Para no atropellar la memoria
Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar el ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.
La Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las instalaciones del ex centro clandestino de detención (CCD) Club Atlético, ubicado en el Bajo porteño y por donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003, que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.
En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos. Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García, lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de la autopista 25 de Mayo.
Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.
La presentación del CELS recuerda que declaraciones de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22 de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD, por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.
“La necesidad de conservar todo el material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.
El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.
El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no fue respondido.
Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar el ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.
La Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las instalaciones del ex centro clandestino de detención (CCD) Club Atlético, ubicado en el Bajo porteño y por donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003, que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.
En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos. Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García, lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de la autopista 25 de Mayo.
Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.
La presentación del CELS recuerda que declaraciones de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22 de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD, por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.
“La necesidad de conservar todo el material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.
El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.
El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no fue respondido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario