lunes, 18 de noviembre de 2013

Presentación ante la justicia por los obreros secuestrados de Molinos

Piden investigar la desaparición de obreros de Molinos Río de La Plata

Familiares de ex obreros de la planta Molinos Río de la Plata aguardan que la Justicia investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra 22 trabajadores de firma, entre ellos los integrantes de la comisión gremial, secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar.

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La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del juez Humberto Blanco, por Analía Fernández, Ernesto Mattaboni y Roxana Freitas, hijos de los obreros Francisco Fernández, Rubén Mattaboni y Avelino Freitas, que solicitan actuar como querellantes con el patrocinio del abogado Javier Garín.

“Queremos que se investigue la causa en su conjunto, no como casos aislados, para tratar de establecer si existen responsabilidades civiles de los directivos de Molinos en el secuestro y desaparición de los trabajadores”, señaló Garín en diálogo con Télam al aclarar que “el denominador común en todos los casos es la pertenencia a Molinos”.

El expediente, en manos del mismo magistrado que lleva adelante la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006, se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo del fiscal Marcelo Molina, hasta tanto se defina la competencia definitiva.

En la denuncia, se solicita “se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976 y “la responsabilidad que en tales hechos pudiera haber correspondido a propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”, perteneciente al grupo económico Bunge y Born.

La presentación da cuenta de los hechos “enmarcados en una situación de conflicto que se vivió en el ámbito laboral de las víctimas, trabajadores y/o representantes gremiales, dentro de la firma” y advierte sobre “el incremento de la persecución laboral y gremial luego de la muerte de Perón y con la proximidad del golpe de Estado”.

“Se manifiesta en amenazas a través de notas anónimas, balas depositadas en los casilleros de los trabajadores, acoso patronal y de los superiores y encargados de carácter `políciaco` con el objetivo de desarticular la acción sindical interna”, señala la denuncia.

El escrito también hace eje en la organización alcanzada por los activistas gremiales y políticos que denunciaron las maniobras de desabastecimiento de la empresa antes del golpe y los reclamos por las violaciones a las leyes laborales que protegían a los trabajadores, además de advertir sobre la “animadversión hacia los activistas” después del secuestro extorsivo de los hermanos Born por parte del grupo Montoneros, en 1974.

“De lo expuesto se permite sospechar fundadamente que este accionar represivo se vinculaba en forma directa con la militancia desplegada por los activistas en su ámbito laboral, y que la desaparición y/o eliminación de ellos convenía a la empresa, pudiendo sospecharse que habría prestado colaboración para su identificación e incluso su detención ilegal, al menos en el ámbito laboral”, sostiene el escrito.

Los operarios desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, en la vía pública mientras aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, ciudad de Avellaneda, aunque también pudo saberse que existen dos operarios pertenecientes a la planta que ocupa en Barracas.

“La forma en que fueron secuestrados demuestra que existió un plan sistemático organizado por la empresa y el sindicato (de Empleados y Obreros de la Industria Aceitera), que entregaron a nuestros familiares a las fuerzas represivas”, sostuvo Analía Fernández, cuyo padre militó en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el 6 de julio de 1976, al llegar a la planta y dirigirse hasta el lugar donde estaba el fichero para marcar el horario de ingreso, la tarjeta no estaba.

“La habían sacado para identificarlo junto a otros compañeros, hombres y mujeres, luego lo apartaron y lo llevaron a una oficina, mientras en la puerta tres micros del Ejército estaban preparados para llevarlos”, relató Fernández en base a testimonios de otros operarios que vieron a su padre por última vez.

El primer secuestro había ocurrido cinco días antes, cuando el delegado gremial Avelino Freitas es “chupado” por un grupo de tareas en Villa Corina, a las cinco de la mañana, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo.

Aunque sólo se tiene como dato que fue visto por un vecino en la Comisaría 4ª de Villa Domínico, las investigaciones de los familiares de las víctimas permitieron establecer que la mayoría  fue vista en distintos centros clandestinos de detención como “El Atlético”, “El Banco”, “Garage Azopardo” y Coordinación Federal, con excepción de los hermanos José y Juan Pasquarrosa que fueron asesinados en lo que se conoce como `Masacre de Fátima`.

La lista de los operarios que figuran en la denuncia se completa con: Marco Augusto Vázquez (CGT de la Resistencia), Santos Ojeda,  y Carlos Espíndola, quienes integraban la comisión interna junto a Freitas y José Pascuarrosa.

También fueron secuestrados y desaparecidos los militantes Francisco Fernández (JTP), Rubén Mattaboni (JTP y Montoneros), Eduardo Rosen (Montoneros), René Albornoz (Montoneros), Roberto Ribolta, Héctor Vidal (PRT) y Humberto Dippólito (F.A.P.).

Ricardo Almaraz, José Luis Zalazar, José Vega, Alfredo Patiño, Juan Omar Durante, Carlos Robles, Graciela Vitale, Elba Musaschio (ejecutada y su hija apropiada) y Marta Inés Avila figuran entre los trabajadores de Molinos secuestrados y desaparecidos.


De la planta ubicada en Paseo Colón, en Barracas, fueron secuestrados los delegados Juan Pasquarrosa (JTP), y Héctor Dadin Vacere (Organización Comunista Poder Obrero).

La hija de un obrero desaparecido llega a la Justicia movida por la "necesidad de saber la verdad"


Analía Fernández, hija de uno de los obreros secuestrados de la planta Molinos en 1976 que aún sigue desaparecido, aseguró que la decisión de presentarse ante la justicia fue “por la necesidad de saber la verdad”, después de “comprender el compromiso militante” asumido por su padre.

“Mi papá fue secuestrado cuando yo tenía dos años y desde entonces, en mi casa reinó el silencio, hasta que siendo adolescente empecé a comprender y a querer descubrir su compromiso militante”, contó la joven que durante su niñez aprendió a convivir con la palabra “desaparecido” con la esperanza de que un día su padre abriría la puerta de su casa y “aparecería”.

De lo que pudo reconstruír Analía a partir del relato de excompañeros, su padre, Francisco Fernández, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y aunque no formaba parte de la comisión interna de Molinos, participó de la lucha de los trabajadores frente a los abusos de la patronal por cuestiones laborales y políticas.

“Empecé a entender cómo funcionaba la lucha en los años `70, los trabajadores denunciaban el desabastecimiento por parte de la empresa  y las maniobras de especulación”, señaló Analía sobre una época del país en la que los grandes grupos económicos saboteaban al gobierno democrático.

Otro hecho que marcó la necesidad de conocer la verdad fue en 2008, cuando Analía dejó su muestra de sangre en la base de datos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se enteró que tiempo antes se habían exhumado más de doscientos cuerpos en un sector del cementerio de Avellaneda.

“Me di cuenta que existían lugares donde se podía encontrar respuestas y empecé a reunirme con otros hijos, a buscar familiares, encontré a un exobrero -Guido Almarás- que me habló de mi padre", explicó.

Analía, junto a Ernesto Mattaboni y Roxana Freytas, realizaron la presentación judicial para que se investiguen delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata y requirieron formar parte de la causa como querellantes como hijos de detenidos-desaparecidos.

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