jueves, 3 de marzo de 2016

Genocidas con privilegios: los represores podrán atenderse en hospitales militares

El Ministerio de Defensa devolvió a los represores un privilegio que había sido anulado. La resolución habla de problemas en la salud de los presos, pero la preocupación corre sólo para involucrados en delitos de lesa humanidad.

Los militares procesados y/o condenados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad podrán volver a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas. Los represores habían perdido ese privilegio en 2013 por orden del entonces ministro Agustín Rossi luego de que Gustavo Demarchi y Jorge Olivera –condenados días antes– se fugaran del Hospital Militar Cosme Argerich. Julio Martínez, sucesor de Rossi en Defensa, resolvió ayer dar marcha atrás con aquella decisión, que ubicó a los ex uniformados en pie de igualdad con los presos que se atienden en hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que no hace ninguna mención a los riesgos de fugas, se explayan sobre “problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles”, escasez de médicos y de equipamientos elementales, y admite “la innegable obligación del Estado Nacional de garantizar la salud psicofísica” a los detenidos, que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a cumplir al menos con quienes sirvieron al terrorismo de Estado.

La atención de ex represores de la ESMA en el Hospital Naval o de retirados del Ejército en el Argerich –sólo por citar casos de Capital Federal– dio lugar durante años a todo tipo de privilegios y abusos. Si bien la ex ministra Nilda Garré puso fin a muchos de esos privilegios, fue la fuga de Olivera (aún prófugo) y Demarchi (recapturado) la que marcó un quiebre cuando Rossi prohibió “la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas” de quienes estaban condenados o procesados por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. “Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios”, explicó por entonces Rossi.

La resolución de Martínez, que Defensa decidió no comunicar y sólo trascendió por el Boletín Oficial, menciona como origen de la iniciativa a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo del licenciado Angel Tello, ex colaborador de los ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y hombre de confianza del Servicio de Informaciones Navales (SIN). La resolución de Rossi “ha sido sistemáticamente puesta en crisis por el Poder Judicial”, afirma el ingeniero agrónomo Martínez sin mencionar ningún ejemplo. “Los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros”, escribió, dejando en claro su preocupación por la atención de los represores.

Los fundamentos de la resolución son aplicables a todos los presos y presas del país y surgen del informe “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas”, donde la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que “los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles no sólo no se han solucionado sino que en muchos casos se han profundizado”. El informe se explaya sobre “la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios”, y “la disociación entre los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas teóricas y la asistencia de salud ‘en campo y cotidiana’ registrados” en los penales. En el caso de Marcos Paz denuncia el “déficit crónico” de médicos, “las bajas remuneraciones”, la necesidad de “instrumental y equipamiento médico”, y apunta que en ese complejo penitenciario “no poseen camilla rígida ni collar de sujeción cervical”, entre otras limitaciones.

La resolución cita a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recordar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de los detenidos. “Si bien no corresponde poner aquí en tela de juicio la idoneidad profesional de los galenos” del SPF, lo cierto es que la República podría incumplir sus más elementales obligaciones en lo que al debido resguardo de la salud física y psíquica de las personas privadas de su libertad refiere”, destaca Martínez y explicita su compromiso con el “deber de salvaguardar la salud de los reclusos”.

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