martes, 23 de abril de 2013

Empresarios preocupados por el avance de causas por crímenes cometidos en la dictadura

Se trata de compañías locales e internacionales que temen al pago de indemnizaciones. Fallo de la Cámara: consideran que los reclamos laborales no prescribieron Minera Aguilar tiene más de 70 años en el país y produce zinc y plomo

Pablo Waisberg


Los últimos pasos de la justicia federal para esclarecer los crímenes de la última dictadura generaron preocupación en un grupo de empresarios, que temen por las condenas penales y por la posibilidad de demandas civiles que deriven en indemnizaciones. Se trata de varias compañías nacionales e internacionales que están siendo investigadas por distintos tribunales federales, que en los últimos meses aceleraron los procesos.

La decisión del juez federal Fernando Poviña, que este miércoles le tomará declaración a Eduardo López, que fue jefe de Personal de Compañía Minera Aguilar y está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos, generalizó el temor de que la Justicia avance sobre niveles directivos y no sólo sobre los accionistas.

Además del temor por la responsabilidad penal, hay preocupación por la asociación de las empresas con los delitos de lesa humanidad que “afectan la reputación” de la marca, reconocieron a Bae Negocios diversas fuentes sobre lo que se discute en Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, Astilleros Astarsa y Las Marías. Algunas de ellas fueron vendidas y están en manos de nuevos grupos económicos como el caso de Loma Negra, que quedó bajo control de la brasileña Camargo Corrêa y allí “se evaluó la posibilidad de cambiar el nombre”, aunque finalmente no prosperó.

“No se espera que nadie vaya preso. Aun si hubiera condena, todos los acusados son gente muy mayor”, dijo una fuente, pero detalló: “Lo que preocupa es que de la responsabilidad penal se pase a la responsabilidad civil y de allí a una indemnización”.

Esa preocupación no es sólo un fantasma: existe un fallo de la cámara laboral que determinó la imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un obrero desaparecido en una metalúrgica.

En los últimos días, los pasos que dio el juez Poviña volvieron a generar cierta incomodidad. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 2, de Jujuy, procesó a un gendarme que fue jefe del operativo para secuestrar a 27 obreros –Jorge Borges do Canto– y ahora citó al ex jefe de Personal de Aguilar, la compañía minera más antigua de la Argentina. La declaración se hará por videoconferencia porque López vive en Buenos Aires, precisó una fuente judicial.

“La decisión de Poviña no pasó inadvertida para nadie porque es el juez que procesó a Carlos Pedro Blaquier en la causa por lo ocurrido en el Ingenio Ledesma”, indicó una de las fuentes, y señaló que otros de los nombres que generan molestia entre los empresarios es el del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que fue creada en el 2007 y encabezan Jorge Auat y Pablo Parenti.

Por su parte, Parenti señaló que para que se pueda responsabilizar a las empresas es necesario probar concretamente la relación entre los secuestros –como ocurrió en Minera Aguilar– o desapariciones –como pasó en Ledesma– y el accionar de la empresa. “Sin embargo, cuando se avanza en las causas de ese tipo se pueden revelar cosas nuevas, pero para eso es necesario que los expedientes avancen y eso era lo que no ocurría en Jujuy, por ejemplo”, indicó el fiscal.

“Lo que muchas veces ocurre es que se logran vencer las resistencias para investigar a las fuerzas armadas o de seguridad y aparece la resistencia para investigar a los civiles y a las empresas. Y eso no es independiente de que esas empresas sigan siendo poderosas. En algunos casos tienen una situación muy comprometida porque los delitos se cometieron en pueblos que prácticamente dependían de ellas, como es el caso del Ingenio Ledesma o de Minera Aguilar. En estos casos la hipótesis que se investiga es que hubo una participación activa de integrantes de estas empresas en la represión ilegal. Esto es parte de lo que hay que determinar y juzgar”, agregó Parenti.


Consideran que los reclamos laborales no prescribieron

A principios del año pasado, la Sala V de la cámara laboral emitió un fallo donde determinó la imprescriptibilidad de un reclamo laboral realizado por la hija de un trabajador de Techint que fue secuestrado en la planta de Campana durante la última dictadura cívico-militar. La decisión tiene la firma de Enrique Arias Gibert, María García Margalejo y Oscar Zas y habilita a los familiares a reclamar una indemnización.

Según entendieron los camaristas en la causa “Ingenieros, María Gimena c./Techint S.A. Compañía Técnica Internacional s./accidente - Ley especial”, el secuestro de Enrique Roberto Ingenieros contó con la participación de la empresa. En la causa se detalló que el 5 de mayo, Ingenieros estaba trabajando y fue convocado a la Oficina de Personal porque supuestamente lo había ido a ver un familiar, pero fue secuestrado y pasó a integrar la lista de desaparecidos.

La hija del operario reclamó la indemnización, pero Techint argumentó que la causa se inició treinta y un años después del secuestro y pidió la prescripción. El juez de primera instancia aceptó el planteo de la metalúrgica que encabeza Paolo Rocca, pero la hija de Ingenieros argumentó que “la acción intentada es la consecuencia directa de un delito de lesa humanidad que, por tanto, resulta imprescriptible”, según detalló Diario Judicial.

Finalmente, la cámara laboral entendió que “la imprescriptibilidad afecta, entonces, no sólo a quienes efectivamente realizaron el crimen de lesa humanidad sino a sus coautores, cómplices o instigadores, cualquiera sea su grado de desarrollo”. Y eso alcanza “tanto a la acción penal como la civil [porque] emanan de una misma situación de hecho: el delito de lesa humanidad, razón por la cual los principios aplicables en materia de prescripción deberían ser los mismos y cualquier distinción sería inconsistente”.

Además, los camaristas citaron que “las empresas de la Alemania nazi que se beneficiaron con la utilización de trabajo esclavo durante el Tercer Reich, debieron abonar compensaciones a los deudos de las víctimas”.

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