Comunicado de prensa
3/3/2015
Cuando decimos que la última dictadura fue cívico-militar lo hacemos porque fueron las Fuerzas Armadas, las empresas de prensa, la cúpula de la Iglesia, los empresarios, los grupos económicos, los médicos, las parteras y miembros del Poder Judicial quienes sostuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en la última dictadura genocida.
Entre los partícipes estuvieron los médicos que rompieron su juramento de proteger la vida. Tal es el caso de Mario Alberto Figueroa, actual Jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi. Figueroa fue jefe del mismo servicio en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado. Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un "enfrentamiento por Fuerzas conjuntas". Pero Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976. A la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día.
Asimismo, Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, fue tirado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.
Exigimos a las autoridades del Sanatorio Otamendi que arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.
3/3/2015
Cuando decimos que la última dictadura fue cívico-militar lo hacemos porque fueron las Fuerzas Armadas, las empresas de prensa, la cúpula de la Iglesia, los empresarios, los grupos económicos, los médicos, las parteras y miembros del Poder Judicial quienes sostuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en la última dictadura genocida.
Entre los partícipes estuvieron los médicos que rompieron su juramento de proteger la vida. Tal es el caso de Mario Alberto Figueroa, actual Jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi. Figueroa fue jefe del mismo servicio en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado. Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un "enfrentamiento por Fuerzas conjuntas". Pero Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976. A la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día.
Asimismo, Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, fue tirado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.
Exigimos a las autoridades del Sanatorio Otamendi que arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.
H.I.J.O.S. - Capital
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