miércoles, 12 de junio de 2013

Detienen a tres ex funcionarios de la justicia por complicidad con la represión

Dos ex jueces y un ex fiscal de San Luis imputados por haber presenciado tormentos a una joven de 19 años secuestrada
Carlos Pereyra González, Eduardo Allende e Hipólito Saá fueron alojados en la penitenciaría puntana por callar el secuestro, los tormentos y el asesinato de Graciela Fiochetti. Anulan prisión domiciliaria de ex magistrado riojano.

En el marco de delitos cometidos en la última dictadura, tres ex funcionarios judiciales de San Luis, los ex jueces federales Carlos Pereyra González y Eduardo Allende, y el ex fiscal Hipólito Saá, quedaron detenidos en los últimos días en la Penitenciaria Provincial. En La Rioja, el ex juez Roberto Catalán también fue llevado a una cárcel común luego de que se revocara su prisión domiciliaria.
En 1976, cuando Graciela Fiochetti fue secuestrada  y asesinada, Pereyra González era secretario del juzgado que estaba a cargo del entonces juez Allende mientras que Saá era fiscal. Los tres ex funcionarios judiciales se encuentran ahora presos por no haber investigado el secuestro, los tormentos y el fusilamiento de la joven que tenía apenas 19 años cuando fue asesinada a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis.
La causa se inició con la prueba surgida en el juicio que en 2008 condenó a cinco ex policías y militares por los tormentos y el fusilamiento de Graciela. En la misma sentencia, el Tribunal Oral Federal de San Luis pidió investigar a los ex jueces para determinar su rol en la última dictadura y puntualmente en este caso.
El pedido de investigación se basó en declaraciones que surgieron en el juicio oral, donde testigos recordaron que Pereyra González, Allende y Saá estuvieron presentes durante los tormentos y abusos sexuales sufridos por Fiochetti en La Granja, el centro clandestino de detención donde estuvo cautiva. Un par de días después, el 21 de septiembre de 1976, la joven fue trasladada a las afueras de la capital puntana y fusilada.
Así lo relató el abogado puntano José Samper al recordar una conversación con Allende y Pereyra González donde le relataron "con tono amargado" haber sido testigos del "espectáculo terrible" de haber visto las torturas sufridas por la joven aunque le aclararon que "por suerte" la iban a poner en libertad.
Luego de esa declaración en el juicio oral se conocieron los dichos del fallecido ex miembro del D2 de San Luis, Jorge Hugo Velázquez, quien ya en 1986 había asegurado que "Pereyra González había ingresado a la oficina donde la joven Fiochetti estaba desnuda, mientras era torturada".
Luego de estos señalamientos, en 2009 el ex juez renunció a su cargo en la justicia mendocina. En ese momento, quien fuera secretario en un juzgado de San Luis ya había ascendido a integrante de la Cámara Federal de Mendoza, puesto que compartió con el destituido Luis Miret y el prófugo Otilio Romano, con pedido de extradición desde Chile, ambos por delitos de lesa humanidad. También integró esa Cámara Julio Petra, quien renunció tras las denuncias recibidas por obstruir las causas contra la represión.
El viernes pasado, luego de que se conociera su pedido de captura, el ex camarista de Mendoza se presentó junto a su abogado ante la justicia de San Luis cuando hacía varios días que era buscado sin éxito.
Mientras avanza la causa por la complicidad judicial en San Luis y Mendoza, en la provincia de La Rioja el viernes pasado fue trasladado a una prisión común al ex juez federal Roberto Catalán procesado por delitos de lesa humanidad. Catalán está acusado de “imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” cometidos en la última dictadura y había sido beneficiado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena con la prisión domiciliaria con el único argumento que es mayor de 70 años.
Apelada la decisión, ahora Piedrabuena debió acatar el fallo de la Cámara Federal de Córdoba y enviar al ex juez a una cárcel común ya que no se probó en la causa que el imputado no pueda ser asistido en un establecimiento penitenciario.

Fuente: Tiempo Argentino

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