La delegación de Anses en Neuquén denunció ante la Fiscalía Federal que ocho ex jefes militares condenados en Neuquén por delitos de lesa humanidad, siguen percibiendo mensualmente sus haberes jubilatorios a pesar de encontrarse inhabilitados de por vida por la sentencia dictada en el año 2008 por el Tribunal Oral Federal 1
La denuncia la presentó en la Fiscalía Federal el delegado de ANSES en Neuquén, Raúl Radonich, quien en el juicio sustanciado en 2008 fue uno de los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que dio su testimonio.
La denuncia comprende a los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo.
Radonich confirmó a Télam que "detectó la irregularidad cuando uno de los condenados (se reservó el nombre) tramitó a través de un apoderado una pensión derivada por el fallecimiento de su esposa".
"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta según el artículo 19 del Código Penal", señaló.
Destacó que "esta fue la razón por la que se denegó al solicitante el beneficio de la pensión derivada y nos permitió comprobar el resto de los casos".
Precisó que "a partir de esa irregularidad se determinó con las constancias del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que todos los condenados continuaban percibiendo sus haberes jubilatorios".
Radonich giró las actuaciones al área legales de ANSES y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén para que realice las investigaciones correspondientes.
En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio a ocho ex militares que fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.
La denuncia la presentó en la Fiscalía Federal el delegado de ANSES en Neuquén, Raúl Radonich, quien en el juicio sustanciado en 2008 fue uno de los sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que dio su testimonio.
La denuncia comprende a los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo.
Radonich confirmó a Télam que "detectó la irregularidad cuando uno de los condenados (se reservó el nombre) tramitó a través de un apoderado una pensión derivada por el fallecimiento de su esposa".
"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta según el artículo 19 del Código Penal", señaló.
Destacó que "esta fue la razón por la que se denegó al solicitante el beneficio de la pensión derivada y nos permitió comprobar el resto de los casos".
Precisó que "a partir de esa irregularidad se determinó con las constancias del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que todos los condenados continuaban percibiendo sus haberes jubilatorios".
Radonich giró las actuaciones al área legales de ANSES y posteriormente presentó una denuncia en la Fiscalía Federal de Neuquén para que realice las investigaciones correspondientes.
En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio a ocho ex militares que fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar.
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