la participación más esperada fue la de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, que se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado y solicitar la solidaridad del tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia.
“Lo de Iguala es una muestra más de la impunidad generalizada que reina hoy en México, un contexto que la sentencia ha caracterizado como ‘desvío de poder’ del Estado mexicano para defender los intereses de empresas transnacionales y de los Estados Unidos, desapareciendo toda función social o democrática del aparato institucional mexicano; una situación cuya gravedad no era posible imaginar antes de abordar la documentación de la audiencia y que resulta invisibilizada o ignorada incluso por los gobiernos de la región o por los movimientos de derechos humanos de nuestros países”, señaló Feierstein, que junto con Graciela Daleo representaron a la Argentina ante el TPP.
Para el antropólogo argentino, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la infinidad de denuncias recibidas y la gravedad de la situación de México en el período analizado por el tribunal (1982-2014) demuestran que no existe un único responsable. “La sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio”, sostuvo.
La violencia en México y el paulatino deterioro de su sistema institucional es, según Feierstein, producto de una vecindad compleja con Estados Unidos. “El conjunto de las violaciones de derechos en México se iniciaron con las cláusulas contenidas en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mismo ha producido en 20 años un contexto de verdadera devastación ambiental, la destrucción de gran parte del aparato industrial mexicano, la transformación de su sistema de alimentación a través de lo que llaman la ‘violencia contra el maíz’, la destrucción de la estructura de los tejidos comunales, la privatización y expropiación de tierras y su siembra con semillas transgénicas. A ello –indicó– se suma el proceso de migración de los expulsados de la tierra hacia Estados Unidos, en un contexto de un comercio atroz organizado por las bandas de narcotraficantes y que incluye también a los migrantes de toda América Central, produciendo miles y miles de muertos en masacres continuas y permanentes.”
Feierstein, miembro argentino del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señala que “la respuesta del gobierno mexicano fue dilatoria y la investigación, totalmente deficiente”.
Por Patricio Porta
Los movimientos sociales en México temen por un posible agravamiento de la represión ante el vacío de poder que se comienza a generar. Así definió la situación en el país Daniel Feierstein, presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encargado de analizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo. “La respuesta del gobierno mexicano ha sido dilatoria; la investigación, totalmente deficiente y los compañeros y familiares de las víctimas no han encontrado ni en la procuración ni en la Comisión de Derechos Humanos ni en ninguna otra instancia gubernamental una respuesta acorde a la gravedad de los hechos”, dijo a Página/12.
Feierstein integra desde hace una década el TPP –heredero del Tribunal Russell, creado para investigar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam– y participó de la audiencia final donde se elaboró la sentencia del organismo: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”.
El auditorio de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México donde sesionó el tribunal contó con la presencia de campesinos, indígenas, normalistas, trabajadores de la educación, del sindicato de la electricidad, grupos de apoyo a los migrantes y defensores de derechos humanos. Pero la participación más esperada fue la de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, que se presentaron al final de la última audiencia para denunciar la situación vivida por los estudiantes, la falta de respuesta del Estado y solicitar la solidaridad del tribunal en su proceso de búsqueda de verdad y justicia.
“Lo de Iguala es una muestra más de la impunidad generalizada que reina hoy en México, un contexto que la sentencia ha caracterizado como ‘desvío de poder’ del Estado mexicano para defender los intereses de empresas transnacionales y de los Estados Unidos, desapareciendo toda función social o democrática del aparato institucional mexicano; una situación cuya gravedad no era posible imaginar antes de abordar la documentación de la audiencia y que resulta invisibilizada o ignorada incluso por los gobiernos de la región o por los movimientos de derechos humanos de nuestros países”, señaló Feierstein, que junto con Graciela Daleo representaron a la Argentina ante el TPP.
Para el antropólogo argentino, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la infinidad de denuncias recibidas y la gravedad de la situación de México en el período analizado por el tribunal (1982-2014) demuestran que no existe un único responsable. “La sentencia identifica las responsabilidades del Estado mexicano, la de 87 empresas transnacionales, la de los estados de origen de las mismas en distintos tipos de delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. También se señala la responsabilidad de algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio”, sostuvo.
La violencia en México y el paulatino deterioro de su sistema institucional es, según Feierstein, producto de una vecindad compleja con Estados Unidos. “El conjunto de las violaciones de derechos en México se iniciaron con las cláusulas contenidas en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mismo ha producido en 20 años un contexto de verdadera devastación ambiental, la destrucción de gran parte del aparato industrial mexicano, la transformación de su sistema de alimentación a través de lo que llaman la ‘violencia contra el maíz’, la destrucción de la estructura de los tejidos comunales, la privatización y expropiación de tierras y su siembra con semillas transgénicas. A ello –indicó– se suma el proceso de migración de los expulsados de la tierra hacia Estados Unidos, en un contexto de un comercio atroz organizado por las bandas de narcotraficantes y que incluye también a los migrantes de toda América Central, produciendo miles y miles de muertos en masacres continuas y permanentes.”
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