martes, 31 de marzo de 2015

Identificaron los restos de Daniel Mariani, hijo de “Chicha”

Esta semana la Justicia platense rectificó el acta de defunción del joven que fue asesinado en 1977 y enterrado como NN en una fosa común en el cementerio de La Plata. Además se estableció que su muerte fue por el accionar del terrorismo de Estado.

Foto: Fede Surila
“Un duelo tardío y una extraña especie de justicia” fue la frase utilizada por una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, para expresar el sentir de este momento. “Hace unos días que el juez (Jorge) Di Lorenzo determinó con testigos que era Daniel Mariani”, informó y agregó que “ha sido una lucha muy grande; la muerte de mi nuera Diana pudo ser más o menos juzgada pero recién ahora un juez se ocupó de la muerte de mi hijo y me ha reconocido que fue asesinado por la dictadura, y que esos huesos que se encontraron son de Daniel Mariani”.

Daniel y Diana vivían en la famosa casa de 30 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, hoy "espacio de la memoria". Allí fue secuestrada su nieta Clara Anahí de tres meses de vida, que hasta el momento no pudo ser recuperada. En un operativo llevado adelante en noviembre de 1976 por el Ejército y la Policía Bonaerense se desmanteló la vivienda y se acribilló a Diana Teruggi, junto con sus compañeros de militancia Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Alberto Bossio. Daniel, militante montonero, fue asesinado ocho meses después, en 132 y 35 de La Plata.

Durante el juicio “Circuito Camps” culminado en diciembre de 2012 se presentaron elementos probatorios, entre ellos testimonios relevantes que corroboraban el fallecimiento del joven militante en las circunstancias descriptas. “Le tiraron desde adentro de la casa –pretendió entrar trepando un paredón y lo balearon-, cayó en el piso y le dieron a patadas y culatazos. Luego lo subieron a una camioneta y lo cubrieron con una manta”, manifestó una vecina de Chicha. Su cuerpo fue llevado luego al cementerio hasta que en septiembre de 1982 sus restos fueron inhumados.

A partir de esta reconstrucción de los hechos se ordena la rectificación de la partida de defunción.
Una vez más la justicia demoro mucho en llegar, pero Chicha a los 91 años sigue luchando, “No se puede permitir que la gente después de 40 años siga sufriendo sin saber qué pasó. Hay que encontrarlos. La Justicia espera que nosotros aportemos datos, pero el Estado debería averiguar a fondo; yo eso lo sigo reprochando porque se hubieran abierto más archivos, tumbas. Eso lo considero pendiente”, concluyó Chicha.

Hoy más que nunca tenemos que seguir exigiendo justicia, y no dejar pasar la reconciliación que pretende este gobierno, con Milani a la cabeza. Los archivos siguen sin abrirse, las víctimas siguen siendo expuestas a buscar a los represores, los genocidas se mueren de forma natural y se llevan a sus tumbas la verdad sobre qué pasó con los desaparecidos y dónde están los más de 400 hijos apropiados. Mientras que ningún gobierno quiere que se sepa toda la verdad, por eso mantienen sepultados los archivos de la dictadura.

Porque además, aún falta encontrar a Clara Anahí, una de los tantos jóvenes apropiados que el Estado adeuda en memoria de los 30000 desaparecidos, y así lo expresa la misma Abuela de plaza de Mayo, “Pienso estirar mi vida hasta que aparezca”.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Piedra libre para un médico de la dictadura en el Sanatorio Otamendi

Comunicado de prensa
3/3/2015

Cuando decimos que la última dictadura fue cívico-militar lo hacemos porque fueron las Fuerzas Armadas, las empresas de prensa, la cúpula de la Iglesia, los empresarios, los grupos económicos, los médicos, las parteras y miembros del Poder Judicial quienes sostuvieron y cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país en la última dictadura genocida.

Entre los partícipes estuvieron los médicos que rompieron su juramento de proteger la vida. Tal es el caso de Mario Alberto Figueroa, actual Jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi. Figueroa fue jefe del mismo servicio en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado. Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un "enfrentamiento por Fuerzas conjuntas". Pero Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976. A la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día.

Asimismo, Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, fue tirado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.

Exigimos a las autoridades del Sanatorio Otamendi que arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.
H.I.J.O.S. - Capital