martes, 23 de febrero de 2016

Prófugos y delitos económicos de la dictadura

Desmantelar la UIF - Cesantearon al personal del programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores prófugos. También  fueron despedidos quienes investigan el caso Papel Prensa.

 Por Adriana Meyer

Los despidos masivos en el Estado además de afectar a cada trabajador y a su familia al quitarle el sustento del salario, implican el desmantelamiento de políticas públicas. Tal es el caso de unas sesenta personas que fueron echadas de la Unidad de Investigación Financiera, UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se desempeñaban en un programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores que estaban prófugos y habían conseguido que fueran apresados 23 de ellos. También fueron despedidos quienes trabajaron en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura como Papel Prensa, la apropiación de los bienes de los hermanos Iaccarino y la causa del represor Jorge Vildoza, entre otros, donde también desempeñaron un rol esencial como querellantes.

“Para ellos no hubo terrorismo de Estado, ni siquiera lavado de dinero”, cuenta a Página/12 Nicolás Gómez, un analista que trabajaba en el equipo que consiguió detectar a los represores prófugos, y explica que pudieron hacerlo aplicando la Ley Antiterrorista. Sin embargo, al momento de los despidos no hubo ninguna explicación. “Fue sin causa y afectó a unos 45, ahora hay otras 14 personas que también están en peligro de ser echadas”, agrega. Gómez precisa que el programa de búsquedas de personas requeridas por la Justicia, con una lista de 55 represores, quedó desmantelado.

La UIF había intentado ser querellante en la causa por la adquisición irregular de la empresa Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación durante la dictadura, por el perjuicio que genera al “orden económico y financiero” la posición dominante de la compañía en la producción y distribución de papel para diario y por lavado de activos. En su presentación ante la Justicia, el organismo que conducía José Sbattella había solicitado medidas cautelares para el decomiso de bienes con el objetivo de evitar maniobras que permitieran al grupo controlante cumplir patrimonialmente con una sanción futura y para que cese el daño. El pedido apuntaba a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, por Clarín, y a Bartolomé Mitre por La Nación.

La causa había sido iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si existieron acciones ilegales y articuladas, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, para la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa, que eran propiedad del Grupo Graiver. La UIF quería ser querellante por entender que fueron vulnerados derechos económicos, como el de libre competencia, y por considerar que el accionar posterior de Papel Prensa implicaba una maniobra de lavado de activos. La Cámara de Casación ratificó el año pasado el rechazo de la Justicia en segunda instancia para que el organismo pudiera intervenir en la causa, pero si acaso esta decisión fuera revisada por la Corte Suprema ya no habrá quien accione porque los profesionales que habían impulsado esto integran la lista de despidos.

Lo mismo sucede con la causa por tormentos y privación de la libertad de los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino, donde la UIF también intentó ser querellante porque, además, sufrieron el robo de sus bienes. La intervención de la UIF debía producirse en la parte del caso donde los Iaccarino demandan la restitución de bienes que les fueron arrebatados bajo coacción mientras estaban secuestrados en el centro clandestino El Infierno. La Unidad que ahora está siendo prácticamente neutralizada había logrado que se congele los bienes del represor Jorge Raúl Vildoza, y su mujer Ana María Grimaldos, apropiadores del joven hijo de desaparecidos Javier Penino Viñas. El matrimonio estuvo prófugo dos décadas, y cuando detuvieron a Grimaldos en 2012 declaró que Vildoza había muerto pero como fue cremado con nombre falso no hay forma de verificar si esto es cierto.

Gómez, ahora desocupado, afirma que “ahora podés poner el cartelito de ‘Argentina venga a lavar aquí’ porque echaron al 20 por ciento de las personas que trabajan en el corazón de la UIF, donde se estudian los casos de lavado, y así como quedó puede pasar cualquier cosa, no hay más supervisión de los casos”. El joven, que además está a punto de recibirse de contador, relata que “las dos delegadas del gremio UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), hacen ‘la gran upcn’, absolutamente entreguista nunca hablan de nada y al momento de que se anuncia una oleada grande de despidos dicen que van a hablar y siguen sin hacer nada”. Por eso, ayer los despedidos hicieron una asamblea con miembros de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), quienes a su vez intentaron ser recibidos por las autoridades. “La resistencia recién se está armando”, apunta Gómez.

Ataque nazi a un bar de un activista por la diversidad sexual

A puro golpe
El grupo neonazi Bandera Negra atacó el bar de un activista por la diversidad sexual. Uno de los detenidos ya había sido denunciado.

El ataque a un conocido bar marplatense, el Nevermind, por parte de un grupo de neonazis, derivó en manifestaciones de repudio. El ataque ocurrió durante la mañana del domingo pasado, cuando un grupo conformado por reconocidos y ya denunciados integrantes de una banda neonazi local causó destrozos en el Nevermind, e insultó y amenazó a su dueño, Javier Moreno, un activista por la diversidad sexual. Moreno preside además la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (Amadi). El referente ya había sido amenazado por estos grupos meses atrás, e incluso tuvo asignada custodia policial durante varias semanas. Después del ataque al bar, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación repudió y expresó “su preocupación” por el ataque, aunque por el momento no hubo iniciativa significativa respecto a la seguidilla de amenazas, pintadas y golpizas sufridas por militantes feministas y de la comunidad gay.

“Rechazamos enérgicamente esta agresión. La Argentina no puede permitir ninguna de estas manifestaciones de odio por razones homofóbicas, ni por religión, nacionalidad o cualquier otro motivo que tenga por fin la intolerancia contra colectivos de nuestra sociedad”, expresó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Este “violento ataque a manos de un grupo de individuos armados, quienes además vandalizaron la fachada del local con insignias nazis”, se inscribe en una serie de atentados, golpizas y agresiones que vienen teniendo lugar en esa ciudad en los últimos meses, recordó la Secretaría a través de un comunicado que publicó ayer.

“La Secretaría de Derechos Humanos rechaza enérgicamente y condena este tipo de agresiones que están teniendo lugar en la ciudad de Mar del Plata contra miembros de colectivos de la diversidad sexual, inmigrantes y otras minorías, e insta a las autoridades competentes a investigar estos casos”, recalcaron desde el organismo.

La Secretaría nacional tiene atribuciones como para interesarse directamente en las investigaciones, en impulsar nuevas causas y en ofrecer protección a los perseguidos por discriminación. Por el momento la SDH sigue la opción de rechazar “enérgicamente” después de ocurridas las agresiones. En Mar del Plata, por el momento, no hizo efecto.

A la SDH se sumaron el intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo y el Concejo Deliberante quienes repudiaron los ataques de grupos neonazis y pusieron énfasis en la celeridad de las investigaciones para esclarecer “estos desagradables sucesos”.

Arroyo aseguró que “en una sociedad democrática y pluralista los ataques de sectores autoritarios no pueden darse” e instó a “trabajar para que se terminen con estas acciones que nada ayudan a convivir en un estado de derecho. La violencia y la intolerancia de ideas son ajenas a un gobierno democrático”, agregó el funcionario por primera vez desde que un grupo neonazi apaleó a mujeres durante la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en 2015.

Por su parte, el Concejo Deliberante emitió una declaración en la que reclamó que el Poder Judicial tenga una respuesta pronta a las causas que se iniciaron a partir de estas agresiones y amenazas.

El referente de Amadi aseguró que estos grupos lo “quieren matar” y denunció que, mientras cometían el ataque, los violentos le gritaron que “la policía y Arroyo” están apoyando los hechos de violencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 del domingo, cuando la policía detuvo a un sujeto de 28 años que fue identificado como Nicolás Caputo, apodado “El Rusito” a quien la Fundación La Alameda había denunciado como miembro de la agrupación neonazi Bandera Negra.

En sus cuentas de redes sociales, Moreno describió como desde adentro del local empezaron a oír “gritos cada vez más fuertes y golpes muy contundentes en la puerta”. Según el agredido, los presentes decidieron mantenerse “adentro porque salir implicaba quizá que se realice una confrontación con uso de la fuerza física” algo que en el grupo no deseaban y decidieron evitar.

Moreno aseguró además que los agresores eran “integrantes de Bandera Negra” quienes “golpeaban la puerta y vidrios con caños de pvc con cemento” por lo que hubo “vidrios rotos y paredes marcadas”.

“Todos nos insultaban y nos amenazaban muy pesado adelante de muchos efectivos policiales. Me gritaron cosas como que me van a abrir la panza, que me van a incendiar el local y que van a venir hasta que me encuentren y me van a matar”, afirmó.

La Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de Santa Fe expresó ayer su solidaridad con el presidente de Amadi. Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, hizo llegar la solidaridad a Moreno, y expresó su preocupación “por la reiteración de este tipo de hechos y la impunidad con la que actúan estos grupos”.

“Este tipo de acontecimientos renuevan la vigencia que tiene el reclamo de las organizaciones miembro de la Falgbt para una urgente aprobación de la nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios. Si bien sabemos que ninguna ley modifica automáticamente las condiciones de la discriminación y la violencia, contar con esta herramienta indispensable mejorará significativamente las posibilidades de evitar este tipo de hechos y actuar efectivamente cuando sucedan”, afirmó el funcionario.

lunes, 15 de febrero de 2016

Intentan asesinar a un integrante del MPLD MTK OPSA

La Confluencia Movimiento Popular La Dignidad Tupaj Katari OPSA denuncia que uno de sus integrantes, Darío Julián Euguenio, fue víctima de un intento de homicidio anoche cuando se desarrollaba una asamblea en Villa Celina, partido de La Matanza. El hombre recibió un disparo en el pecho, según afirman desde la Confluencia, por parte de un puntero del PRO, ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), luego de que interrumpió la asamblea con gritos y amenazas.

Reproducimos comunicado:

12/ 2/ 16

INTENTAN ASESINAR A UN COMPAÑERO DEL MP LA DIGNIDAD KATARI OPSA

Contacto de Prensa

Carlos Perro Santillan 0388 4977602
Rafael 1551830629
Christian 1535447465

Desde la Confluencia Movimiento Popular La Dignidad Tupaj Katari OPSA queremos denunciar que nuestro compañero Darío Julián Euguenio (Iki para los compas) fue víctima de un intento de homicidio a las nueve de la noche del viernes 12 de febrero, durante una asamblea que se desarrollaba en Villa Celina, partido de La Matanza. Un puntero del PRO, ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y que responde a Ivan Kerr y a Emilio Basabilvaso, luego de interrumpir la asamblea con gritos y amenazas diciéndole a nuestro compañero que se deje de joder con las tierras del barrio Vicente Lopez y Planes, le disparó un tiro en el pecho que pone en peligro la vida del compañero.

Iki, junto a lxs vecinxs, habían logrado frenar un negociado millonario de especulación inmobiliaria sobre unos terrenos que pertenecen al barrio y que habían sido ilegalmente cedidos por el IVC a una sociedad de fomento. Esta red mafiosa y criminal tiene como integrantes a estos dos funcionarios, a diferentes punteros y a efectivos de la comisaria N°11 de Villa Celina. Estos últimos habían amenazado a lxs vecinxs que se organizan para luchar por las tierras que les corresponden, diciéndoles que “cuando cambie el gobierno se las vamos a dar”. A pesar de estas amenazas, nuestrxs compañerxs continuaron denunciando las amenazas y avanzaron con organización popular para impedir uno de los tantos hechos delictivos que lleva a cabo el IVC. Entendemos que este no es un hecho aislado sino que se enmarca en un contexto más general de avanzada represiva, persecución y criminalización de la protesta.

Hoy la vida de Iki está en peligro y el accionar de estas redes mafiosas es una amenaza para todo el campo popular. Por todo esto, denunciamos que no vamos a descansar hasta que lxs responsables estén tras las rejas.

PATRIA O MUERTE

VENCEREMOS

MP LA DIGNIDAD TUPAJ KATARI OPSA

jueves, 11 de febrero de 2016

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Informe reunión 10 de febrero de 2016

Tal como informáramos en nuestro anterior mail,  el miércoles 10 de febrero se reunió el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para discutir el tema de criminalización de la protesta y la situación de Milagros Sala. Allí se informó sobre la situación de los diez trabajadores municipales de Cerillo, detenidos por defender su trabajo desde el 27 de enero. Se resolvió convocar a una movilización a la Casa de Salta para exigir la libertad de los compañeros y compañeras.

Libertad a los trabajadores municipales de Salta

Desde hace meses  los empleados municipales de Cerillos, a veinte kilómetros de Salta Capital, vienen reclamando por sus derechos laborales, amenazados permanentemente con ser despedidos, con sueldos que apenas superan los $3.000 pesos por mes.

 Habiendo recibido los telegramas de despido, los trabajadores municipales decidieron tomar el edificio municipal. El 27 de enero fueron detenidos algunos de los trabajadores, y hoy llevan dos semanas presos, permaneciendo como rehenes del gobierno de Urtubey para acallar la lucha por sus legítimos reclamos .De los diez detenidos, siete son trabajadoras muy jóvenes, algunas de ellas madres con hijos muy pequeños en edad de amamantamiento, a quienes se les impide ver a sus hijos.

Este viernes a las 10 hs nos concentramos en el  Obelisco, en Ciudad de Buenos Aires y  marcharemos hasta la Casa de Salta para exigir la inmediata liberación de los trabajadores municipales, presos desde el 27 de enero. 

EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE:
PAOLA SARA NATALIA FERREYRA, 
FERNANDA ELIZABETH MONTOYA, 
CLARISA MARIEL SALVATIERRA, 
ELIZABETH LILIANA DEL MILAGRO CASIMIRO, 
MARINA ESTER CRUZ, 
MARIZA ELIZABETH MARTINEZ,
DANIELA MICAELA DEL VALLE CHOCOBAR
FERNANDO SEBASTIAN VILTE
PABLO NELSON ALFREDO COPA
CAYETANO LUIS OSCAR FERREYRA

BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA,  LA POBREZA Y LA JUVENTUD.
DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACION REPRESIVA.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD y JUSTICIA

domingo, 7 de febrero de 2016

Represión a murgueros: “Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse”

Este mediodía se realizó una marcha en la zona de los barrios Illia y 1-11-14. Fuertes denuncias de los integrantes de la murga y los familiares de los chicos heridos, contra las fuerzas de seguridad y Macri.

Este mediodía se realizó la marcha convocada por la murga Los auténticos reyes del ritmo, del Bajo Flores, acompañada por vecinos, familiares de los niños heridos y organizaciones sociales y políticas.

La movida salió desde la intersección de las avenidas Riestra y Cruz, con el objetivo de repudiar la represión que sufrieron el viernes y exigir justicia.

Recordemos que el viernes, mientras estaban ensayando en la calle Bonorino, un supuesto operativo de Gendarmería terminó con una feroz represión sobre los murgueros. La balacera arrojó el saldo de 16 chicos heridos, dos de ellos internados.

Algunos medios masivos, en una clase de periodismo parapolicial, quisieron disfrazar la historia de un ataque contra los gendarmes.

Alicia Navarro Palacios, secretaria de Derechos Humanos del gremio docente Ademys, dialogó para La Izquierda Diario con Gustavo González, director de la murga. El joven denunció durante el fin de semana en una carta cómo fueron los hechos. Gustavo contó que “nosotros ensayamos desde las 8 a las 10 de la noche. En un momento viene Gendarmería y veo que el patrullero está avanzando. Le pido que no avancen, que hay 90 chicos. El chofer no le importó y tocó a dos chicos con el patrullero. Le dijo a los chicos que den el pase, y de atrás del camión salen dos que dicen “¿son guapos?”. Entonces uno me empuja, y después medan un escopetazo. Le dan a mi nene que está herido. La primer bala es de plomo, que hiere a mi pibe. Después balacera por todos lados, sin importar si había chicos de 1 año. Ahora vino un fiscal e hicimos la denuncia. Parece que esa es la enseñanza del Presidente que asumió ahora”.

Gustavo resultó herido, lo mismo que otros jóvenes que coordinan la murga. Pero “la peor parte” la llevaron varios chicos que sufrieron heridas de consideración. “La verdad que es una vergüenza que Gendarmería reaccione de esa manera, con tantas criaturas de una murga. No pueden tirar a mansalva. Con los chicos no”.

Con los chicos no: esa fue una de las consignas de la marcha, que además exigió el esclarecimiento del hecho y el fin de la criminalización de los chicos del populoso barrio del Bajo Flores.

El duro testimonio de una abuela, que participó de la marcha, pinta de rostro entero la gravedad de la represión del viernes. “A mi nieta le pegaron tres balazos. ¿Qué clase de democracia estamos viviendo? Macri no nos quiere a los pobres, que se vaya. El jefe de Gendarmería dijo que Macri no quería nuevas murgas. Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse”.

Parece que los chicos de las villas no tienen derecho a divertirse. Entre los familiares hay preocupación por algunos de los chicos heridos.

Gustavo aseguró que “si hay que hacer corte tras corte vamos a estar. Pero creo que va a haber justicia. Recibimos solidaridad de organizaciones, de padres y gente que nos está dando apoyo”.

Un fiscal se acercó a tomar declaración a González y otras víctimas. ¿Habrá justicia?

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) repudió enérgicamente este brutal ataque y se puso a disposición de los chicos y sus familias. También lo hizo el legislador Patricio del Corro (PTS-Frente de Izquierda).